Por Irina Hauser

El viernes a las ocho de la mañana, el titular de AFIP, Armando Caro Figueroa, golpeó la ventanita de vidrio de la fiscalía de Guillermo Marijuán. Mientras espiaba a través del cortinado, vio venir al propio fiscal hacia él. Saludos formales mediante, el cavallista entregó una voluminosa carpeta como símbolo de su inocencia. Contenía explicaciones sobre su rol en la historia de las jubilaciones riojanas y una copia de las actas que él firmó cuando era ministro de Trabajo del gobierno de Carlos Menem y que, alegan en la ANSeS, lo comprometen en la concesión de retiros totalmente falsos. Los investigadores allegados al juzgado de Rodolfo Canicoba Corral –donde está radicada la causa de los controvertidos beneficios– pasaron el día analizando los papeles. “Caro Figueroa no hizo más que documentar su responsabilidad y la de otros funcionarios”, concluyeron, según pudo saber Página/12. Lo citarán a indagatoria cuando termine la ronda de declaraciones de 148 jubilados truchos del Banco de La Rioja, que empieza hoy.
Una noción del impacto político que está generando la pesquisa sobre las jubilaciones riojanas la dio el viernes la decisión del juez provincial Enrique Chumbita: le pidió a Canicoba Corral que se declare incompetente y le mande todo el expediente a La Rioja. Chumbita es el mismo magistrado que le permitió a Menem –quien lo nombró juez durante su gobernación– candidatearse a senador aunque esté preso. Mantiene, además, una excelente relación con Eduardo Menem, cuya corriente domina la provincia. El conflicto de competencia no detiene los interrogatorios ni otras posibles medidas.
A pesar de que desde hacía dos meses venía recibiendo pedido tras pedido de los imputados para que se apropiara de la causa, Chumbita esperó el momento justo. Es que en un comienzo, el expediente delegado a Marijuán se ceñía a 747 jubilaciones del sistema bancario. Pero esta semana la ANSeS anuló 1250 beneficios jubilatorios concedidos en La Rioja por el régimen de amas de casa a mujeres desde 25 años y que incluso viven en otras provincias. También presentó una denuncia penal, con tanta puntería que aun por sorteo le tocó otra vez a Marijuán. A todo esto, se sumó que en los últimos quince días los investigadores tanto judiciales como del ente de la seguridad social comenzaron a ver con más claridad cómo la trama provincial del reparto de retiros falsos se completaba a nivel del gobierno nacional.
En ese sentido, fue clave la declaración de Pablo Díaz, un concejal del Frente Grande riojano, pionero en el seguimiento del tema en danza. Díaz apareció sorpresivamente en los tribunales federales y dijo bajo juramento que existían una serie de actas complementarias del convenio –firmado en 1996 por iniciativa de Domingo Cavallo– de transferencia de las cajas previsionales provinciales a la Nación, que habían dado por legítimas una infinidad de jubilaciones previamente cuestionadas por la ANSeS. Cuando el concejal comenzó a citar nombres de beneficiarios, los secretarios que le tomaban nota arquearon las cejas: varios de ellos ya estaban citados a indagatoria como sospechosos porque existen pruebas de que sus solicitudes y fichas para retirarse como bancarios habían sido armadas con contratos de locación de servicios apócrifos y firmas de gerentes del banco de La Rioja falsificadas. Esas personas nunca habían trabajado en la entidad bancaria o no lo habían hecho el tiempo suficiente.
Cuando en la ANSeS observaron quién firmaba esas actas descubrieron que en tres de ellas aparecían Caro Figueroa como titular de la cartera laboral y, en otras tres, su sucesor Antonio Erman González. Siempre suscribían también el gobernador riojano Angel Maza, algunos funcionarios provinciales, y en ciertos casos acompañaban el ex ministro del Interior, Carlos Corach, y el ex titular de Economía, Roque Fernández. La responsabilidad de todos ellos está siendo analizada en tribunales. Erman, desde su celda –y con el recuerdo indeleble de haber tenido que dejar el gobierno de Menem por cobrar una jubilación de privilegio de 8000 pesos– calló cualquier comentario al respecto. Caro Figueroa presentó una carpeta llamativamente elaborada después de que este diario dio a conocer detalles de las actas en cuestión. Primero se puso a disposición de la Oficina Anticorrupción (OA) y, luego, de la fiscalía.
En ese material, Caro Figueroa explica que durante su gestión La Rioja llegó a transferir 22 mil jubilaciones (de todas sus cajas) a la Nación y se jacta de haber ordenado “suspender preventivamente 4200 beneficios” jubilatorios en abril de 1997. En relación al régimen previsional de amas de casa, dice, anuló 1800 beneficios, ninguno de ellos, asegura, rehabilitado durante su gestión. Esas decisiones se tomaron en base a señalamientos de la ANSeS. La baja de los retiros desató una crisis y el Gobierno –siempre según el cavallista– se tuvo que comprometer a hacer una revisión. De allí surgen las famosas actas complementarias que restituyeron parte de los beneficios con su firma y, después, con la de Erman, hasta volver a las 22 mil jubilaciones del principio. Hay una última acta que se firmó durante el gobierno actual.
“De por sí es una contradicción dar de baja primero y después volver atrás. De todos modos, lo que importa es que entre esas actas, tanto las firmadas por Caro Figueroa como por Erman González, hay muchos de los 148 beneficiarios de jubilaciones cuya falsedad está totalmente acreditada y que están llamados a indagatoria”, explicó un funcionario de la causa. “Por eso decimos que Caro le habrá ahorrado a la ANSeS el trámite de mandar la documentación a la Justicia pero documentó su responsabilidad y la de otros funcionarios”, añadió el informante.
El gobernador Maza se cansó en todo este tiempo de pasearse por despachos oficiales porteños haciendo gestiones no sólo para borronear su posible compromiso en esta historia, sino para evitar que exploten de ira los habitantes de su provincia, otrora encandilados por las jubilaciones caídas del cielo. El fraude de todas las cajas de su provincia, superior a 300 millones de pesos, ya le importa poco. El único jubilado trucho que declaró hasta el momento dijo ante el juez que le habían dado el beneficio a cambio de un voto. Entre todos los demás, seguramente habrá de todo. Entre los citados a indagatoria hay –por ejemplo– amigos, familiares y conocidos de los Menem y los Maza, así como diputados en ejercicio.
En una próxima etapa, Canicoba Corral citará a los funcionarios que corresponda. La esperanza, ya no sólo de los riojanos que mandan, está depositada en que Chumbita gane la pulseada.

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