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Por
Irina Hauser
 “Un
día se me acercó un ordenanza y me preguntó si me
quería jubilar. Yo sabía que no  cumplía
con las condiciones para retirarme pero igual le dije que sí”,
admitió Mario Bazan, un cajero del Banco de La Rioja, al declarar
ayer en la causa en la que se investigan 747 jubilaciones bancarias truchas.
Entre las 12 personas que estaban citadas ayer a indagatoria como sospechosas,
sólo Bazan y un chofer de la entidad bancaria aceptaron contestar
las preguntas del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Guillermo
Marijuán. Ambos tropezaron en sus respuestas. Algunos de los imputados
que se negaron a declarar, ni siquiera trabajaron en el banco. Los interrogatorios
serán en total 148 y se tomarán durante este mes.
Gracias al ofrecimiento que describió, Bazan pudo jubilarse a los
36 años con 900 pesos por mes y a pesar de no cumplir con los 15
años de antigüedad exigidos, ya que había ingresado
en 1988. Incluso aún sigue en el puesto de cajero en el Nuevo Banco
de La Rioja. Según los expedientes jubilatorios que están
en poder de la Justicia, su retiro fue gestionado con un contrato de locación
de servicios apócrifo, supuestamente acordado con el banco en 1980,
pese a que no era la modalidad de contratación habitual. “Ese
documento es falso, lo debe haber hecho el muchacho que me ofreció
la jubilación”, dijo Bazan. Sin embargo, la firma que figura
en esos papeles es suya, según las pericias delos investigadores.
Antonio Barros, el otro hombre que aceptó declarar, fue chofer
del directorio del Banco de La Rioja y –según la pesquisa
judicial– no le alcanzaban los años de servicio para retirarse
ni tenía antecedentes para hacerlo como jefe de división.
Ayer sostuvo que los documentos que figuran en el expediente jubilatorio
no son los que él presentó y le dio al juez una copia de
su designación suscripta por el directorio. Cuando le preguntaron
cómo podía explicar que su firma, como acreditó la
pericia caligráfica, también figurara en un contrato de
locación de servicios falso, quedó boquiabierto y sin poder
dar ninguna respuesta.
Otras nueve personas desfilaron ayer –en un clima de nerviosismo–
por el juzgado de Canicoba Corral, pero se negaron a declarar. Raquel
Guillermina Arques, quien ni siquiera trabajó en el banco riojano,
rompió en llanto y llegó a decirle al fiscal que todos los
días reza por él. También se presentaron Patricia
Aballay, Oscar Alaniz, Pedro Alanis, Blanca Almonacid, Ernesto Almonacid,
Mario Avila, Néstor Barrionuevo y Vida Barrionuevo. El único
que faltó a la cita fue Américo Avila.
Todos ellos se jubilaron a partir de los 37 años, con beneficios
de 800 a 2600 pesos por mes, aunque la causa abarca también jubilados
de 32 años y retiros de hasta 6800 pesos. Fueron citados por los
delitos de defraudación y falsificación de documentos, ambos
excarcelables.
Hoy declaran otras 12 personas. Entre ellas estaba citado Miguel Buongiorno,
el masajista de Carlos Menem, pero mandó un escrito diciendo que
no podrá acudir porque sufre “cirrosis hepática alcohólica
y diabetes”. Más adelante será el turno de personajes
como el profesor de tenis de Zulemita Edgar Romero Chacón, la ex
diputada del PJ Marta Rivadera, y la prima del gobernador Angel Maza,
Gladys Susana Maza.
Los funcionarios que intervinieron en la concesión de todas estas
jubilaciones están siendo investigados por asociación ilícita,
un delito que podría llevarlos a la cárcel. El fraude producto
del reparto de retiros bancarios es cercano a los 60 millones de pesos.
A nivel provincial, Marijuán está analizando la responsabilidad
del gobernador Maza y de Diego Alvarez, su principal asesor de gobierno
y ex integrante del Organismo Interjurisdiccional que otorgaba los beneficios.
En el orden nacional, están en la mira el papel del ex ministro
de Trabajo y actual titular de la AFIP Armando Caro Figueroa, de su sucesor
en la cartera laboral, Antonio Erman González, del ex ministro
del Interior Carlos Corach y del ex titular de Economía, Roque
Fernández.
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