Por Julio Nudler

Se llama “Programa de Desarrollo Institucional Municipal” y es una de las muchas iniciativas emprendidas por la Argentina con financiación de organismos multilaterales. En este caso, el monto total del programa asciende a 600 millones de pesos, 210 prestados por el Banco Mundial, otro tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo, y 180 millones como fondos locales de contrapartida. Pero los auditores oficiales se encontraron con que en la cuenta especial del proyecto hay 555.367 pesos acumulados por intereses, fruto de haberse invertido en colocaciones bancarias parte del dinero recibido, mientras no era aplicado al fin previsto. Lo llamativo es que un vacío legal mantenía fuera de control estos ingresos extraordinarios, dando lugar incluso a sospechas sobre su origen y su aplicación. Ocurre que las encargadas de diversos proyectos millonarios, las llamadas Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (Uepex), colocaban fuertes sumas a plazo fijo, a veces en bancos privados, lo cual es como mínimo no legal.
En la Auditoría General de la Nación no descartan que hayan podido mediar ciertos incentivos irregulares para elegir tal o cual entidad financiera. Tampoco existían normas acerca del destino a darle a las rentas así obtenidas ya que se trata de operaciones no previstas. Parece que a nadie se le ocurrió que organismos públicos de un país tomaran créditos externos para la realización de proyectos en áreas de alto impacto social o económico como salud, educación, medio ambiente u otras, y utilizasen los fondos para bicicletearlos en los bancos. Sin embargo, esto acontecía en la Argentina, en parte debido a que el Tesoro Nacional no aporta la porción de financiamiento que le corresponde, dejando así que toda una iniciativa quede varada.
Tras recibir numerosas notas de la AGN sobre esta cuestión, la secretaría de Hacienda resolvió, simplemente, apropiarse de los intereses así generados, temperamento que difícilmente sea del agrado de los organismos internacionales que financian los proyectos. En primer lugar, porque esas entidades exigen que las Unidades Ejecutoras gocen de autonomía financiera. Y, adicionalmente, porque les costará aceptar que el fisco se lleve para rentas generales dinero perteneciente a la cuenta especial de un proyecto, y que fue aportado por aquellos organismos.
Como quiera que sea, Hacienda acaba de dictar la resolución 258, disponiendo que “los intereses que surjan por inmovilización de saldos en las cuentas bancarias de un proyecto financiado por organismos internacionales de crédito o de la inversión temporaria de fondos que realiza, no previstos en él, deberán ser ingresados, salvo indicación en contrario, al Tesoro Nacional. Sólo en casos debidamente fundados –añade la norma– podrán ser utilizados para disminuir la contraparte local del proyecto, conforme las instrucciones que para cada caso se dicten.”
Vale decir que Hacienda resolvió apropiarse de esas rentas financieras, o excepcionalmente restarlas del aporte que debe efectuar para la realización de los proyectos. Además, y confesando la falta de información que existía en Economía acerca de estos extraños movimientos, Jorge Baldrich dispuso que las Unidades Ejecutoras rindan cuenta mensualmente del estado de sus movimientos bancarios, entregando una planilla a la Contaduría General de la Nación.
Una anomalía sí conocida y más de una vez denunciada es la de los créditos que el país gestionó y obtuvo en ventanillas multilaterales, pero luego no utilizó, o cuyo empleo demoró mucho tiempo. Esto podía obedecer a dos razones diferentes: o bien a la incapacidad de implementar los proyectos, o a la carencia de los fondos locales de contrapartida, al no aprobarse la partida presupuestaria, o simplemente no hacerse efectiva (ver aparte dos ejemplos particularmente absurdos). En cualquier caso, desde el momento en que el préstamo está formalmente concedido, pero no esdesembolsado, el organismo financiero que lo ha otorgado cobra una llamada comisión de compromiso, que puede rondar el 2 por ciento anual.
Esta comisión también es facturada por el Banco Mundial o el Interamericano de Desarrollo mientras el país no dé ejecución a un proyecto, habiendo recibido en sus arcas el préstamo. En este caso, además de la comisión se paga la tasa de interés acordada, que es como mínimo igual a la Libor (hoy en 3,56 por ciento) más 3 ó 4 por ciento anual. Obviamente, si la Unidad Ejecutora tomó el dinero y lo recolocó a plazo en un banco, como éste es un uso no pactado de los fondos, el país debe afrontar la tasa de interés del crédito más la comisión de compromiso.
Los siguientes son algunos de los proyectos en los que se detectaron rentas financieras, tomados de un listado al que accedió Página/12:
- Programa de consolidación de la reforma administrativa y financiera del sector público nacional. La Auditoría General de la Nación, además de detectar irregularidades en las retenciones a consultores, halló y comunicó a Hacienda intereses generados por 419.046 pesos.
- Descentralización y mejoramiento de la educación secundaria (Prodymes). Aparte de encontrarse retenciones de Ganancias no ingresadas en varios períodos por 617 mil pesos, se descubrieron intereses por $ 147 mil.
- En el llamado Segundo proyecto de protección social se comprobó la obtención de rentas financieras por 159.654 pesos.
- En relación al Programa de caminos provinciales, las retenciones por pagar o no ingresadas trepaban a 700 mil pesos, pero “hay intereses que no pudieron ser cuantificados porque están neteados”, puntualiza la AGN.
- En las cuentas del Proyecto de apoyo al sector minero argentino (Pasma) se identificaron plazos fijos por 3.165.559,79 pesos. Algo similar se vio en el Segundo proyecto de asistencia técnica para el desarrollo del sector minero argentino.
- En el Proyecto de protección contra las inundaciones hubo dos comprobaciones: el pago de comisiones de compromiso por 236 mil pesos, y la obtención de intereses por saldos en caja de ahorro por 84.711 pesos.
- Reforma de la educación superior. En este proyecto la AGN detectó irregularidades impositivas y se halló con la generación de intereses por 161.042 pesos.
- En el arriba mencionado Programa de desarrollo institucional municipal, los intereses detectados sumaban, al momento de auditarse las cuentas, 555.367 pesos.
- En el Pasma I (minería), la AGN dirigió una nota a Hacienda por intereses bancarios de 587.452,31 pesos, e intereses de plazo fijo por 359.074,81 pesos.
- En el Pasma II se estableció que los intereses ganados por la colocación de fondos a plazo fijo suponían, al momento de la verificación, $ 381.245,32.
- En otro proyecto, llamado Estados financieros del programa de consolidación de la reforma administrativa y financiera del sector público nacional, los auditores le informaron a Hacienda sobre el hallazgo de intereses por 419.045 pesos.
La práctica es que el Banco Mundial o el BID entreguen un anticipo o acopio, que puede ser del 8 por ciento, y el resto los vayan desembolsando sobre gastos ya comprometidos por la Unidad Ejecutora. Pero ésta, para efectuar el pago, necesita que Hacienda le entregue los fondos de contrapartida, que suelen ser el 30 por ciento del total del proyecto. Si este dinero no aparece, los dólares recibidos en préstamo de afuera deberían quedar en el Banco Nación o en el Citi, cuando son proyectos administrados por el PNUD, pero nunca puestos en plazos fijos.

