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Por
Cledis Candelaresi
 “La
transformación de la ANSeS será imparable”, prometió
ayer la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, durante el acto en el
que ese organismo bajo su órbita firmó con la Jefatura de
Gabinete un acuerdo que transformará el funcionamiento de sus gerencias.
Los futuros ocupantes de estos cargos –casi la mitad de los que existían
pocas semanas atrás-estarán obligados a cumplir un plan
para mejorar la eficiencia del organismo, bajo amenaza de que, si no lo
hacen, sus futuras remuneraciones serán recortadas. La reestructuración
del organismo responsable del pago de jubilaciones, pensiones y subsidio
por desempleo también incluirá una baja de ñoquis
y reducción de contratos para ayudar a cumplir con el Déficit
Cero.
El instrumento legal firmado entre Douglas Lyall, titular de la ANSeS,
el secretario de Seguridad Social, Jorge Sanmartino, y el secretario de
Modernización, Marcos Makón, es una innovación denominada
“acuerdo programa”, que impone a cada gerente una serie de objetivos
periódicos. De no honrarlos en tiempo y forma, dejarían
de percibir (o percibirían recortado) un plus por productividad
de hasta el 30 por ciento de su remuneración básica, con
el que se intentará estimularlos y, en el peor de los casos, serán
relevados automáticamente de su cargo, ya que no tendrán
estabilidad.
Un aspecto singular de esta iniciativa es que a partir del 15 de septiembre
se abrirán concursos para cubrir todas las gerencias, con lo cual,
los compromisos rubricados ayer deberían ser luego ratificados
por los futuros ocupantes. Pero el Gobierno necesitaba dar una señal
urgente de que está avanzando en la reestructuración de
un organismo cuyas debilidades administrativas y corrupción le
hacen perder a la Seguridad Social 700 millones al año.
Ocupar gerencias mediante concursos de antecedentes en un hecho inédito
en la administración pública central. Pero la constatación
de un gran nivel de corrupción interna y la sospecha de que gran
parte de esos cargos ejecutivos son cubiertos con designaciones políticas,
ajenas a la eficiencia de la organización, hizo que el gobierno
apurara acá el modelo que planea extender al resto de reparticiones
del Estado.
Las gerencias de primer nivel acaban de disminuir de 18 a 10 y la remuneración
de sus ocupantes quedó en 5100 pesos mensuales de bolsillo, luego
de una reciente reducción del 18 por ciento. Las de segundo nivel
también se contrajeron de 64 a 38, y los sueldos de éstos
funcionarios son hoy de 4300 pesos. De este modo, la Administración
Nacional de la Seguridad Social consigue ahorrar 5 millones de pesos mensuales,
importe casi irrisorio en relación al volumen de recursos que maneja
y a lo que, se estima, se pierde por corrupción.
Pero, presumiblemente, ese cambio también sirve para sincerar una
estructura que históricamente fue refugio de los adictos al gobierno
de turno. “Hay capas geológicas de gerentes”, admitía
hasta hace poco Lyall. En la primera línea, y hasta que se resuelvan
los inminentes concursos, hoy sobreviven varios fieles al radicalismo
y el único cavallista del staff, Eduardo Campomar, renunció
hace una semana. Justo cuando el ministro de Economía consiguió
ubicar a Armando Caro Figueroa al frente de la AFIP, cediendo definitivamente
el control de la ANSeS y el PAMI, cuya reestructuración será
competencia de Héctor Rodríguez, hombre de la UCR.
De la decena de gerencias de nivel top, la de Control es quizás,
la que tiene la mayor responsabilidad en el combate de la corrupción.
Su titular, Juan José Laxagueborde, presumiblemente tranquilice
los ánimos de Raúl Alfonsín, siempre muy atento a
lo que ocurre en la ANSeS: es un ex diputado provincial del radicalismo,
quien hasta hace pocos días se desempeñó como tesorero
del Comité Provincia de ese partido.
Laxagueborde, o su eventual sucesor por concurso, está obligado
por el flamante acuerdo programa a reducir el fraude en el subsistema
deasignaciones familiares, dar de baja a las jubilaciones provinciales
irregulares, instrumentar la incompatibilidad entre empleo público
y la percepción de una jubilación, y mejorar el sistema
de control de supervivencia de beneficiarios.
Pero además de cumplir con estas ambiciosas metas, la ANSeS también
deberá hacer esfuerzos para reducir su presupuesto ajustándose
a las comunes normas de la administración pública: reducción
del 30 por ciento en el valor de los contratos, austeridad en las compras
y eliminación de ñoquis. Lyall habilitará un 0800
para denunciarlos.
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