Por Eduardo Tagliaferro

Cuando los funcionarios judiciales que investigan la venta ilegal de armas le pusieron fecha a la declaración de Carlos Menem, todas las voces del menemismo reclamaron que también fuera interrogado Domingo Cavallo. A primera hora de ayer, cuando nadie presumía su llegada a Comodoro Py, el actual ministro de Economía se presentó frente al juez en lo penal económico Julio Speroni y durante más de dos horas respondió a las más de 40 preguntas que tenía preparado el tribunal. Allegados al expediente, admitieron que Cavallo no inculpó a ningún ex funcionario. Incluso en un comunicado de prensa precisó que “hasta 1995 no conoció, ni sospechó de ninguna irregularidad” vinculada a la firma de los decretos presidenciales que autorizaron la venta de material bélico a Croacia y Ecuador. Aunque Cavallo contestó todas las demandas del tribunal, está previsto que la indagatoria continúe el próximo viernes.
Las investigaciones que lleva adelante Speroni son conexas a la causa que se tramita en el juzgado federal a cargo de Jorge Urso. El magistrado en lo penal económico instruye el contrabando de 230 toneladas de pólvora y de armamento proveniente de Fabricaciones Militares. La firma de Cavallo y de Menem aparecen en los tres decretos que ampararon la maniobra. Aunque ambos hayan firmado los decretos, frente a la causa penal económica, sus responsabilidades son diferentes. Así como Menem fue responsable de toda la administración gubernamental, en la órbita del ministro de Economía y a sus órdenes estaba la Aduana. Por ese motivo el breve comunicado difundido por el Ministerio de Economía precisó que “no se hizo más que repetir las previsiones que desde 1984 contienen los decretos sobre ventas de armas”. La frase está destinada a deslindar la posible inacción de la Aduana frente a una exportación que a todas luces demostró que desde las terminales portuarias se despachó material usado, en lugar de piezas nuevas como definían los decretos. Incluso por este material se cobraron generosos reintegros.
La apelación de Cavallo a las normas vigentes busca demostrar que la Aduana no podía revisar los containers que llevaban el rótulo de “material bélico secreto”. Desde el ‘84, durante el gobierno de Alfonsín, rige una norma sobre “las exportaciones de material sensitivo” que les concede a estas ventas la categoría de reservada. Este es el principal punto que puede comprometer procesalmente a Cavallo, dado que si sus subalternos estaban autorizados a controlar las exportaciones y no lo hicieron, la responsabilidades también lo alcanzarían.
La temprana llegada de Cavallo a los tribunales fue acordada el pasado viernes entre los asistentes del ministro y del juzgado. La medida le permitió ingresar y salir de Comodoro Py con cierto sigilo aunque no pudo evitar ser fotografiado. Su declaración siempre fue esperada con atención, ya que en su libro El peso de la verdad había manifestado que la visión industrialista de Antonio Erman González, por entonces ministro de Defensa, contemplaba la fabricación y venta de armamento como una importante fuente de recursos. Incluso en el primer capítulo de su libro, Cavallo entrega un descarnado diálogo con Menem. Conversación en la que el ministro interrogó al ex presidente por la aparición de las primeras informaciones que daban cuenta de la presencia de armas argentinas en los Balcanes. “El Presidente me contestó que él entendía que si existía la triangulación era responsabilidad de empresas privadas y no del gobierno. Y Kohan agregó con picardía que si esas armas no las vendíamos nosotros las hubiera vendido otro”, sostiene Cavallo en el libro que escribió cuando abandonó el gobierno de Menem.
Cierto es que cuando desde la Justicia federal se le pidió a Cavallo una declaración por escrito, éste relativizó su libro y respondió que “era la información a la que había accedido después del ‘95”. Si bien se espera que el próximo viernes continúe su indagatoria, en los tribunales seintuye que Speroni podría dictaminar “una falta de mérito”. Es decir que hasta el momento no hay elementos que lo involucren en las investigaciones, pero deberá seguir ligado a ella.
Algunos hechos que se instruyen en el fuero penal económico son los mismos que se investigan en la causa federal. Eso llevó a los defensores de Menem a sostener que plantearían la unificación de las causas. Medida que no necesariamente puede beneficiarlos. Luego de las elecciones nacionales del 14 de octubre, por el juzgado de Speroni desfilarán el ex presidente Menem, su ex cuñado Emir Yoma y el ex canciller Guido Di Tella. Algunas de esas declaraciones le fueron ordenadas al magistrado por sus superiores de la Sala B de la Cámara Penal Económica. En el dictamen de los camaristas se precisaba que la citación de Menem sería una indagatoria. Es decir que existe un fuerte estado de sospecha sobre él. En Comodoro Py se mostraban sorprendidos ayer porque Cavallo no figuraba entre los citados por la Cámara, ni tampoco en el reciente listado difundido por Speroni.

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