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Por
Cristian Alarcón
El gobierno bonaerense que la semana pasada debió dar marcha atrás
con la decisión de sacar a los niños y jóvenes mendigos
de la calle para “protegerlos” poniéndolos a disposición
de jueces, tiene tales deudas con los hogares que cuidarían a esos
mismos chicos, que la propia Suprema Corte de Justicia provincial los
intima ahora a pagarlas. Así se lee en una resolución firmada
por el presidente del máximo órgano de la justicia provincial,
Elías Homero Laborde, a la que accedió en exclusiva Página/12.
Basado en la “delicada situación por la que atraviesan los
hogares y comunidades” que albergan a menores bajo patronato y en
el “inexorable riesgo” que corren, Laborde intima a la interventora
del Consejo Provincial, Irma Lima, a la “inmediata regularización
económica” de las instituciones dedicadas a la protección
de los chicos. Lima admitió que han existido hasta casi tres meses
de retraso en el pago de las becas y anunció que hoy el Estado
pagará las correspondientes al mes de julio. “No deberíamos
estar debiendo un solo día pero como está la situación
de la provincia digamos que estamos bastante bien”, le dijo a este
diario.
La resolución que con fecha 28 de agosto firma el presidente de
la Corte es el tramo final de un reclamo que comenzó en el juzgado
de Menores de Necochea a cargo de María Angélica Bernard
hacia marzo. La jueza había destinado a tres adolescentes de entre
14 y 16 años a una clínica de recuperación para adictos
del Gran Buenos Aires. Enterada por este cronista de la medida adoptada
por la Corte, Bernard contó que el reclamo
“se inició a raíz de una notificación de que
si no se pagaba a la entidad el 30 de julio dejarían a esos chicos
en la calle”. “En un sistema totalmente destrozado estos chicos
habían conseguido mejorar en una institución que trabaja
bien, con persistencia y estaban saliendo adelante”, explicó.
Por ello la magistrada ordenó una medida de no innovar y exigió
el dinero al Consejo del Menor. Desde el Consejo, por escrito, respondieron
que la plata no estaba disponible y el fiscal de Estado, Ricardo Scelagowski,
en representación de la provincia planteó una cuestión
de competencias enviando el asunto hasta la propia Corte.
Es así que se produce la intimación de Laborde, firmada
el 28 de agosto, un día antes que el juez de Garantías César
Melazo diera lugar a un recurso de amparo presentado por 15 Organizaciones
No Gubernamentales de La Plata por cuestiones similares; la falta del
dinero comprometido para la asistencia de cientos de chicos con causas
judiciales asistenciales o penales. Sucede que la resolución de
Melazo fue apelada por el fiscal de Estado –el mismo que planteó
problemas de competencia en el caso de Necochea–, tal como decenas
de resoluciones en las que ese juez, y otros, consideraron inconstitucional
la ley de Emergencia Económica que habilita al gobierno a recortar
aun por sobre lo pactado. Ayer la propia Irma Lima le contó a este
diario que “la gente de las ONG vino con una situación muy
angustiante porque les debíamos desde mayo y yo no podía
más que explicarles que no me bajaban los fondos. Hice una reunión
con funcionarios de Economía y prometieron que nos iban a ir mandando”.
La interventora explicó que desde el Consejo se solicitaron hace
un mes unos tres millones de pesos para pagarles a las ONG y las clínicas
de recuperación de adictos. Como el Ministerio de Economía
les envió un millón y medio “no nos alcanzaba para
todas –explicó Lima–, entonces les pagamos la mitad a
todas y después, cuando bajaron el otro millón y medio les
dimos la otra mitad”. Según Lima las ONG estaban “acostumbradas
a cobrar bimestralmente y por adelantado”, por ello el desfasaje
que les produjo el retraso del pago de becas a los hogares con redes de
contención más débiles resultó grave.
Así lo describe la jueza de Menores de Necochea: “No sólo
se trata de los tres chicos por los que exigimos el pago de las becas,
sino que tengo el mismo problema con los hogares de tránsito municipales,
en Tres Arroyos y Tandil. Quedan poquísimas camas en el sistema,
lo cierto es que está absolutamente desarticulado”. La resolución
de la Corte da cuenta de una”delicada situación” que
“conlleva un inexorable riesgo” para los chicos tutelados y
por eso le piden a Lima que informe las “medidas dispuestas a fin
de evitar que las demoras devenguen en perjuicio de la calidad de las
prestaciones brindadas a los niños y jóvenes” que viven
en hogares o comunidades terapéuticas.
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