|
Por
Javier Lorca
 Los
estudiantes universitarios deberán aprobar al menos dos materias
al año. También tendrán que aprobar como mínimo
el 70 por ciento de los exámenes que rindan y las materias que
cursen. Los que infrinjan ese régimen tendrán que pagar
una multa para poder volver a cursar o rendir. Así será
el nuevo régimen de regularidad estudiantil y rendimiento académico,
si prospera un proyecto de ley recién elaborado por el Ministerio
de Educación. Los rectores universitarios todavía no se
expidieron, pero los alumnos ya anticiparon su oposición: “Los
estudiantes tenemos derechos y obligaciones. Pero de ninguna manera una
cuestión académica puede tener sanciones económicas”,
dijo Manuel Terrádez, titular de la Federación Universitaria
Argentina.
El objetivo del ministerio que encabeza Andrés Delich es reformar
la Ley de Educación Superior (LES), sancionada durante el menemismo.
El artículo que se pretende cambiar es el polémico 50, donde
ya consta el mínimo de dos materias al año, pero donde nada
se dice de multas ni de porcentajes de rendimiento.
El texto propuesto señala: “Cada institución universitaria
dictará las normas de admisión y regularidad en los estudios.
Estas deben establecer requisitos en cuanto al número de exámenes
mínimos aprobados en el año, que no puede ser inferior a
dos, y en cuanto al rendimiento académico de cada estudiante, el
que no puede ser inferior al 70 por ciento de las oportunidades utilizadas
tanto para cursar como para rendir asignaturas. En todos los casos se
debe establecer un sistema de multas a sufragar por los repitentes de
exámenes o cursado de asignaturas. De igual manera, cada institución
deberá establecer los requisitos de admisión a las carreras
que se ofrezcan”.
En los fundamentos del proyecto se aclara que, si un estudiante no cumple
los requisitos y pierde su regularidad, “debería ser readmitido
una sola vez”. Si el estudiante demandara por segunda vez su readmisión,
la universidad tendría que hacer un estudio previo antes de resolver.
Con estas modificaciones a la LES, el ministerio pretende “seguir
contando con el apoyo mayoritario de la ciudadanía para sostener
la gratuidad de la enseñanza de grado”. La idea es que las
universidades presten “sus servicios de manera ordenada y eficaz
para que los estudiantes puedan organizar sus compromisos y su tiempo”.
Y, a la vez, se busca obligar a los alumnos a “aprovechar íntegra
y totalmente cada una de las oportunidades que demandan y les son ofrecidas”.
La definición del sistema de multas quedaría a cargo de
cada universidad.
La propuesta habla también por lo que omite. El vigente artículo
50 de la LES habilita a las facultades de universidades con más
50 mil alumnos a definir sus propios regímenes de admisión,
permanencia y promoción. Ese párrafo ahora sería
eliminado. Había sido hecho a medida del ex decano de la Facultad
de Medicina de la UBA, Luis Ferreira, para que creara su hoy caduco Curso
Preuniversitario de Ingreso (CPI).
El proyecto fue presentado por el secretario de Educación Superior,
Juan Carlos Gottifredi, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
que agrupa a todos los rectores. El Consejo aún no alcanzó
a tratar el tema. No obstante, ya se oyeron algunas críticas de
las autoridades académicas: “Es otro avance reglamentarista
sobre las universidades. El régimen de regularidad de los alumnos
es algo que le compete resolver a cada universidad”, se dijo desde
una de las grandes universidades del país. El presidente de la
FUA también criticó el avance sobre la autonomía
universitaria propio de la LES y que el nuevo proyecto profundiza. “No
hay que discutir reformas parciales para una norma que fracasó
estrepitosamente, hay que cambiar la ley –agregó–. Y
es absolutamente repudiable que se pretenda establecer sanciones económicas.
Eso es afán recaudatorio.”
Al margen, resulta curioso que el proyecto haya sido elaborado mientras,
en el seno de la propia cartera educativa, sigue funcionando la Comisión
para el Mejoramiento de la Educación Superior: una comisión
presidida por el exministro Hugo Juri y cuya misión es hacer un
diagnóstico y proponer reformas para el sector. Un integrante de
la comisión comentó a este diario que el nuevo proyecto
de ley nunca fue presentado ante ella.
Otra curiosidad aparece entre los fundamentos. Para que el contrato social
implícito en la enseñanza pública se sostenga –se
indica–, es necesario el aporte de las partes y el cumplimiento de
los compromisos. Y se agrega: “Máxime en estos difíciles
momentos en donde el Gobierno nacional se ve forzado a aplicar recortes
en todos los sectores de la administración, incluyendo al sistema
educativo”. Una cuestión coyuntural (el nuevo ajuste) es invocada
como razón para fundar una norma legal. O quizá el Ministerio
de Educación considera al ajuste como un principio inmutable, que
se perpetuará como las mismas leyes.
|
Para
el tiempo libre... (si queda)
|
|
Concurso.
Educ.ar, Poder Ciudadano y Nueva Alejandría convocan a instituciones
educativas a participar del certamen “Aulas sin fronteras”,
que premia las experiencias innovadoras. Informes: 4375-4925/6,
www.educ.ar y www.nalejandría.com.
Foro. Hoy, de 18 a 20, seguirá un debate en busca
de alternativas al ajuste. En la Universidad de General Sarmiento,
Juan María Gutiérrez 1150 (Los Polvorines).
Seguros. La UB dará un curso de actualización
en seguros. Informes: 4393-5588/5589/8491/8521; [email protected].
