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 En medio del debate abierto por la idea del Gobierno de convocar a un plebiscito para bajar el costo de la política, el Senado dio ayer media sanción al proyecto que establece regulaciones al gasto partidario y electoral. La norma �una de las cuatro que integra la denominada Reforma política� crea un nuevo esquema de financiamiento de la actividad y fija, entre otras cosas, que los partidos no podrán gastar más de un peso por elector en sus campañas presidenciales, además de reducir de tres a un peso por sufragio obtenido el aporte que reciben de parte del Estado. La palabra la tiene ahora la Cámara de Diputados.
El debate de la ley de financiamiento de los partidos políticos en el Senado quedó paralizado hace más de dos meses, una vez que la iniciativa fue sancionada en general por los legisladores. La semana pasada, después de que desde la Casa Rosada anunciaran la decisión de llamar a un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre la conveniencia de recortar el costo de la política, Carlos Corach pidió una preferencia para que el proyecto fuera tratado esta semana. Por esos días Corach visitó también al ministro del Interior, Ramón Mestre, para conversar sobre el estado del trámite de la reforma en la Cámara alta.
La llegada de la iniciativa al recinto del Senado y su posterior aprobación en particular fue posible gracias a un precario acuerdo entre el PJ y la UCR, cuyos senadores �salvo algunas excepciones� nunca demostraron mayor voluntad de tratarla. Paradójicamente, una gripe le impidió a Corach estar en su banca y también estuvo ausente Luis Molinari Romero, quien desde el oficialismo lo acompañó en el fogoneó del tema.
El proyecto establece, entre sus puntos salientes, que:
 Los fondos de los partidos políticos, salvo los destinados a financiar la campaña, deberán depositarse en una cuenta única por distrito en el Banco Nación o en un banco oficial local.
Se crea un Fondo Partidario Permanente, administrado por el Ministerio del Interior, que se integrará con un aporte estatal a definirse en el presupuesto y con contribuciones privadas. El 20 por ciento de los recursos de ese fondo se distribuirán igualitariamente entre todos los partidos y el 80 por ciento en forma proporcional a los votos obtenidos.
El Estado aportará a los partidos 1 peso por voto.
Para las campañas habrá un aporte extraordinario surgido del presupuesto que se repartirá en un 30 por ciento igualitariamente y en un 70 por ciento según los votos de cada fuerza.
No se podrá gastar en campaña más de un peso por elector.
Las empresas podrán aportar a las campañas hasta el 10 por ciento de los gastos permitidos y las personas físicas un máximo del 5 por ciento de ese mismo monto.
El control de los gastos partidarios lo ejercerán la Auditoría General de la Nación y de la Justicia.
Lo que dio pie a una discusión en el recinto fue el apartado que establece los mecanismos de financiamiento privado. El radicalismo peleó para que fueran prohibidos los aportes de los sindicatos, pero el PJ hizo valer su número e impuso su posición en contrario.
Los senadores ya habían dado media sanción a las iniciativas que limitan la duración de las campañas y establecen las elecciones internas abiertas obligatorias. El cuarto proyecto que integra la Reforma política, aún pendiente de tratamiento, dispone la creación de una Fiscalía electoral.
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