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Por Eduardo Febbro
Desde
París
 La tan apreciada y defendida
libertad de navegar en Internet como en un mar sin control tiene los días
contados. Al cabo de cuatro años de trabajo y casi 30 versiones
sucesivas, la primera convención mundial sobre la cibercriminalidad
va a ser formalmente adoptada por el Consejo de Europa en el curso de
la primera quincena de setiembre. El texto elaborado por un ejército
de expertos internacionales, particularmente de Japón, EE.UU. y
Canadá, apunta a organizar de manera global la represión
del llamado “crimen informático”. En ese concepto entran
desde la piratería informática, la pedofilia, la circulación
de imágenes pornográficas, el fraude financiero, la venta
de productos prohibidos y nocivos hasta la difusión “de ideas
peligrosas”. Lejos de limitarse a esos tipos de criminalidad en la
red, la convención internacional auspiciada por el Consejo de Europa
oficializa y regulariza mediante una suerte de ley mundial el empleo masivo
de los nuevos instrumentos de represión e investigación
informática sin que los usuarios o los sospechosos en potencia
estén amparados bajo una ley que proteja sus derechos: espionaje
telefónico de las cibercomunicaciones, teleallanamiento de las
computadoras, barrido de los correos electrónicos, inspección
de las agendas y examen del disco duro son algunos de los “derechos”
que la convención sobre la cibercriminalidad otorga a la policía.
Muchos especialistas y defensores de las libertades públicas ponen
en tela de juicio la utilidad de una convención semejante, tanto
más cuanto que ésta legaliza las prácticas más
oscuras de la policía permitiéndole acceder sin rendir cuentas
a nadie a los datos privados de los individuos. 22 asociaciones europeas,
norteamericanas, japonesas, australianas y canadienses agrupadas en el
seno de la GILC (Global Internet Liberty Compaign) denuncian los “vicios
de una convención que va a hacer de cada ciudadano un criminal
en potencia por el mero hecho de utilizar su correo electrónico”.
Paradójicamente, la convención deja fuera de su alcance
la represión de uno de los cibercrímenes más corrientes
en Internet, es decir el racismo. La represión de la propaganda
racista y xenófoba apenas figura en un protocolo adicional del
tratado y los Estados firmantes no están obligados a suscribir
el párrafo. El Consejo de Europa reconoce el “inmenso desafío
planteado por el tratado en materia de protección de los datos
e informaciones privadas”, al mismo tiempo que pone de relieve la
necesidad urgente de transformar “el Far West electrónico”
en un ámbito “más seguro y frecuentable”. Sin
embargo, la batería de métodos existentes y las obligaciones
que se desprenden de la convención parecen dibujar un futuro carcelario
a la libertad de navegación en la red. El documento no sólo
implica a los usuarios comunes y corrientes sino también a las
empresas que venden el acceso a Internet. En ellas recae la responsabilidad
del contenido de la difusión, lo que las convierte prácticamente
en organismos parapoliciales privados. En ese contexto, los industriales
de las nuevas tecnologías impugnan el hecho de que “imponer
la responsabilidad de los intermediarios técnicos a propósito
del contenido privado de los usuarios significa una carga enorme para
las empresas, al tiempo que alienta el control injustificado de las comunicaciones
privadas”.
Los últimos escándalos ligados al control de las comunicaciones
en la red demuestran que el Far West está más bien del lado
de las autoridades que del de los usuarios. Empresas como Microsoft, AOL
o servicios policiales como el FBI ya han llevado a la práctica
de manera más o menos evidente lo que la convención sobre
la cibercriminalidad preten delegalizar. El año pasado, el FBI
obligó a las compañías que venden el acceso a Internet
a instalar en sus sistemas el programa “Carnívoro”. Este
agente informático indiscreto le permitió a la policía
federal norteamericana espiar las actividades en línea de cualquier
usuario. El escándalo fue tan grande que el FBI tuvo que modificar
su agente digital y rendir cuentas a la Cámara de Representantes.
Carnívoro cambió de nombre, hoy se llama DCS1000 y sigue
operando en condiciones siempre sospechosas. Más cínico
es el método al que recurren Microsoft o AOL. Ambos gigantes de
la informática idearon una suerte de pasarela de identificación
destinada a automatizar los intercambios de datos con sus clientes. Uno
se llama Magic Carpet, el otro Passport de Microsoft. En ambos casos,
se trata de una suerte de “carpeta digital personalizada” con
todos los datos, usos y costumbres de los clientes. Desde el sector privado,
Microsoft y AOL detentan así una suma de informaciones confidenciales
inestimables para los servicios de policía. Ligadas unas a otras
y amparadas bajo leyes nacionales y una convención internacional,
estas prácticas van estrechando cada vez más el espacio
“infinito” de la red. Las asociaciones europeas de defensa de
las libertades individuales ponen el grito en cielo ante la acumulación
de candados y sistemas de control de la red.
