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Por Susana Viau
 El Consejo de la Magistratura resolvió sobre tablas citar a prestar declaración a Emilia Marta García, jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, quien formó parte de las sociedades comerciales creadas por el ex almirante Emilio Massera para despojar de sus bienes a los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma. La denuncia había sido presentada hace casi un año, cuando un artículo de
Página/12 reveló que Emilia Marta García, que figuraba como síndico y accionista de esas sociedades, y la actual jueza federal eran la misma persona. El expediente salió del letargo a raíz de una solicitud de remoción formulada por el juez federal Claudio Bonadío, instructor de la causa que investiga el despojo de las propiedades de los tres desaparecidos por parte de la oficialidad de la ESMA. La jueza deberá presentarse ante la Comisión de Acusación el próximo martes 2 de octubre.
Bonadío debió reiterar el oficio en tres oportunidades hasta obtener constancia de la denuncia que, sabía, existía en el Consejo. Los dos primeros fueron enviados a principios de mayo y al promediar el mes de julio. En una ocasión, la negativa llevó la firma del secretario general del Consejo, Santiago Corcuera, quien le notificó que no había constancias relativas a una solicitud de investigación de la jueza en los �registros informáticos� del organismo; la otra, confeccionada en los mismos términos, fue remitida por Mario Hirschman, reemplazante de Corcuera, que en tiempo récord había sido designado miembro de la Cámara Nacional Electoral. Recién el 15 de agosto Bonadío tuvo el dato que requería. Al parecer, los responsables de la �gaffe� explicaron que entre las decenas de denuncias recogidas en el sistema con el nombre y apellido de los denunciados había una media docena consignada con el título general de �Consejo de la Magistratura, su denuncia�. Y la referida a Emilia García, presentada por el consejero Pablo Fernández, legislador frepasista por La Pampa, era una de ellas. Al más avispado se le escapa la liebre. Corcuera y Hirschman, se asegura, cuentan con la bendición del titular del Consejo y presidente de la Corte, Julio Nazareno.
Lo cierto es que ayer y pese a que tiempo atrás había trascendido su intención de desestimar el cargo que pesaba sobre la jueza, Miguel Pichetto propuso a sus colegas de la Comisión de Acusación el tratamiento sobre tablas del asunto, que obtuvo el respaldo unánime de Augusto Alasino, Leyla Chaya, Mario Gersenobitz y Carlos Maestro. El informe de Pichetto recuerda que �en el expediente 360/2000 se solicita la intervención del Consejo de la Magistratura con motivo de la noticia periodística publicada en el diario Página/12 el 6.11.00� y alude al último oficio librado por Bonadío pidiendo el pronunciamiento del Consejo respecto de la remoción de la jueza involucrada en la causa �Astiz, Alfredo y otros s/ Delito de acción pública�. Pichetto agregó que para Bonadío existen �indicios suficientes para sospechar que Emilio Eduardo Massera, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Carlos Radice, Francis Wahmond, Alejandro Spinelli, Juan Carlos Rolón, Arnaldo Dardano, Aldo Maver y Emilia Marta García habrían conformado una asociación ilícita participando en la posible comisión de diversos delitos, entre los que se destacan la presunta privación de la libertad personal de Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma y la falsificacion de documentos ultilizados en diversas maniobras espurias que llevaba adelante la organización delictiva�.
La jueza García era empleada del escribano de confianza de Massera, Ariel Sosa Moliné, hermana de Graciela García Romero, secuestrada por la marina, integrante del mini staff (los detenidos ganados por los oficiales de la ESMA) y relacionada íntimamente con el capitán Jorge �Tigre� Acosta. La jueza García fue síndico suplente, titular y accionista de Will-ri la sociedad que sirvió para traspasar los bienes de los desaparecidos. En Will-ri figuraban, asimismo, Federico Williams y Héctor Ríos (nombres falsos que encubrían a Wahmond y Radice), a quienes en la declaración que prestó en 1984 la actual jueza García admitió conocer, calificándolos comopersonas muy correctas que jamás le produjeron desconfianza alguna.
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