Por Horacio Verbitsky

Los catálogos de buenas intenciones que la Mesa del Consenso impulsada por la Iglesia, el justicialismo, las dos CGT y la UCR difundieron en forma concertada el miércoles, el jueves y el viernes obedecen a la generalizada impresión de que en las elecciones legislativas a celebrarse en un mes y medio el gobierno sufrirá un castigo rotundo que acabará con él tal cual hoy es. No tiene mayor utilidad analizar el contenido de esas generalizaciones, tan floridas e irrelevantes como las plataformas electorales que llevaron al gobierno a Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa, porque sólo expresan la voluntad de sus autores por posicionarse del mejor modo para el día después. Tal descalabro impediría la culminación del mandato del presidente De la Rúa o al menos le impondría una cesión tan manifiesta de poder como para obligarlo a alejar al ministro de Economía Domingo Cavallo y designar a un jefe de gabinete ajeno a sus preferencias, que exprese los acuerdos políticos celebrados entre radicales, peronistas, grupos económicos, sindicalistas y obispos. Todos ellos sienten temor por la movilización social en ascenso, sólo comparable a la de 1973, y que al Episcopado le sugirió el riesgo de la anarquía social.
Cada hipótesis registra por lo menos dos variantes:
En caso de renuncia presidencial: culminación del mandato por otro funcionario electivo, según la vigente ley de acefalía, o elección anticipada luego de su reforma en una noche. En tal caso cada partido presentaría sus propios candidatos.
En caso de isabelización: gobierno de coalición radical-peronista o administración justicialista pura. La encabezaría Eduardo Duhalde, y De la Rúa quedaría reducido a una figura decorativa.
Para algunos de los emisores, se trata de una expresión de deseos, como el camionero Hugo Moyano, quien pidió la convocatoria a elecciones para elegir a un nuevo jefe de Estado. Para otros es apenas un desenlace posible de la crisis. El alquimista que diseñó estas combinaciones es el propio Duhalde, quien no hace otra cosa que reeditar ahora el plan que elaboró en 1996, cuando temía que la bancarrota del menemismo arruinara sus propias chances electorales, mientras la desocupación y las movilizaciones populares ya sembraban temores sobre la denominada gobernabilidad. La novedad es que el principal operador de tales combinaciones sea ahora Alfonsín. Aunque nadie lo sostenga con todas las letras e incluso el documento justicialista afirma lo contrario, este bloque propicia el abandono de la convertibilidad. El nuevo caballito de batalla es la reestructuración de la deuda pública. Pero nada dice de la apertura financiera que ha permitido fugar casi un dólar del país por cada dólar de endeudamiento. Del otro lado, la entente De la Rúa-Cavallo se amplía hacia el menemismo, con el que el ministro ha cerrado un acuerdo electoral en la Capital. Ese arco registra matices que van desde el mantenimiento de la actual paridad hasta la dolarización.

