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Por Mónica
Gutiérrez
desde
Córdoba
 Con la misma indiferencia que
caracterizó la consulta popular de julio pasado, los cordobeses
vuelven hoy a las urnas. Eligen 133 convencionales que reformarán
la Constitución provincial, un paso más en la vertiginosa
carrera que José Manuel de la Sota inició a mediados de
año para mostrar al país cómo se reducen los costos
de la política. Las propuestas mayoritarias –Unión
por Córdoba y UCR– plantean un sistema unicameral, aunque
con diferencias en la forma de representación. El gobernador ya
logró instalar a nivel nacional el modelo Córdoba para el
achicamiento de las legislaturas provinciales. En esta elección,
De la Sota se juega un nuevo escalón que lo acerque a su aspiración
presidencial.
El próximo, según sus deseos, debería ser la elección
de la Legislatura ya transformada, el 14 de octubre, aun cuando la Justicia
advirtió que esos plazos son inconstitucionales. El proceso de
reforma en Córdoba estuvo teñido de apuros y de cuestionamientos;
el socialismo pidió a última hora la suspensión del
comicio porque faltaba el decreto del Ejecutivo convocando a las elecciones
de hoy.
Según las encuestas, la mayoría de los cordobeses no sabe
qué tiene que votar hoy, y ni qué hablar de los candidatos
y sus propuestas. Igual, se estima que la obligatoriedad del voto llevará
a las urnas a un porcentaje similar al que concurrió el 22 de julio,
cuando el gobierno les preguntó a los cordobeses si estaban de
acuerdo con reducir la Legislatura a la mitad y establecer un sistema
unicameral. Entonces fue el 75 por ciento del padrón, que en su
mayoría contestó el sí que esperaba el gobernador.
A partir de ahí todo fue un juego de truco. El radicalismo desafió
a que el cambio se precipitara a octubre y no esperara al 2003; el oficialismo
dobló la apuesta y entre ambos aprobaron la ley que declaró
la necesidad de la reforma, que incluye ese único punto. Después
vinieron los bloopers y los olvidos. De la Sota firmó un decreto
donde llamaba a elegir 70 legisladores el 14 de octubre, dando por hecha
la reforma. El Tribunal Superior resolvió que esa norma era inconstitucional,
exigió que se respete el cronograma original de elecciones y advirtió
que tampoco la Convención Constituyente podrá apurar los
plazos para cambiar lo que se va a elegir en octubre, a riesgo de volver
a intervenir. “A veces son más importantes los votos que los
fallos”, le contestó De la Sota a la Justicia, evidenciando
que impulsa la reforma a cualquier precio y que los tiempos lo acucian.
La elección de hoy y el trabajo de la Constituyente definirán
en gran parte el futuro de la vida política cordobesa. Tanto la
coalición gobernante como el radicalismo proponen una cámara
única con 70 integrantes. Unión por Córdoba quiere
que la mitad represente departamentos y los otros 35 se elijan por distrito
único con el sistema proporcional D’Hont. La UCR propone que
las bancas se distribuyan por el mismo sistema, pero con 26 legisladores
departamentales y 44 por distrito único. Las cuatro listas restantes
son las del Frepaso, que deja en manos de la Convención el número
de legisladores, el Partido Intransigente, que promueve que se mantenga
el sistema bicameral, el vecinalismo e Izquierda Unida, que propone elegir
un representante cada 25 mil habitantes.
El control del Legislativo sobre la gestión del Ejecutivo fue el
tema central en la escasa campaña que realizaron los partidos de
la oposición. Con un congreso provincial acotado, De la Sota, dicen,
se garantiza un control casi nulo para el resto de su gestión.
La hija de Olga Riutort (esposa de De la Sota), María Victoria
Flores, que con sólo 23 años y cuarto año de abogacía
podrá ser constituyente y la inclusión de Jorge Bodega,
el senador acusado de cobrar una coima de 400 mil dólares para
aprobarle al gobierno la ley de privatizaciones, son las dos “perlitas”
de la lista de Unión por Córdoba. Pero el gobernador desoye
críticas y disfruta del logro de haber instalado su modelo de reducción
de los costos de la política en el escenario nacional.