Dominio. La resistencia judía contra el dominio nazi,
libro de Abraham Huberman, es presentado hoy, a las 19, por la Fundación
Memoria del Holocausto, en Tucumán 695, 2º “B”.
|
|
OPINION
Por Adolfo Reichemberg *
El costo político universitario
|
|
Ya se está
instalando, silenciosamente aún, el debate presupuestario
2002 y la definición del monto del presupuesto para las universidades
públicas. Existen señales que no deben pasar inadvertidas.
Las disputas a puertas cerradas entre los responsables de la cartera
de Educación y de Economía anticipan la dificultad
de que el presupuesto girado por el ministro Andrés Delich
sobreviva intacto su tratamiento parlamentario. Señales más
claras las tendremos después de octubre, pues sería
inapropiado transformar en certeza un recorte educativo a escasos
40 días de una elección en la que lo que queda de
la Alianza tiene ya magras chances de salir indemne. Por otra parte,
el titular del Consejo Interuniversitario Nacional manifestó
hace pocos días, consternado, que de proseguir con esta política
de ajuste no quedaría otro recurso que arancelar la universidad
(¿una resignación oportuna?). Otro dato no menor es
el documento emitido por el Comité Nacional de la UCR, que
incluye la necesidad de sostener el piso presupuestario actual para
las universidades, sin recortes ni subejecuciones (¿advertencia
anticipada?).
Por supuesto, nadie plantea lo más gravoso del costo político
universitario: la creación de entidades con presupuestos
año/alumno que son entre dos y diez veces mayores que los
que reciben las universidades nacionales más prestigiosas
y pobladas, como las de La Plata y de Buenos Aires. Esta apertura
a mansalva en la última década de universidades nacionales,
lejos de responder a un ordenamiento o democratización de
la oferta académica, tuvo un origen netamente político:
controlar la presión del aparato universitario nucleado en
el CIN, donde cada una de esas unidades académicas tiene
un voto. Pero de eso no se habla. Otro elemento de análisis
es la relativización del impacto del paro de universidades
nacionales, en gran medida, por el funcionamiento de la UBA, que
no exteriorizó su desacuerdo con el recorte ya materializado
en las partidas de julio, como lo hiciera cada vez que algún
peligro asomaba sobre su integridad presupuestaria (alivio ¿inesperado?
para el Gobierno). Un dato no menor es que si el presupuesto 2002
cristaliza en forma anualizada esa merma de recursos (alrededor
de 40 millones), lo que recibirá la UBA alcanzará
tan sólo para pagar sueldos y subsidiar con algunos recursos
adicionales un año más, después del que se
hará difícil no reconocer el recorte en el punto más
sensible: las remuneraciones docentes y no docentes. Pero un año
es largo plazo y está más allá de las elecciones
legislativas, de decanos y del propio rector. Las declaraciones
del CIN y los movimientos en la UBA aparecen sugestivamente funcionales
a bajar el conflicto ante un posible recorte e instalar como inevitable
la discusión del arancel, de un impuesto específico
o sobretasa a las Ganancias. En este escenario, en el que algunos
de los actores más activos de la defensa del presupuesto
y la gratuidad universitaria de las últimas décadas
parecen condicionado, se debatirá entre luces y sombras el
presupuesto universitario.
* Miembro
de la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales;
consejero directivo y secretario de Hacienda de Ciencias Económicas
(UBA).
|
|
PRESUPUESTO
“No
permitiremos que restrinjan el presupuesto del año entrante
destinado a las universidades”, avisó ayer el presidente
de la Comisión de Educación Superior de la Cámara
de Diputados, Juan Carlos Farizano (UCR). El diputado salió
así al cruce de las múltiples versiones que anuncian
un recorte de hasta la mitad de los 1800 millones hasta hoy destinados
a las universidades. Además, un grupo de diputados aliancistas
presentó un proyecto para que se exceptúe a las casas
de altos estudios del alcance de la Ley de Déficit Cero.
“Los recortes no sólo implicarán la reducción
de los haberes del personal universitario, sino que afectarán
las inversiones en mantenimiento edilicio, equipamiento y bibliotecas”,
detalló Liliana Lissi, autora del proyecto. Por otra parte,
los rectores de al menos 25 universidades nacionales hicieron una
presentación judicial conjunta denunciando la inconstitucionalidad
del ajuste aplicado este año.
Protestas
académicas
Esta semana
siguen las protestas de los docentes contra el ajuste. La Conadu
“histórica” continuará con paros activos
hoy y mañana, y el jueves hará una jornada nacional
de clases públicas. Mañana al mediodía hará
otra clase frente al Rectorado de la UBA, con Osvaldo Bayer. Mientras,
la Conadu hará dos jornadas de lucha y protesta, también
hoy y mañana, con paros activos en algunas universidades.
Entre las numerosas clases públicas previstas, el jueves,
a las 19, los profesores Rubén Dri, Horacio González,
Alcira Argumedo, Eduardo Rinesi y Marcelo Urrestri hablarán
sobre “La historia política del petróleo argentino”
frente al edificio de Repsol YPF, en Diagonal Norte y Esmeralda.
EL
DATO.
Comunicación y gobiernos
“La
comunicación en los gobiernos locales” es el nombre
del seminario que dará Patrick Lamarque, destinado a profesionales
de la comunicación, funcionarios, periodistas y estudiantes.
El martes y el miércoles próximos, de 11 a 16. Inscripción:
en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Corrientes 2038, 2º piso,
de 11 a 19.
EL
NUMERO.
10
Son las
conferencias literarias organizadas por la Facultad de Derecho (UBA).
El ciclo empieza hoy, a las 19.30, con “La aventura de escribir”,
por Vlady Kociancich. Sigue en una semana, con “El cuento fantástico”,
por Pablo de Santis. Todos los martes hasta el 6 de noviembre, a
la misma hora, en Figueroa Alcorta 2263. Entrada libre.
|
|
