Los gobernadores peronistas
saben que se avecinan tiempos difíciles. Más allá
de las idas y venidas de Domingo Cavallo quien primero anticipó
un recorte del piso de la coparticipación y luego se desmintió
anunciando que respetará el Pacto Fiscal, los mandatarios
del PJ están dispuestos a enfrentarse a cualquier ajuste que afecte
a las provincias. La primera señal la dio el bonaerense Carlos
Ruckauf, quien ayer calificó de vergonzoso el acuerdo
con el FMI y cuestionó con dureza al presidente Fernando de la
Rúa. Ha firmado un vergonzoso acuerdo con el FMI, en el que
se compromete a quitarle a las provincias 900 millones en los próximos
cuatro meses y más de 2000 millones el año próximo,
acusó Ruckauf.
Luego de cargar contra el Gobierno, el gobernador de Buenos Aires reclamó
a todos sus pares tanto de la Alianza como del PJ que se unan
para rechazar las condiciones del acuerdo del Fondo. De esa
forma, se sumó a una de las propuestas que salieron del último
encuentro de mandatarios peronistas: realizar una convocatoria general
a todos los Ejecutivos provinciales para expresarse en bloque contra la
disminución de los fondos de coparticipación. Es imprescindible
que nos unamos para impedir el desastre. Que los gobernadores de todas
las provincias nos unamos para convocar de urgencia al Congreso de la
Nación, declaró Ruckauf.
Las declaraciones del bonaerense se entienden por la sucesión de
indicios que parten desde Economía, y que apuntan a instalar en
la agenda un nuevo piso de coparticipación que no supere los 900
millones de dólares mensuales. Esperemos que no haya que
hacer ningún recorte a las provincias, admitió ayer,
sin dar demasiadas garantías, el secretario de Política
Económica, Federico Sturzenegger. Esa posibilidad, precisamente,
enfurece a los gobernadores, que no quieren aceptar un ajuste de la garantía
mensual de 1364 millones que acordaron con la Nación en diciembre
de 1999, cuando el ministro de Economía era aún el radical
José Luis Machinea.
La furia de los jefes provinciales, potenciada en estos días por
mensajes del Ejecutivo del tipo de hay gastos provinciales que deben
reducirse, reconoce también otras causas. Los hombres del
Interior todavía recuerdan con rabia la intervención del
asesor externo de Economía, Horacio Liendo, en las negociaciones
que venían llevando con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
en los días previos a la aprobación del déficit cero.
En aquellos tiempos, que hoy parecen tan distantes, el hoy candidato a
senador soportó las amargas quejas de un gobernador: Vos
te cagás en todo lo que nosotros hablamos, vos no sos nadie,
le dijeron a bocajarro.
En el Gobierno deben sincerar los números y respetar los
convenios que firmaron con las provincias, dijo a Página/12
el jujeño Eduardo Fellner. El gobernador de Jujuy, al igual que
la mayoría de sus pares, prefiere por ahora mantener la cautela
y esperar a que el Gobierno haga realidad sus amenazas. Así, sólo
después que se concrete el tan anunciado ajuste, se presentará
un reclamo judicial, o se contraatacará a través del Parlamento,
por ejemplo, presentando un proyecto para quitarle los superpoderes a
Cavallo (una idea que comparten varios legisladores y mandatarios).
Mientras tanto, los próximos pasos serán, como siempre,
convocar a una reunión para esta semana, que se hará el
miércoles, en alguna de las sedes provinciales en Capital, o en
el Consejo Federal de Inversiones, como propone Adolfo Rodríguez
Sáa, de San Luis. Hasta entonces, varios asesores económicos,
entre ellos Rogelio Frigerio (nieto), seguirán analizando medidas
alternativas al ajuste junto a un grupo de ministros de economía
provinciales que se quedó en Buenos Aires a ese efecto.
Los tiempos se aceleran, y esos funcionarios lo saben, porque escuchan
todos los días los dramáticos pronósticos de los
gobernadores, que repiten que con el ajuste, las provincias son
inviables.
OPINION
Por Mempo Giardinelli
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Llamado a los rectores
por un plebiscito
La información de que en el Consejo de Rectores reunido
en Resistencia se planteó convocar a una consulta popular
sobre la educación pública y gratuita es peligrosísima
y debe ser respondida de inmediato. La idea, según varios
medios y entre ellos Página/12, tendría un cierto
consenso entre los rectores de las universidades nacionales, quienes
propondrían la realización de un plebiscito nacional
para que la sociedad se pronuncie sobre la materia. De confirmarse,
esto será gravísimo. Y no sólo porque va de
la mano con el auge cretino de los estudios sobre la
posible privatización de áreas, el gerenciamiento
universitario, los arancelamientos encubiertos y el evidente deterioro
de los presupuestos educativos que amenazan lisa y llanamente el
desempeño de la universidad pública. Ni la gratuidad
ni el carácter de la educación pública son
ni deben ser materia de debate. Ya han sido debatidos y decididos
y son derechos nacionales adquiridos. No hay nada que plebiscitar
al respecto y a esto hay que decirlo con vigor y sin vueltas. Igual
que cuando hace pocas semanas hubo intentos de replantear la educación
religiosa en las escuelas del país, hay que rechazar ad-limine
estos intentos de un neoliberalismo que ya parece un tigre cebado.
Lo que asombra es que a este retroceso lo planteen los mismos rectores
(o algunos de ellos) que han venido sosteniéndose hasta ahora
en la defensa de la universidad pública y gratuita.¿Cómo
es que dan marcha atrás en principios fundamentales que son
verdaderos y rotundos derechos adquiridos por generaciones? Hay
que plantarse en lo logrado y defenderlo a rajacincha, y aún
más: hay que exigir que la Universidad Pública y Gratuita
sea el bastión de la resistencia cultural. Es urgente y es
tarea de todos exigir que se acaben los ajustes, a la vez que se
profundicen valores esenciales como la gratuidad de la enseñanza
en todos los niveles. Es el único camino para seguir siendo
una nación: mantener una educación solidaria, igualadora,
no racista, no clasista y que enseñe a pensar y a cuestionar.
Sólo así se alcanzará la revolución
democrática y pacífica que necesitamos. Exigiendo
lo que hay que exigir y no plebiscitando lo que no hace falta. Mejor
sería plebiscitar este modelo maldito; mejor que exigieran
la plebiscitación de los salarios docentes. O que los rectores
propusieran una consulta popular acerca del Rasputín que
nos vampiriza. Este tipo de propuestas sólo denotan la impotencia
de los que anteponen proyectos personales o partidarios o han decidido
resignarse. Por eso subleva que quieran plebiscitar tan luego un
valor fundamental.
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