Otra hipótesis

Un estudio realizado en la Capital y el conurbano bonaerense por la consultora Equis, indica que el 83,4 por ciento de la población evalúa en forma negativa al gobierno nacional, mientras el 63,8 por ciento piensa mal del gobierno bonaerense y el 51,1 por ciento del de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ocho de cada diez creen que el presidente carece de capacidad para conducir la crisis, nueve de cada diez no creen que el país esté saliendo de la recesión y nada menos que el 55,8 por ciento está de acuerdo con adelantar las elecciones presidenciales. La imagen presidencial reúne 61,8 por ciento de opiniones negativas, sólo superada por la del ex vicepresidente Carlos Alvarez (65,6 por ciento), Cavallo (66 por ciento) y Menem (69,6 por ciento), y apenas unos puntos por encima dela de Alfonsín, de quien opinan mal el 58 por ciento de los entrevistados, pero a buena distancia de la de Duhalde, con el 41,7 por ciento en contra (ver cuadro 1).
Pero tampoco sería razonable prescindir de otras hipótesis, también basadas en hechos de la realidad. Las elecciones chaqueñas para reemplazar al vicegobernador, renunciante luego de un escándalo por el desvío de fondos destinados a la educación, demuestran que, pese a todo, la Alianza aún está en condiciones de presentar batalla en determinados distritos. El fastidio con las políticas seguidas por De la Rúa y Cavallo no ha hecho olvidar que el justicialismo puso la economía en las mismas manos que la Alianza. Por otra parte, no todas las derrotas serían mala noticia para el gobierno nacional. Por ejemplo, el hipotético fracaso de Rodolfo Terragno en la Capital Federal y el de Raúl Alfonsín en la provincia de Buenos Aires, lejos de debilitarlo lo fortalecerían, al devaluar las principales alternativas que desde su propio partido cuestionan el rumbo político del gobierno. Todos los sondeos bonaerenses indican que Alfonsín será derrotado por Duhalde en forma muy amplia y que ni siquiera tiene asegurada su banca como senador por la minoría. Las gestiones que Alfonsín realizó en los últimos tres meses en pro de un gobierno de unión o de salvación nacional apuntaban a generar un nuevo marco político que le permitiera retirar su candidatura, tal como hizo en 1997, con el pretexto de la formación de la Alianza. Su última aventura electoral en la provincia de Buenos Aires, cuando sometió a consulta popular su propuesta de reforma constitucional en 1994, terminó en un desastre: el radicalismo ocupó el tercer lugar en el conjunto provincial y el cuarto en el GranBuenos Aires. Pero el justicialismo prefirió dilatar la concreción de cualquier acuerdo hasta el 15 de octubre.
El panorama para el ex presidente se oscureció aún más cuando Elisa Carrió presentó la candidatura del intendente radical de Trenque Lauquen Jorge Barrachia, que denunció el doble discurso de su ex líder. Ante esta candidatura reaccionó con la mayor dureza el presidente del comité bonaerense del radicalismo, Federico Storani, quien hasta ahora había evitado cualquier confrontación con la legisladora. El grado de su preocupación se advertirá leyendo al revés la tabla en cuyo rubro negativo descuellan Menem, Cavallo, Alvarez y De la Rúa. Con 45 por ciento de imagen positiva y sólo 16 por ciento de negativa, la encabeza Carrió. Lo más asombroso es que estos valores se repiten incluso en La Matanza, donde Artemio López midió las valoraciones positivas y negativas. En este caso se omitieron las regulares y los desconocimientos, por lo que los totales no suman cien por ciento, pero se agregó el indicador diferencial de imagen, que surge de restar los negativos de los positivos (ver cuadro 2).
La encuesta fue realizada antes de que Carrió presentara sus candidatos en la provincia de Buenos Aires. También incluye un apartado con la pregunta maldita .¿A cuál de estas fórmulas no votaría nunca?.. En ese caso, Alfonsín-Moreau (con el 42 por ciento) duplican las opciones por Duhalde-Remes Lenicov (con el 21 por ciento). Las perspectivas de Terragno en Capital son algo mejores, pero tampoco él parece encaminarse a la victoria. El sondeo de Equis arroja un 19,1 por ciento de intenciones de voto en favor de Alfredo Bravo, de ARI, contra 17 por ciento en favor del radical.

Problemas

El sondeo de Equis también inquirió por los principales problemas que perciben los encuestados. Los resultados del aglomerado Capital y Conurbano ubican en primer lugar a la desocupación, seguida por la recesión económica, la clase política y recién en cuarto puesto la inseguridad, una preocupación que comenzó a disminuir en cuanto el gobernador Rückauf dejó de azuzar el tema y se dedicó a los patacones. Las diferencias entre lugares de residencia y estratos socioeconómicos son menos significativas que los promedios generales. El cuadro 3 muestra los porcentajes obtenidos.

