Por Carolina Bilder
Desde Madrid

–La semana pasada, antes de salir de viaje, usted revocó los llamados a declaración indagatoria del ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y de Alberto Flamarique y del senador José Genoud en la causa por los presuntos sobornos en el Senado. La Oficina Anticorrupción se quejó por su decisión, al igual que el fiscal Delgado, en lo que se interpretó como una desvinculación de estas personas de la causa.
–En primer lugar, fue el doctor Liporace quien fijó esas indagatorias e inmediatamente renunció. Yo me hice cargo del juzgado y cuando llegué las suspendí porque no conocía la causa. Necesitaba conocerla para poder tener una opinión fundada sobre si la sospecha para mí era lo suficientemente grave como teóricamente lo fue para él. Mientras tanto, la causa estaba apelada en la Cámara Federal y yo producía medidas de prueba. En estos 6 meses de producción de medidas de prueba, las que se han acumulado en este expediente de ninguna manera establecen un grado de sospecha para estas tres personas que tenga la entidad suficiente como para llamarlos a indagatoria. Habría que pensarlo al revés: ¿qué es lo que debería haber hecho yo a criterio de la Oficina Anticorrupción o del fiscal Delgado? ¿Producir la indagatoria sin prueba para oponerles qué cosas a la excusa que ellos podrían llegar a dar? ¿Con qué objeto hubiera producido yo la indagatoria si con la prueba que tengo hasta este momento no puedo producir un pronunciamiento de mérito posterior? ¿Eso es lo que debí haber hecho para que ellos se quedaran conformes? Yo me manejo con la prueba y hasta el momento no ha dado el fruto necesario. Pero de ninguna manera mi resolución implica el cierre de la causa.
–Entonces, si la causa no se cierra, ¿cómo se encaminará de ahora en adelante?
–De ninguna manera en la resolución se establece que De Santibañes, Flamarique o Genoud hayan quedado desvinculados de la causa. Ahora todos están en las mismas condiciones, estas tres personas y los otros 11 senadores: todos están sospechados y estamos tratando de juntar la prueba necesaria como para que ese estado de sospecha progrese y entonces sí reeditar estas indagatorias y llegar tal vez a un pronunciamiento de mérito. Por eso me parece confuso lo expresado por la Oficina Anticorrupción y por el fiscal Delgado. Por otra parte quiero señalar que celebro que la OA se interese en el resultado de la causa, porque en esta causa, con este tiempo, no se había presentado. De manera que celebro que el Poder Ejecutivo se preocupe de causas donde varios de sus ex miembros han tenido una imputación tan severa. Y me alegro de que colabore y me sugiera medidas y caminos a seguir.
–¿Habrá nuevas medidas de prueba?
–Hay muchas medidas de prueba todavía por delante que se establecieron también en esa resolución del viernes que, curiosamente, llama tanto la atención. Y muchas otras que ya se habían ordenado antes y que están en elaboración. Por ejemplo, es muy importante distinguir entre la pericia que hizo la Oficina Anticorrupción respecto de los dos cheques que la fiscalía cuestionaba, de la verificación posterior que se haga de cada uno de los documentos que la SIDE acompañó para justificar esos gastos. Todo eso todavía no está hecho y yo estoy ordenando hacerlo. Lo mismo que la pericia contable sobre la investigación patrimonial de todos los imputados, incluso de estas tres personas. Eso se está haciendo. En consecuencia, yo necesito contar con esa prueba para decir “de todas estas personas existe prueba para estas tres, o para estas cuatro”, y entonces tomar las declaraciones interrogatorias que correspondan. Esta es la situación. No hay ningún secreto ni nada raro en esto.
–Las suspicacias respecto de esa resolución están unidas al hecho de que justo ahora su pliego para ascender a camarista tiene la firma del Presidente y espera la aprobación, precisamente, de la Comisión de Acuerdos del Senado. Hay quienes llegaron a mencionar un acuerdo con el Gobierno, recordando que un mes atrás usted dijo que tenía la certeza de que los sobornos existieron, aunque la causa carecía de pruebas.
–Sigo teniendo la certeza de que algo ilícito aconteció en la sanción de la Ley de Reforma Laboral y esa convicción es la que me anima a seguir investigando. Si no, hubiera cerrado la causa. Pero ocurre que la prueba puede alcanzar para tener una sospecha general, pero puede no alcanzar a la hora de determinar claramente las responsabilidades. Yo no puedo afirmar hoy “fulano y mengano fueron los que pagaron; sultano y perengano fueron los que cobraron a tal día, a tal hora y en tal lugar”. No tengo pruebas para decir eso hoy. Yo lo lamento, he hecho todo lo posible, pero no las tengo. Lo que no significa que no siga sospechando y consecuentemente siga investigando. Por otra parte, y en relación con mi eventual ascenso a la Cámara Federal, me parece que esas especulaciones son fruto de las típicas mentes retorcidas que todavía existen en la Argentina y que tratan de vincular cosas que no tienen nada que ver. Me parece una infamia si alguien me acusa de que estoy en algún negocio o en algún acuerdo con el Gobierno, cuando todos los que me conocen saben perfectamente bien de mi compromiso y de mi independencia para con la investigación de los casos que me han tocado. Si yo hubiera especulado en algún momento con mi eventual ascenso, jamás hubiera sacado en marzo de este año la nulidad de las leyes, ni hubiera procesado por actos de corrupción al primer funcionario de este gobierno (Tognieto), que también tiene que aprobar mi pliego. O jamás hubiera investigado al establishment económico como lo hice el año anterior. Este concurso por el que estoy aspirando se inició en mayo de 2000 y el último examen que rendí lo hice el 5 de diciembre. De manera que Liporace todavía era el juez y yo no tenía idea de que iba a quedar a cargo de esta causa. Y, por último, yo no produje ningún pronunciamiento de mérito que implique la incriminación o la desincriminación de ninguno de los imputados. De manera que no entiendo por qué me va a premiar el Gobierno. Nunca dije esta persona es inocente o esta persona es culpable, porque todavía estoy investigando. Es cierto que quedé en la terna para que el Presidente elija. Ganar es una aspiración personal, un anhelo de justicia personal, pero perder no me hubiera vuelto loco. Seguiré cumpliendo con mi tarea como lo hice durante todos estos años. Yo no soy un juez que se haya caracterizado por ser amigo del poder. Y creo que eso está muy claro.