DE LA RUA, CAVALLO Y CAFIERO NO TIENEN APURO
Los indígenas poder esperar

Por J.N.

La delegación mapuche hizo bien en seguir desconfiando del hombre blanco. Aunque la reunión se desarrollara en el despacho presidencial y estuviera Fernando de la Rúa en persona, además de Domingo Cavallo, Nicolás Gallo, Ricardo Ostuni y Leonardo Aiello. Los habían acompañado hasta la Rosada funcionarios del Banco Mundial, con la representante Myrna Alexander a la cabeza. Todo lo que se pretendía era destrabar un préstamo de 5 millones de dólares, concedido por el BM para el desarrollo de tres áreas indígenas protegidas, situadas en las provincias de Neuquén, Tucumán y Salta. El crédito dormía burocráticamente en los cartapacios aliancistas desde septiembre de 2000, quizá porque la renuncia de Chacho Alvarez le restó al Gobierno tiempo para ocuparse de ninguna otra cuestión. El encuentro con el Presidente y sus colaboradores concluyó con la promesa de activar rápidamente el perezoso trámite. Eso ocurrió el 24 de mayo último. Hasta ayer, 2 de setiembre, no hubo otra novedad.
Quizás el gran obstáculo que encuentran las autoridades para completar el trámite y permitir así que dé comienzo la ejecución del proyecto radica en los 500.000 pesos que debe aportar la Argentina, ya que en este caso el fondo de contrapartida es de solamente 10 por ciento. Por tratarse de un préstamo de los llamados De Innovación y Aprendizaje, se devuelve en 20 años, con cinco de gracia. Por lo que ha podido saberse, la carpeta se aburrió diez meses, de noviembre de 2000 a agosto de 2001, en el escritorio mayor del Ministerio de Desarrollo Social, para viajar el mes pasado a los dominios de Cavallo, donde nadie parece tampoco tener prisa.
Otro crédito del Banco Mundial, también por 5 millones, corresponde al área del Consejo Nacional de la Mujer, e intenta el desarrollo de capacidades a nivel familiar en temas como la violencia y la salud reproductiva. Esta financiación, ya acordada, no termina de cuajar porque desde noviembre pasado el trámite permanece tieso en el área de Presupuesto del Ministerio de Economía, habiendo visto pasar ya tres ministros. En el BM se muestran particularmente irritados por este inmovilismo, ya que deben mantener el dinero a disposición, pero sin que la línea se active porque el país sigue demorando la firma de los acuerdos legales. En general, la actitud argentina consiste en obtener un crédito, no utilizarlo pero tampoco decidirse a darlo de baja, pagando alegremente las comisiones de compromiso.

El gasto político tiene tela para cortar pero no tanto como se cree

Un informe de una consultora privada, en base a los presupuestos nacional y provinciales, revela que el denominado gasto político representa no más del 5,3 por ciento del gasto público consolidado total. Ese documento fue elaborado por el Grupo Sophía.