Del dicho al hecho

El principal problema de planteos como los formulados en los documentos y discursos salvacionistas y unitarios nacionalistas es la credibilidad de sus voceros. El miércoles, al mismo tiempo que Rodolfo Daher comenzaba en la Plaza de Mayo la embestida contra el pago de la deuda externa, que luego acompañarían peronistas y radicales, la Mesa de Consenso convocada por el cardenal Raúl Primatesta difundía un documento titulado El auténtico desarrollo humano. El piadoso texto se preocupa por una mejor atención primaria de la salud y por el concepto social de la atención médica. Uno de los firmantes es Pablo Challú, secretario de Comercio en el primer gabinete de Carlos Menem y luego lobbysta de la cámara que agrupa a los laboratorios farmacéuticos locales, CILFA.
En 1995, el ministro Cavallo objetó la ley de patentes que había votado el Congreso y que el Poder Ejecutivo decidió no promulgar. Dijo que los legisladores habían sido “confundidos por el fenomenal lobby del señor Challú y mucha plata detrás”. La insidiosa sugerencia de Cavallo fue confirmada por el propio Challú, quien admitió haber entregado hasta 100.000 dólares a los distintos partidos con representación parlamentaria. “Esta es una cosa normal en las instituciones y no es distinto de lo que han hecho otras cámaras y empresarios”, adujo Challú, como si estuviera hablando de un caritativo reparto de caramelos y juguetes en el Día del Niño. Ninguno de los partidos mencionados se dio por aludido. Durante la gestión de Challú en el gobierno nacional el precio de los medicamentos aumentó tres veces y se desalentó la posibilidad de que se pudieran vender en las farmacias medicamentos genéricos, sin marcas de fantasia.
El capítulo del informe de la comisión parlamentaria sobre el lavado de dinero dedicado a “Posible relación entre operaciones financieras sospechosas y el tramite parlamentario de la Ley de Patentes”, analiza una serie de “Operaciones sospechosas del laboratorio Roemmers”, uno de los principales de la Cámara para la que trabajaba Challú. La comisión utiliza para ello los documentos aportados por el Senado de los Estados Unidos sobre operaciones en cuentas bancarias abiertas en el Citibank Nueva York por varios sellos de goma del escribano Raúl Juan Pedro Moneta y los coteja con la cronología de la ley de patentes, sus vetos, decretos reglamentarios y negociaciones políticas. Se trata de movimientos de fondos del laboratorio Roemmers, de uno de sus ejecutivos, Hernán López Bernabó y de varios miembros de la familia Roemmers. En total, casi 20 millones de dólares que, en distintas operaciones, saltan en un mismo día de una cuenta a otra sin explicación. .Toda la operatoria configuraría una típica maniobra financiera de triangulación, que carecería de justificación económica, de lógica y racionalidad., afirma la comisión. Esta semana, el juez federal Jorge Ballestero indagó a uno de los acusados de haber ensobrado esas y otras contribuciones, el ex presidente de la Unión Industrial Claudio Sebastiani, quien como es natural lo niega. Estos son los verdaderos costos de cierto modo de hacer política, a los que ni Duhalde ni Alfonsín gustan referirse.
La distribución
Ni el bloque que se insinúa entre De la Rúa, Cavallo y los restos del menemismo, ni la entente alfonsduhaldista plantean el problema de la distribución de la riqueza. Algunos de sus documentos la mencionan, pero sólo en forma lateral. No fundamentan las herramientas que la producirían o, cuando lo hacen, éstas son claramente insuficientes, como los 150 pesos mensuales para cada jefe de hogar desocupado que propuso Alfonsín. La distribución es, en cambio, el eje de la propuesta del Frente Nacional contra la Pobreza, una nueva identidad política que esta semana hizo su presentación pública con una conferencia de prensa en la que Elisa Carrió fue acompañada por Víctor De Gennaro, Martha Maffei, Luis D’Elía, Patricio Echegaray, representantes de organismos de derechos humanos, iglesias, federaciones universitarias, chacareros y pequeños empresarios y María América González, quien aún cree posible recuperar al Frepaso para una causa popular. Con 8.000 dólares de producto bruto per cápita, la Argentina está en condiciones de lograr que nadie quede bajo la línea estadística de la pobreza. Los detalles de la propuesta, que incluye un seguro de desempleo de 380 pesos mensuales, una asignación por hijo de 60 y una consulta popular el 10 de diciembre para plebiscitarlos, serán expuestos entre el 11 y el 21 de este mes, a lo largo de una marcha que partirá de Buenos Aires y se dividirá en siete columnas para recorrer 75 ciudades y culminar de regreso con una gran concentración en la Capital. La presencia de Carrió en ese espacio sugiere que está atenta a no repetir los errores que aislaron al Frepaso y precipitaron al licenciado Alvarez a una evaluación pública cruel, peor aún que las de los grandes responsables de la hecatombe, Menem y Cavallo.

