|
 El gobierno bonaerense reconoció ayer que la empresa Azurix, licenciataria de la provisión de agua potable y del servicio de cloacas en 70 distritos de la provincia, podría rescindir el contrato al reconocer la �inviabilidad económica de la concesión� que inició en 1999. �Si la empresa incumple con sus obligaciones, la provincia tomará las decisiones que tenga que tomar�, advirtió el gobernador Carlos Ruckauf en declaraciones a la prensa formuladas en La Plata. La empresa le solicitó al gobierno provincial un aumento de tarifas para equilibrar sus cuentas, que será rechazado por las autoridades. Según las normas del contrato, recién corresponderá realizar una revisión tarifaria en el año 2004.
El ministro de Obras y Servicios Públicos bonaerense, Julián Domínguez, reconoció que la empresa Azurix �envió una carta documento en la que planteaba la inviabilidad económica de la concesión, situación que no puede resolver el Estado provincial por un error de apreciación de costo y de aporte de canon�. �Las inversiones que tenían comprometidas (Azurix) por contrato no eran millonarias y debían cumplir con las metas de calidad e instalación de servicio que estaban previstas en el contrato de concesión�, remarcó.
Pese al tiempo relativamente corto que lleva a cargo del servicio, Azurix enfrentó ya varios conflictos por quejas de los clientes y diversas irregularidades denunciadas. En enero de este año, un juez de La Plata resolvió que la empresa distribuya gratuitamente agua a poblaciones que no recibían el servicio. La medida adoptada por el juez de Garantías, César Melazo, fue luego revocada por la Cámara de Apelaciones, pero sentó un precedente judicial sobre irregularidades en las prestaciones que brinda Azurix. Para la misma época, tuvo lugar un duro enfrentamiento entre la concesionaria y el gobierno provincial, dando lugar a que Ruckauf amenazara con rescindirle el contrato por las deficiencias del servicio. En diversas localidades, los usuarios denunciaron estar recibiendo un líquido amarronado en sus canillas, ante lo cual la empresa devolvió la pelota responsabilizando al gobierno provincial por obras comprometidas y no realizadas. Pero Ruckauf eludió una confrontación, optando por un acuerdo con la empresa: le otorgó un plazo de un año para resolver la emergencia a través de la realización de las obras e inversiones necesarias. El compromiso se volcó en un protocolo público que detallaba las condiciones acordadas.
Domínguez precisó ayer que �ya estaba lista para firmarse una segunda acta de entendimiento del protocolo, y aparecieron temas como el incremento tarifario, que a nosotros nos pareció inviable tratarlos antes del primer quinquenio, como prevé el contrato de concesión�. �La rescisión es una decisión de la empresa. La provincia está tomando todos los recaudos para cumplir con las metas de provisión y calidad de servicio, pero la provincia no va a correr detrás de las presiones que pretendan modificar comportamientos�, aseguró.
Domínguez insistió que �se va a cumplir con la obligación que cabe por contrato: que la empresa haga lo que tiene que hacer y la provincia tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad y la provisión del servicio, y en eso estamos�. �La provincia ha aspirado a que sea exitosa la prestación de servicio, pero si se elige otro camino, se actuará en consecuencia�, sostuvo Domínguez.
El ministro eludió pronunciarse sobre la calidad del servicio, pero afirmó que �si hay multas de por medio y hay temas de discusión, como el que estamos hablando, seguramente es porque no se está garantizando la calidad del servicio que los bonaerenses desean y esperan de Azurix�. La firma, del grupo Enron, jamás logró alcanzar una ecuación económica favorable, al heredar un servicio (el de Obras Sanitarias de Buenos Aires, OSBA) altamente ineficiente y sobre una población con serios problemas económicos, lo cual se tradujo en altos índices de morosidad. Enron tiene sus principales inversiones en el país en el área energética, en la que además confía ampliarlos a partir del cambio en las reglas del mercadomayorista impulsado por el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, pero hasta ahora trabado por la oposición de sectores políticos y empresarios.
|
