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 �Aun concediendo la existencia de una situación de emergencia, los poderes políticos no pueden actuar a su mero arbitrio, pulverizando los derechos ciudadanos.� Así manifestaron en un escrito siete organismos de derechos humanos que se presentaron en tribunales para reclamar la inconstitucionalidad de la ley de Déficit Cero.
Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) expresaron sus argumentos ante el juzgado federal de seguridad social N8, que tiene a su cargo una denuncia de veinte jubilados que fueron perjudicados por la ley de Ajuste.
El escrito, presentado en calidad de Amicus Curiae (amigo del tribunal), impugna la validez de la llamada ley de �Equilibrio Fiscal� tanto a partir del derecho internacional de los derechos humanos como de la jurisprudencia en materia de emergencia pública, aún la desarrollada por la Corte Suprema.
Las siete agrupaciones señalaron que la ley de Déficit Cero viola el principio de legalidad; afecta los derechos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; es discriminatoria porque afecta a grupos especialmente vulnerables, carece de razonabilidad y es inequitativa, lo que la hace inconstitucional.
�La ley no cumple con el principio de legalidad, en tanto carece de los atributos mínimos de precisión y taxatividad en su formulación. Pero además, constituye una mera formalidad, destinada únicamente a otorgar un manto de `falsa` legalidad a las graves restricciones que impone a derechos fundamentales de un sector de la población. Es en definitiva el Poder Ejecutivo el órgano que determinará el alcance y la restricción a sus derechos�, afirmaron en la presentación. Y resaltaron que como la norma no establece topes máximos del porcentaje de reducción de salarios y jubilaciones, en los �estrictos términos de la ley podría ser del cien por cien y operaría de pleno derecho�.
En el escrito también se manifestó que la ley �desconoce en forma palmaria en derecho de acceso a la justicia y tergiversa el sistema constitucional de división de poderes� porque limita la posibilidad de recurrir a la justicia para reclamar medidas cautelares.
Los representantes de los organismos de derechos humanos hicieron la presentación casi en el mismo momento que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, entraron a los tribunales para entrevistarse con miembros de la Corte Suprema de Justicia para convencerlos de la validez del recorte. �Evidentemente el Gobierno entiende que esto se va a dirimir en la Justicia y está aportando sus argumentos. La diferencia es que su razón es la de la fuerza y la nuestra la de la ley�, aseguró el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.
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