CUADRO 1                                       CUADRO 2                                         CUADRO 3

La militarización

Por HV

La Prefectura considera que la pretendida fusión con la Armada constituiría de hecho una absorción, tendiente a remilitarizar la seguridad interior. No obedecería a razones presupuestarias sino a una concepción ideologista de la seguridad, incompatible con la institucionalidad democrática. “No existen zonas grises entre lo militar y lo policial. La Armada y la Prefectura sólo tienen en común el ámbito espacial de actuación, de igual modo que el Ejército con la Policía Federal. Todos los demás aspectos inherentes a la competencia, estructura organizativa y necesidad de existencia pertenecen a campos diferentes”, dice un documento sin firma ni membrete que oficiales de la Prefectura distribuyeron entre legisladores de todos los partidos. El miércoles 12, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien propuso al gabinete impulsar la fusión usando las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, deberá responder por su proyecto ante la comisión de Defensa del Senado. El documento emitido el jueves por el Partido Justicialista adelanta que no admitirá ninguna modificación a la estructura y organización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El informe de Prefectura pone en duda el alegado ahorro que se obtendría, ya que el desequilibrio presupuestario no se produce en la Prefectura sino en la Armada, que en los últimos años duplicó en forma deliberada organismos y funciones de la fuerza de seguridad, con el deliberado propósito de fagocitar a la Prefectura. Por eso, mientras la Prefectura tiene sus cuentas en orden y sus pagos al día, la Armada está en cesación de pagos y ha reducido la semana laboral a cuatro días. Dado el costo superior de los medios navales militares sobre los que emplea la Prefectura para tareas de seguridad interior como la captura de pesqueros furtivos o asistencia a pobladores ribereños, las mismas tareas serían másonerosas e implicarían postergar, una vez más, la reestructuración de la Armada. La reducción de personal contemplada en el proyecto de absorción disminuiría la eficiencia funcional y favorecería el contrabando, la evasión impositiva, la inmigración ilegal, el narcotráfico, el deterioro del medio ambiente, la depredación de la riqueza ictícola. También incrementaría los riesgos en la navegación comercial y llevaría al incumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional para la salvaguarda de la vida humana en el mar (ver cuadro).
El documento de la Prefectura recuerda la diferencia conceptual entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, tal como la recogen las leyesrespectivas. La defensa requiere el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar agresiones externas y destruir al enemigo y se rige por el derecho internacional público. La seguridad interior es el ejercicio del poder de policía, basado en la aplicación de los códigos procesal y penal, para verificar el cumplimiento de las leyes de la Nación, previniendo o reprimiendo delitos y contravenciones. Cuando actividades tan diferentes, se confundieron, durante la guerra fría y bajo el imperio de la doctrina de la Seguridad Nacional, el Estado adoptó “las mismas prácticas terroristas que decía combatir”, con las trágicas consecuencias “cuyos remezones perduran hasta hoy”. Al mismo tiempo, los organismos policiales adoptaron la respectiva cultura militar, “con sus propias normas, ritos y códigos”, lo cual los alejó “de los valores propios de la sociedad civil, a la que por su naturaleza pertenecían”.
Según el documento de la Prefectura, concluida la guerra fría y la dictadura las Fuerzas Armadas tratan de acentuar los “nuevos desafíos, amenazas, escenarios o roles”, en relación con “delitos transnacionales, como contrabando, narcotráfico, terrorismo, migraciones clandestinas, desequilibrios ecológicos”. Para cumplir con esos nuevos roles, las Fuerzas Armadas “deberán realizar tareas de inteligencia interior”, que las leyes vigentes también les prohiben. En un tramo que parece aludir a la pretensión del Ejército de entrenar 30.000 reservistas con fondos sustraídos al auxilio a los desocupados, la Prefectura vaticina que las Fuerzas Armadas tratarán de seguir forzando los límites legales para avanzar sobre “políticas sociales y comunitarias, por representarles un mayor rédito político”, absorbiendo “funciones de las fuerzas de seguridad”.

CUADRO

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