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Por
Raúl Kollmann
 Transcurrido
gran parte del juicio oral surgido del caso AMIA, lo lógico es
que sean condenados cuatro o cinco ex militares carapintadas acusados
de robar armas de cuarteles del Ejército y vendérselas a
ladrones de camiones blindados. Pero serían condenados por ese
delito y no por tener relación con el atentado. Además,
zafarían de otra acusación de peso ya que todo indica que
el tribunal no considerará que integraron una banda –asociación
ilícita– sino que se juntaron para realizar alguna operación
con los delincuentes. Lo más importante que podría surgir
del juicio es que el tribunal resuelva investigar el comportamiento del
ex comisario de la Bonaerense Angel Salguero, a quien se le imputaría
haber armado todo el caso para desviar las pistas de la causa AMIA que
llevaban a la Policía Bonaerense y dirigirlas hacia este grupito
de carapintadas. Es muy probable que los fiscales hagan ese pedido. Ayer,
un subordinado inmediato de Salguero complicó aún más
su situación, ya que no pudo explicar por qué el ex comisario
Juan José Ribelli –imputado como cómplice del atentado–
estuvo presente junto a Salguero en un allanamiento clave a Campo de Mayo.
En los domicilios de los suboficiales Coppe, Villarino, Salomone y Pérez
se encontraron armas y explosivos, por lo que podrían ser condenados
por ese delito: acopio de armas de guerra. Un caso dudoso es el de Miguel
Angel Lovera, que integraba el grupo, pero que resulta dudosa la forma
y el resultado del allanamiento a su casa. De todas maneras, en el transcurso
del juicio quedó bastante en claro que estos ex oficiales y suboficiales
carapintadas hacían negocios con lo que robaban del cuartel. Todos
los demás imputados, incluyendo al ex buzo táctico, especialista
en explosivos, Jorge Pacífico –que vendía un helicóptero
de un amigo–, quedarían libres y sin pruebas en su contra.
La pista de los carapintadas fue introducida al caso AMIA por el comisario
Angel Salguero, destinado por la Bonaerense a esa investigación.
El Negro, como le dicen a Salguero, venía de ser jefe de la Brigada
de General Sarmiento, justito donde operaban los carapintadas. O sea que
podría haber conocido la banda y, tal vez, aprovechó la
oportunidad para endosarles las sospechas que cada vez con mayor fuerza
caían sobre oficiales de la Bonaerense, en especial su colega Juan
José Ribelli. El argumento con el que Salguero convenció
a Galeano fue que esa banda de carapintadas habría sido la que
le vendió los explosivos a los terroristas que actuaron en la mutual
judía.
En el juicio quedó evidenciado un origen más que turbio
del caso. La denunciante de los carapintadas fue una mujer, Elba Fernández,
que había sido amante de Salguero y que además tiene dos
hijos con otro oficial de la Bonaerense que trabajaba con El Negro. La
hija de Fernández, Elba Cañete, también fue denunciante,
pero en el juicio se desdijo y terminó presa por falso testimonio.
Ella también mantenía relaciones con los policías
y con uno de los imputados, Coppe. O sea que el caso se armó en
una zona que era conocida de antes por Salguero y con un grupo de gente
que también era conocida del Negro. Tal vez por este inicio tan
sospechoso del expediente, el tribunal termine anulando todo, pero una
medida semejante no será pedida por los fiscales.
Ayer declaró el ex jefe de operaciones de la Brigada de Quilmes,
Carlos Vasenas, quien se mostró ante el tribunal con un susto de
película. Siendo el encargado de buena parte de las medidas e investigaciones
que ordenaba Salguero, no se acordó de un montón de cosas
y no pudo explicar un dato clave: por qué cuando se allanó
Campo de Mayo y se detuvo a los carapintadas estuvo presente Juan José
Ribelli, luego acusado en la causa AMIA. El tema justamente tiene que
ver con que el supuesto armado del casode las armas y explosivos tal vez
fue hecho por Salguero para sacarle de encima las sospechas que amenazaban
a Ribelli.
El juicio ARMIAS –mitad armas y mitad AMIA– fue una pintura
de la desastrosa forma como se investigó el atentado: policías
que tendieron trampas usando amantes, prostitutas y confidentes, la SIDE
tapando su papelón, un magistrado, Juan José Galeano, que
permitió que todo ello ocurriera y, por encima de todo, la ausencia
absoluta de voluntad política de la gobernación bonaerense
y del gobierno nacional.
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