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Las Naciones
Unidas son una organización donde las relaciones de fuerzas
nominales se encuentran en contraposición dramática
con las relaciones de fuerzas reales. Hay al menos cuatro niveles
o cámaras de decisión, que corrigen o tratan de corregirse
entre sí, en una escala de menor a mayor: el nivel inferior
está ocupado por la Asamblea General, donde el voto de Nigeria
vale igual que el de Estados Unidos pero las resoluciones suelen
ser no vinculantes, y sí poco más que expresiones
de deseos (o bien taparrabos diplomáticos) de los países
miembros; el nivel ejecutivo empieza en el Consejo de Seguridad,
pero las instancias de decisión radican en los cinco de sus
miembros con poder de veto (Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña,
Francia y China, que incidentalmente son también las cinco
potencias nucleares “legítimas”) y en definitiva
en el primero de estos últimos, que siendo la potencia con
mayor interés en la preservación de la estabilidad,
se vuelve también el parámetro a partir del cual se
define cuáles nuevas operaciones son posibles y cuáles
no.
De algún modo, los hechos en la Conferencia de la ONU contra
el Racismo en Durban, Sudáfrica, son una extrapolación
de las tensiones entre estos distintos niveles de decisión.
Porque la autoridad de decisión no se desplaza en una dirección
única de arriba a abajo, sino que es condicionada y modificada
por el modo en que llega a los escalones inferiores: la Asamblea
General y algunos de los países con poder de veto del Consejo
de Seguridad tienden a votar sistemáticamente en dirección
opuesta a la de Estados Unidos, ante lo cual una de las respuestas
norteamericanas en los últimos años ha sido la retención
del pago de las cuotas estadounidenses (las mayores medidas en términos
de contribuyentes individuales) a la organización internacional.
De ser por la Asamblea General, Israel habría sido borrada
de la faz del planeta varias veces, y Estados Unidos, más
o menos la misma cantidad de veces. Por eso, la Conferencia de Durban
es una especie de Asamblea General ampliada, de una especie de Superasamblea
General, aumentada con la participación lateral de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG), donde uno de los objetivos ha sido la
deslegitimación del Estado de Israel por medio de la equiparación
entre sionismo y racismo. No se trata de una política nueva:
la Asamblea ya hizo la misma equiparación en 1975, y sólo
levantó esa caracterización en 1991, con el inicio
del proceso de paz. Ahora, con ese proceso en crisis, los enemigos
de Israel vuelven al ataque.
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