A escala pequeña, el ejemplo de Gran Bretaña muestra lo
que puede ocurrir en el futuro. Inglaterra posee la ley anticibercriminalidad
más represiva de Europa. La RIP Act, Regulation of Investigatory
Power Act, autoriza a la policía, la aduana, los servicios de espionaje
M15 y M16 y hasta el mismo Tesoro público a acceder a los correos
electrónicos, a consultar la correspondencia y las agendas con
las direcciones sin que haga falta el más mínimo mandato
judicial. Más aún, al igual que la convención sobre
la cibercriminalidad, RIP Act obliga a los propietarios del acceso a Internet
a instalar una suerte de bretel a fin de centralizar la vigilancia. Las
autoridades de Gran Bretaña exigen que esas empresas se doten de
una infraestructura capaz de “supervisar en flujo continuo”
un cliente de cada 10.000. Una compañía como BT tiene un
total de 21 millones de abonados, lo que representa un monitoreo permanente
de 2.100 cuentas. Como si fuera poco, la RIP Act no se limita a interceptar
los mails sino que, además, se extiende a los foros de discusión,
fax, los mensajes escritos (SMS) y las comunicaciones a través
de los teléfonos portátiles.
Combinadas entre sí, la convención sobre la cibercriminalidad,
la RIP Atc y el sistema de espionaje global Echelon, concebido por EE.UU.,
Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, poseen
una potencia de indiscreción digital sin igual en la historia del
mundo. El temor más constante radica en que la aplicación
estricta de la convención internacional desemboque en una variante
más o menos similar al caso británico. Una vez adoptado,
el texto sobre la cibercriminalidad entrará en vigor cuando al
menos cinco de los 42 Estados miembros del Consejo de Europa lo hayan
ratificado. Con casi 30 versiones en su haber y varios años de
polémicas, el documento no ha logrado establecer un consenso entre
la regulación, la represión, la vigilancia, el respeto de
las libertades y las leyes nacionales de cada Estado. Sin embargo, es
un primer intento de legalizar y regular sin fronteras el espionaje indiscriminado.
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La excepción
francesa
Por E.F. Desde París
Confrontados a la generalización de los intercambios a
través de la red, a los criterios mínimos de seguridad
y al respeto de las libertades individuales, varios países
del Viejo Continente intentan elaborar una legislación adecuada
a los tiempos que corren. La Unión Europea está preparando
una serie de textos que apuntan a acercar la legislación
de los Estados miembros en los campos relativos a la pornografía
infantil, el fraude financiero, la propaganda racista en Internet
y el ataque contra los sistemas informáticos. Para la Comisión
Europea, se trata de “crear una sociedad de información
más segura reforzando la seguridad de las infraestructuras
de información luchando contra la cibercriminalidad”.
Detrás de estas bellas palabras siempre aparece un claro
principio de represión que levanta olas de críticas
y de debates en el seno de las ONG ciudadanas. En el caso preciso
de Francia, el ministro francés de la Función Pública,
Michel Sapin, anunció la semana pasada que París quería
“reinventar la protección de los datos personales”
mediante un programa global de intercambios vía Internet
entre la administración y los ciudadanos. Sapin presentó
un dispositivo que debería generalizarse de aquí al
2005 y que consiste en una “caja fuerte electrónica”
con todos los datos personales de una persona. Según el ministro,
“dicha caja simplificaría las relaciones con la futura
administración electrónica. A partir de cualquier
contacto con la administración central, las computadoras
de los servicios tienen al alcance los datos que necesitan, y ello
bajo el control exclusivo de los ciudadanos”. Actualmente,
la ley francesa sobre la Informática y las libertades no
autoriza la colecta y la comparación de informaciones personales
como una forma de defender la llamada “identidad digital”
de un persona. Sin embargo, las autoridades alegan que ese “modelo
global de protección” debe ser ampliado mediante un
“modelo individual” como la “caja fuerte digital”.
De hecho, París aspira a salirle al paso a los gigantes de
la informática mundiales –Microsoft, AOL– que,
de manera solapada pero constante, han ido construyendo una base
de datos planetaria que pueden vender al mejor postor o al primer
servicio de policía que solicite el acceso.
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