Por Mariana Carbajal

La Legislatura aprobó anoche un pedido especial al gobierno porteño: que “dé instrucciones precisas a los hospitales de la ciudad para proceder a la interrupción del embarazo sin exigir la autorización judicial” en caso de presentarse un diagnóstico de anencefalia y la madre solicite la intervención. La declaración está en sintonía con los últimos fallos judiciales –el último se conoció ayer– donde los magistrados consideraron “arbitrario” e “ilegal” solicitarle a la paciente la orden de un juez como condición para inducir el parto o realizar una cesárea si el feto no tiene probabilidades de sobrevida, como ocurre con este tipo de malformación. “Se trata de garantizar el derecho de las mujeres, sobre todo las de los sectores populares, de poner fin al sufrimiento y la agonía que significa soportar un embarazo en esas condiciones”, fundamentó la diputada de la Alianza Gabriela González Gass, autora de la iniciativa.
El tema generó un ríspido debate que se extendió por más de tres horas. Algunos legisladores, encabezados por la justicialista Alicia Pierini, cuestionaron el proyecto y lo interpretaron como una puerta para la legalización del aborto. “Se quiere disponer sobre la vida humana con un simple instructivo del secretario de Salud. Con el mismo criterio de que quien no tiene cerebro no tiene derecho a la vida, vamos a decir que quien se queda en estado vegetativo tampoco tiene derecho a la vida”, opinó Pierini, cambiando el eje planteado por el proyecto de González Gass.
“No se está en presencia de un aborto terapéutico porque en esos casos se pone fin a la vida de un feto que se supone tiene viabilidad. Tampoco hay juego de intereses entre el derecho a la vida del hijo y el de la madre. Buscamos garantizar la salud física y psíquica de la mujer”, detalló González Gass.
La declaración contempla la objeción de conciencia. Fue aprobada –por 31 votos contra 8–, por diputados de la Alianza, Acción por la República, Frente Justicialista y partidos de izquierda. La iniciativa expresa el apoyo político para que el jefe de gobierno, a través de la secretaría de Salud, incorpore como una norma de procedimiento en casos de anencefalia el adelantamiento del alumbramiento cuando sea solicitado, de modo tal que las mujeres no deban sumar al sufrimiento de atravesar por esa situación el hecho de tener que recurrir a los tribunales para pelear una autorización judicial. Un pedido similar al que aprobó la Legislatura fue elevado al Ejecutivo porteño en marzo por la ombudsman, Alicia Oliveira, pero no tuvo eco.
La anencefalia es una malformación congénita que se desarrolla en el feto durante los primeros meses de gestación. La criatura no tiene cerebro ni calota craneana. Aunque estos embarazos llegan a término, el bebe carece de posibilidades de sobrevida: muere durante el alumbramiento o en las primeras horas que siguen al parto. Existe forma de reducir el riesgo de que ocurra este tipo de malformación y es suministrándole ácido fólico a la madre. El justicialista Guillermo Oliveri presentó un proyecto para garantizar la entrega de esta vitamina a las embarazadas, pero todavía no tuvo tratamiento.
El tema de la anencefalia llegó a la Legislatura tras conocerse en los últimos meses cinco casos de mujeres que tuvieron que ir a la justicia ante la negativa de los hospitales de adelantar el parto: dos en la Maternidad Sardá, y los otros en el Rivadavia, Argerich, y Pirovano. “Es hora de que el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, dicte una normativa para que en los hospitales la inducción del parto en casos de anencefalia sea considerada como parte del tratamiento y no manden a las mujeres a la Justicia”, reclamó la abogada Perla Prigoshin, de la Fundación Unos con Otros, quien patrocinó a las cinco mujeres que presentaron amparos judiciales.
En los cinco casos, los magistrados del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad fallaron en favor de las mujeres, y coincidieron ensentenciar que no es necesaria la autorización judicial. Uno de los jueces, Roberto Gallardo, criticó en mayo duramente a las autoridades locales a las que calificó de “inoperantes” por no implementar medidas para resolver este tipo de situación y acusó a los médicos de actuar “corporativamente” (ver aparte). El primero de los casos que se conoció, el de Silvia Tanus, consiguió un fallo favorable del Tribunal Superior de la Ciudad y de la Corte Suprema de la Nación. Aunque en la ciudad las sentencias han sido coincidentes, en otras jurisdicciones no ha habido la misma respuesta. En mayo, la Suprema Corte bonaerense falló en contra de autorizar el adelantamiento de un nacimiento.
“Frente a lo irremediable del fatal desenlace debido a la patología mencionada y a la impotencia de la ciencia para solucionarla, cobran toda su virtualidad los derechos de la madre a la protección de sus salud, psicológica y física”, señaló a comienzos de enero el máximo tribunal de la Nación.