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Los enredos con la
ley
El apuro por reformar llevó a cometer errores de todos
colores. El primero fue determinar quién nombra los jueces
si no hay Senado, descuido de los legisladores cuando sancionaron
la necesidad de la reforma. Luego, el blooper mayor: De la Sota
convocó a una elección para octubre para cargos que
no existen todavía y el máximo tribunal de la provincia
anuló el decreto. Para más, el viernes a última
hora, el Partido Socialista pidió a la jueza electoral Martha
Vidal que suspendiera los comicios de hoy, porque faltaba un instrumento
fundamental: el decreto del Ejecutivo llamando a elecciones. Sólo
existen la ley 8947 que declara la necesidad de la reforma y el
decreto 1699, que promulga la ley.
Las consultas de este diario obtuvieron dos respuestas diferentes:
mientras desde la Secretaría Legal y Técnica de la
gobernación aseguraron que el llamado a elecciones está
en el decreto 1699, lo que no es real, Vidal argumentó que
la ley y su promulgación le alcanzaban para dar inicio al
proceso electoral. En cambio, para el asesor jurídico del
PSP, Ramón Molina Herrera, los comicios que no se fundan
en un decreto del Ejecutivo son “nulos de toda nulidad”.
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OPINION
Por Eduardo Aliverti
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El caballo de San
Martín
Según parece, convocarán a una consulta popular
para que se responda de qué color era el caballo blanco de
San Martín.
Comparado con cualesquiera otros de la tragedia nacional, es un
hecho menor y hasta gracioso. Aunque muchos se indignan no sin razón
porque, es cierto, plebiscitar la baja en el costo de la política
es, antes que ridículo, repugnante: repugna que gasten para
preguntar si se quiere gastar menos; repugna que quieran hacerlo
en forma inmediatamente posterior a una elección nacional
y repugna que sean capaces de disfrazarse con ropas de “obligatoriedad
democrática” para hacer una movida en torno de semejante
pavada.
Pero obsérvese: lo hicieron a horas del acuerdo con el FMI
y lo harán de modo tal que una sucesión de episodios
encadenados tenga la posibilidad de quitar el eje de atención
sobre la economía. Campaña electoral, elecciones,
plebiscito. Termina siendo otra tontería suponer que con
eso alimentarán al circo hasta el punto de que sustituya
al pan, pero el valor de lo simbólico no es una estupidez:
demuestra la urgencia de gesticular frente a los acreedores con
la trampa caza-bobos del gasto de la política; y enseña
finalmente que si deben recurrir a artilugios tan burdos es porque
ni ellos creen que lo acordado con el Fondo tenga algún grado
de sustentabilidad. La única apuesta es detener la corrida
bancaria. Con eso tratar de llegar a octubre y después de
la paliza a recibir en las urnas mejor ni se pregunta, porque lo
más optimista que se escucha en los hombres de Gobierno es
que esa paliza permitiría intentar que algún peronista
ocupe la Jefatura de Gabinete; armar así la gestión
de “salvataje nacional” con que insiste el payador Alfonsín
y que el incendio sea compartido. Lo más optimista. Porque
otro escenario son las elecciones presidenciales anticipadas (que
en la intimidad es lo que desea más de un miembro del oficialismo
para que se termine de una vez esta tortura).
En medio de tan deprimente cuadro, hay luces que se encienden. Enfrente
de una minoría privilegiada constituida por virtuales mafias
–de las que la llamada “clase” política, gasto
incluido, es como mucho un apéndice menor– hay una masa
cada día más inmensa de derrotados, con dos componentes:
indigentes y pobres; y pequeña burguesía en quiebra
o al borde ella. Hay resistencia, movilizaciones, piquetes, paros,
protestas.
Eso ofrece una gran duda. ¿Será posible que de tamaña
cantidad de oprimidos no aparezcan la fuerza y los líderes
capaces de acabar con tan pocos?
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