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Las provincias en pie de guerra por los recortes

Los gobernadores peronistas formaron ayer un coro de protesta por el recorte que
se ven venir. Ruckauf repitió números y habló de vergüenzas oficialistas, mientras llamaba a un frente de provincias contra el ajuste de sus cuentas.

Los gobernadores peronistas saben que se avecinan tiempos difíciles. Más allá de las idas y venidas de Domingo Cavallo –quien primero anticipó un recorte del piso de la coparticipación y luego se desmintió anunciando que respetará el Pacto Fiscal–, los mandatarios del PJ están dispuestos a enfrentarse a cualquier ajuste que afecte a las provincias. La primera señal la dio el bonaerense Carlos Ruckauf, quien ayer calificó de “vergonzoso” el acuerdo con el FMI y cuestionó con dureza al presidente Fernando de la Rúa. “Ha firmado un vergonzoso acuerdo con el FMI, en el que se compromete a quitarle a las provincias 900 millones en los próximos cuatro meses y más de 2000 millones el año próximo”, acusó Ruckauf.
Luego de cargar contra el Gobierno, el gobernador de Buenos Aires reclamó a todos sus pares –tanto de la Alianza como del PJ– que se unan para “rechazar las condiciones del acuerdo del Fondo”. De esa forma, se sumó a una de las propuestas que salieron del último encuentro de mandatarios peronistas: realizar una convocatoria general a todos los Ejecutivos provinciales para expresarse en bloque contra la disminución de los fondos de coparticipación. “Es imprescindible que nos unamos para impedir el desastre. Que los gobernadores de todas las provincias nos unamos para convocar de urgencia al Congreso de la Nación”, declaró Ruckauf.
Las declaraciones del bonaerense se entienden por la sucesión de indicios que parten desde Economía, y que apuntan a instalar en la agenda un nuevo piso de coparticipación que no supere los 900 millones de dólares mensuales. “Esperemos que no haya que hacer ningún recorte a las provincias”, admitió ayer, sin dar demasiadas garantías, el secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger. Esa posibilidad, precisamente, enfurece a los gobernadores, que no quieren aceptar un ajuste de la garantía mensual de 1364 millones que acordaron con la Nación en diciembre de 1999, cuando el ministro de Economía era aún el radical José Luis Machinea.
La furia de los jefes provinciales, potenciada en estos días por mensajes del Ejecutivo del tipo de “hay gastos provinciales que deben reducirse”, reconoce también otras causas. Los hombres del Interior todavía recuerdan con rabia la intervención del asesor externo de Economía, Horacio Liendo, en las negociaciones que venían llevando con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, en los días previos a la aprobación del déficit cero. En aquellos tiempos, que hoy parecen tan distantes, el hoy candidato a senador soportó las amargas quejas de un gobernador: “Vos te cagás en todo lo que nosotros hablamos, vos no sos nadie”, le dijeron a bocajarro.
“En el Gobierno deben sincerar los números y respetar los convenios que firmaron con las provincias”, dijo a Página/12 el jujeño Eduardo Fellner. El gobernador de Jujuy, al igual que la mayoría de sus pares, prefiere por ahora mantener la cautela y esperar a que el Gobierno haga realidad sus amenazas. Así, sólo después que se concrete el tan anunciado ajuste, se presentará un reclamo judicial, o se contraatacará a través del Parlamento, por ejemplo, presentando un proyecto para quitarle los superpoderes a Cavallo (una idea que comparten varios legisladores y mandatarios).
Mientras tanto, los próximos pasos serán, como siempre, convocar a una reunión para esta semana, que se hará el miércoles, en alguna de las sedes provinciales en Capital, o en el Consejo Federal de Inversiones, como propone Adolfo Rodríguez Sáa, de San Luis. Hasta entonces, varios asesores económicos, entre ellos Rogelio Frigerio (nieto), seguirán analizando medidas alternativas al ajuste junto a un grupo de ministros de economía provinciales que se quedó en Buenos Aires a ese efecto.
Los tiempos se aceleran, y esos funcionarios lo saben, porque escuchan todos los días los dramáticos pronósticos de los gobernadores, que repiten que “con el ajuste, las provincias son inviables”.

 

OPINION
Por Mempo Giardinelli

Llamado a los rectores por un plebiscito

La información de que en el Consejo de Rectores reunido en Resistencia se planteó “convocar a una consulta popular sobre la educación pública y gratuita” es peligrosísima y debe ser respondida de inmediato. La idea, según varios medios y entre ellos Página/12, tendría un cierto consenso entre los rectores de las universidades nacionales, quienes propondrían la realización de un plebiscito nacional para que la sociedad se pronuncie sobre la materia. De confirmarse, esto será gravísimo. Y no sólo porque va de la mano con el auge cretino de los “estudios” sobre la posible privatización de áreas, el gerenciamiento universitario, los arancelamientos encubiertos y el evidente deterioro de los presupuestos educativos que amenazan lisa y llanamente el desempeño de la universidad pública. Ni la gratuidad ni el carácter de la educación pública son ni deben ser materia de debate. Ya han sido debatidos y decididos y son derechos nacionales adquiridos. No hay nada que plebiscitar al respecto y a esto hay que decirlo con vigor y sin vueltas. Igual que cuando hace pocas semanas hubo intentos de replantear la educación religiosa en las escuelas del país, hay que rechazar ad-limine estos intentos de un neoliberalismo que ya parece un tigre cebado. Lo que asombra es que a este retroceso lo planteen los mismos rectores (o algunos de ellos) que han venido sosteniéndose hasta ahora en la defensa de la universidad pública y gratuita.¿Cómo es que dan marcha atrás en principios fundamentales que son verdaderos y rotundos derechos adquiridos por generaciones? Hay que plantarse en lo logrado y defenderlo a rajacincha, y aún más: hay que exigir que la Universidad Pública y Gratuita sea el bastión de la resistencia cultural. Es urgente y es tarea de todos exigir que se acaben los ajustes, a la vez que se profundicen valores esenciales como la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles. Es el único camino para seguir siendo una nación: mantener una educación solidaria, igualadora, no racista, no clasista y que enseñe a pensar y a cuestionar. Sólo así se alcanzará la revolución democrática y pacífica que necesitamos. Exigiendo lo que hay que exigir y no plebiscitando lo que no hace falta. Mejor sería plebiscitar este modelo maldito; mejor que exigieran la plebiscitación de los salarios docentes. O que los rectores propusieran una consulta popular acerca del Rasputín que nos vampiriza. Este tipo de propuestas sólo denotan la impotencia de los que anteponen proyectos personales o partidarios o han decidido resignarse. Por eso subleva que quieran plebiscitar tan luego un valor fundamental.

 

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