–En relación con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Alberto Kohan, ¿le han respondido los exhortos que envió a Suiza, a las Bahamas y las Caimán para saber si tiene cuentas a su nombre?
–Todavía no he tenido respuestas. Hasta el momento, lo único que hubo fue un señalamiento del procurador suizo respecto de que en el caso del enriquecimiento ilícito ellos no tienen una norma equivalente en su jurisdicción. De manera tal que informarían lo que se les pidió, pero no bloquearían las cuentas en base a una investigación que tuviera como objeto el enriquecimiento ilícito.
–En la conferencia que acaba de dar señaló que la sociedad apoya en un 80 por ciento la nulidad y la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. ¿Qué sucede en otros ámbitos, como el judicial, en donde hasta el momento no hubo otros jueces que se hayan pronunciado con fallos similares al suyo?
–Creo que si, hasta el momento no hay un acompañamiento de otras resoluciones judiciales, no es necesariamente porque la Justicia no comparta la decisión, sino porque existen otros factores que hacen que tal vez se esté esperando que los tribunales superiores confirmen o no lo queyo hice. Por supuesto que eso ayudaría. Pero va a haber que esperar a que haya nuevas presentaciones que obliguen a los jueces a pronunciarse, o que la Cámara resuelva esta cuestión y luego ver qué es lo que sucede con las víctimas. Vamos a tener que esperar a que se produzcan las investigaciones de cada caso, luego la prueba y recién ahí tomar una decisión. Las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad no se pueden tomar de oficio. De manera tal que habría que investigar primero si existen otras presentaciones en ese sentido. Sé que las hay en el interior del país, pero no sé si las hay en la Capital. En relación con los demás juicios que se están llevando a cabo, por ejemplo el del Plan Cóndor o el del plan sistemático de apropiación de bebés, o los pedidos de colaboración de distintos jueces del exterior respecto de la detención de ciudadanos argentinos, no necesariamente implican una decisión como la que he tomado yo para llevar adelante esas acciones.
–La decisión está ahora en manos de la Cámara Federal y luego llegará el pronunciamiento de la Corte Suprema. En caso de que el fallo sea confirmado, ¿cómo afrontará la Justicia los nuevos juicios que probablemente se reinicien contra los militares? ¿Comparte la idea de crear un tribunal especial?
–A mí no me gusta la idea de tribunales o comisiones especiales. Nunca dieron buen resultado. Creo que los jueces tienen el suficiente bagaje técnico como para hacerse cargo de esta situación si se los ayuda con los recursos necesarios, tanto técnicos como de personal. En caso de que esto se lleve adelante y verdaderamente se reabran todos los juicios que se supone se van a iniciar, estimo que el Consejo de la Magistratura o la Corte van a tener que establecer alguna clase de refuerzo de personal, de espacio físico y de recursos materiales. De todos modos, no será ningún impedimento el hecho de no contar con esos medios, aunque sí será una situación que conspirará contra la velocidad en el trabajo.
–Desde un punto de vista internacional, ¿este nuevo escenario influiría en el desarrollo de los procesos que otros jueces llevan adelante fuera de Argentina, por caso, el de España?
–No sé si va a repercutir en España. Tal vez sí. Pero yo estoy del lado de la vigencia plena de una jurisdicción universal y me gustaría que hubiera proceso aquí y que hubiera proceso allá. Porque esto demostraría que no es solamente un problema de la Argentina, sino que es un problema de la comunidad internacional en su conjunto. No me gustaría que los procesos se detuvieran en España porque se iniciaron los procesos en Argentina, porque eso implicaría un retroceso en pos del anhelo de jurisdicción o de justicia universal. Sería perfectamente posible que coexistan.
–En la conferencia de prensa con periodistas extranjeros, se refirió a unos recientes pedidos de colaboración que le envió Garzón para la detención de ciudadanos argentinos. ¿Quiénes son esas personas y a qué causas se refiere?
–Aún no lo sé. Es una información extraoficial porque ocurrió cuando yo me encontraba ya fuera de Argentina. Todavía no he analizado esos pedidos, pero en el caso de Garzón me está pidiendo la detención de 18 personas en relación con las causas que lleva adelante en España por genocidio, torturas y terrorismo. De manera que me ocuparé de esto cuando regrese a Buenos Aires.

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