UN JUEZ CRITICA AL GOBIERNO POR ELUDIR UNA DECISION
“El silencio, la peor solución”

Por Alejandra Dandan

Roberto Gallardo es autor de uno de los fallos más críticos de los casos de anencefalia que llegaron a juicio. En una sentencia de julio denunció a los médicos de uno de los hospitales porteños por actuar de modo “corporativo” frente al diagnóstico de anencefalia que parece despertar el “fantasma de la mala praxis”. Gallardo tiene a cargo el Juzgado 2 del fuero Contencioso en los Tribunales porteños y desde su lugar de magistrado habló con Página/12 sobre lo que considera “confusiones conceptuales y jurídicas de los médicos” en un tema que, interpreta “normativa y jurídicamente resuelto”.
–¿Desde qué marco entiende el debate que se dio sobre este tema?
–Comenzó con un debate de carácter religioso, para otros tuvo un contenido ético y nosotros lo leímos desde una perspectiva jurídica. Debíamos ver cómo resolvíamos la colisión entre valores vida por un lado, y la salud de la madre, por otro. En realidad, en el fallo de S.T., que fue el primero, se llegó a la conclusión de que no había contradicción. Ahora vamos notando otro fantasma que ya no radica tanto en la cuestión filosófica moral o religiosa, sino en ciertas confusiones conceptuales de los médicos y ciertas confusiones jurídicas también de los médicos.
–¿Producto de qué temor?
–Creo que producto de la mala información y la mala formación: sacan a relucir la posibilidad de que con posterioridad a cualquier práctica no tengan una cobertura judicial previa que les implique un proceso judicial por mala praxis, fantasma que deambula últimamente por todas las salas. Desde el punto de vista judicial, creo que le corresponde al Ejecutivo, a la Secretaría de Salud, bajar a los médicos una formación aggiornada sobre cuándo realmente necesitan cobertura jurídica y cuándo no.
–En su fallo, indica que cuando el diagnóstico cumple determinadas condiciones no hace falta un pronunciamiento judicial.
–Ante un diagnóstico indubitable, más de 28 semanas de gestación, que es lo que sostiene la Corte, y voluntad y consentimiento informado en relación a las posibles derivaciones de la intervención, no hace falta, a mi entender, para nada una autorización judicial y no hay posibilidad alguna de compromiso o responsabilidad posterior de los médicos.
–Sin el fallo de la Corte, ¿la interrupción de un embarazo en caso de anencefalia podría generar problemas legales a los médicos?
–La cuestión es compleja si incorporamos la variable tiempo. El razonamiento que hizo la Corte tiende a jugar con esta variable: no existe ninguna práctica abortiva o interrupción de la vida del feto sino una aceleración del parto que nada perjudica al feto porque ya es viable. En esto seamos sinceros, hay cientos o miles de inducciones de fetos normales en el mundo y en ningún momento se pide autorización judicial.
–¿De acuerdo a los fallos judiciales que ya existen, el Ejecutivo porteño no debería tomar una decisión correctiva?
–Puede mantenerse en silencio, pero el Legislativo podría adoptar alguna posición un tanto superadora de una mera declaración, para avanzar un tanto más. Nosotros resolvemos por la estructura jurídica, podemos reglar en cada casos y no en términos generales. Frente al reclamo de la realidad porque ya no es de un sector sino de varios, la habilidad política de quienes ostentan mayores cargos en el Ejecutivo les va a indicar que el silencio es la peor de las soluciones para el tema.
–¿Hace falta una ley?
–La situación está normativamente y judicialmente resuelta. Pedirle una ley a la Legislatura es como querer una ley para regular cómo dar una inyección. Es una cuestión del Ejecutivo asumirlo. Además, considero que no tiene costo político alguno darle forma a esto.

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