Por Cledis Candelaresi

A juzgar por los grandes números, la reducción de los costos de la política difícilmente solucione las angustias fiscales del país. Según concluye un análisis que formuló el Grupo Sophía sobre datos de los presupuestos nacional y provinciales, las remuneraciones de todos los funcionarios considerados “políticos” –que ocupan cargos electivos o fueron contratados provisoriamente por éstos– insumen no más del 5,3 por ciento del gasto público consolidado total. Esto no significa que no haya margen para depurar la grilla pública, que en muchos casos es utilizada para fomentar el clientelismo de los partidos con acceso al Gobierno. Pero los datos también sirven para redimensionar el valor económico del plebiscito que anunció días atrás el presidente Fernando de la Rúa.
Este informe de un grupo de especialistas que, justamente, están más cerca de las posturas del liberalismo que de las de Raúl Alfonsín, deja descolocados a los sectores del Gobierno que tomaron como bandera la rebaja del gasto político. Y que impulsan con fervor el plebiscito. En los últimos días se verificó un contrapunto por ese tema entre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el titular de la Unión Cívica Radical y candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires, Raúl Alfonsín. El presidente Fernando de la Rúa, fiel a su estilo, tuvo una tibia intervención (ver recuadro).
Fernando de la Rúa anticipó su intención de realizar en noviembre, después de los comicios parlamentarios, una consulta popular para definir en base a ella un recorte al gasto político. No precisó ni la envergadura de esa poda ni cuál sería el criterio para realizarlo. Pero la presunción más cierta, hasta el momento, es que desde la Nación se impulsará una reducción de los poderes legislativos provinciales, tal como hizo la provincia de Córdoba a propuesta del justicialista José Manuel de la Sota. Al respecto, en ese distrito se celebraron ayer elecciones para elegir constituyentes que integrarán la convención que cumplirá con el objetivo de bajar el gasto político expresado por los cordobeses en la consulta popular de julio pasado.
El documento de trabajo del Grupo Sophía, titulado “Gasto en Funcionarios Políticos, funcionarios Temporarios y Legisladores” detalla cómo se distribuyen los 5394 millones de pesos que destinan a cubrir este rubro todas las jurisdicciones del país: 1005 millones corresponden a la Nación, 3494 millones a las provincias y 895 millones a los municipios.
Consigna que la Nación asigna menos del 2 por ciento a cargos políticos para cubrir todas las remuneraciones de esta categoría, tanto las del Congreso nacional como las del Poder Ejecutivo. Sobre los 300 millones de pesos anuales asignados a esa categoría de puestos, más de 200 millones son insumidos por contratos en sus diversas modalidades. Algunos son para asesorías, cuya necesidad en muchos casos es discutible. Con otros, sin embargo, se ocupan cargos vitales, que el congelamiento de vacantes en la administración central no permite cubrir de otro modo.
El peso del gasto político es mayor en el caso de las provincias y los municipios, donde, de todos modos, apenas roza el 10 por ciento del total de las erogaciones. La relación cambia dramáticamente si lo que se considera es sólo el “gasto en la administración” estatal, es decir, excluyendo la prestación de todos los servicios (Seguridad y Justicia, en el caso de la Nación; Salud y Educación en el de los estados del interior). Los 3750 millones de pesos que destinan las provincias para sostener a sus ejecutivos y legislaturas representan el 93,17 por ciento de los costos administrativos.
Aun desde esta perspectiva, los técnicos del Grupo Sophía advierten sobre los riesgos de postular un ajuste por la vía de las remuneraciones. Tal como subrayan en el trabajo, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y responsable de la administración de 40 mil millones de pesos anuales, gana 5600 pesos contra los 16.600 pesos mensuales del director de finanzas de una empresa privada. Por la vía dedesalentar al personal jerárquico bien puede estimularse la purga del personal público más capacitado hacia la actividad privada o bien inducirlo a reforzar ingresos por alguna vía ilegítima.
Si el recorte del gasto político se planea achicando indiscriminadamente la grilla de contratados, se corre el serio riesgo de hacer pagar a justos por pecadores, midiendo con la misma vara a ñoquis y a trabajadores capaces. Algo semejante a lo que ocurre con los recortes horizontales de salario.
Si la propuesta oficial consistiera en suprimir cargos electivos, el peligro consistiría en debilitar las instituciones que se decidan reducir. Esto no significa, en embargo, que los presupuestos públicos no dejen tela para cortar.
Presumiblemente sea un exceso que los senadores de la Nación puedan optar entre más de cuarenta comisiones, cada una de las cuales les da derecho a realizar designaciones. Posiblemente, hay margen para revisar los 30 millones de pesos del presupuesto de la Biblioteca del Congreso (el 98 por ciento dedicado a salarios), que triplica al de la Nacional.
Quizá, los legisladores formoseños dispongan de un presupuesto demasiado holgado en relación a otras provincias. Cada uno de ellos insume –incluyendo su propia dieta– 1,9 millón de pesos anuales, secundado por los bonaerenses, con 1,3 millón, pero muy lejos de los 165 mil pesos que le corresponden a los puntanos.

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