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Por
Raúl Kollmann
 El
Gobierno tiende a descartar el plebiscito por la reforma política
aunque ya empezó una movida que apunta a algo parecido en el mismo
tema: el pacto político. El presidente Fernando de la Rúa
le dio órdenes al Ministerio del Interior para que inicie una ronda
de consultas con constitucionalistas y profesores universitarios con el
objetivo de diseñar un modelo en el que no sólo se reduzca
el costo de la política sino también que se mejoren la calidad
de las elecciones y el sistema de partidos políticos. La idea es
que una vez que estén los puntos centrales de ese esquema, se haría
una consulta reservada con los dirigentes y gobernadores del PJ –también
de la Alianza– y, después de los comicios de octubre, se pondría
en escena la firma de un compromiso al que llamarían pacto político.
Paulatinamente, el Presidente se está convenciendo de lo poco conveniente
que puede resultar el plebiscito, pese a que Nicolás Gallo y Lautaro
García Batallán siguen pensando que la consulta popular
sería una buena jugada que cumpliría con todos objetivos:
“apretar” a la clase política para que de una vez por
todas reduzca costos y reposicionar al Gobierno ante la derrota –los
encuestadores hablan en los últimos días de “catástrofe”–
que se viene el 14 de octubre. Hay un dato que estaría jugando
a favor: en las encuestas que maneja el Ejecutivo se vislumbra que a la
gente –como es habitual– no le disgusta pronunciarse en una
urna sobre el tema, aunque en la medida que se acerque la fecha, con los
cuestionamientos que habrá, el peligro del ausentismo seguramente
va a crecer.
Los elementos que juegan en contra de la estrategia del plebiscito son
los siguientes:
u Es una jugada riesgosa. En Córdoba, José Manuel De la
Sota obtuvo casi el 50 por ciento de los votos, pero su nivel de aprobación
en la provincia es altísimo, comparado con la imagen sumamente
negativa que tiene De la Rúa a nivel nacional. Pero lo más
grave es que viendo un poco más de cerca los datos de la provincia
mediterránea, se concluye que su triunfo fue relativo: no fue a
votar el 30 por ciento del electorado, el doble del ausentismo de la elección
de 1999. Del resto, nada menos que el 18,5 por ciento votó en blanco
o anuló el voto con papeletas como la de Rodrigo, San Martín
u otros próceres. Para redondear, fuerzas como Izquierda Unida
lograron una altísima votación, con lo que todos los fenómenos
sumados indican que un 50 por ciento de los ciudadanos cordobeses o no
fueron a votar o votaron en blanco o anularon el voto o se inclinaron
hacia la izquierda más dura. Algo similar a nivel nacional, con
el deterioro actual del Gobierno y tras la derrota de octubre, puede terminar
en hecatombe.
u El costo de la consulta sería algo más de 11 millones
de dólares, siempre y cuando no se le dé ni un peso a los
partidos para que hagan campaña, algo de por sí dudoso.
En ese marco, van a ser grandes los cuestionamientos al gasto de un plebiscito
destinado a bajar el gasto.
u Raúl Alfonsín está en desacuerdo, lo que podría
tornar aún más explosiva la interna en la UCR y del partido
con el Gobierno.
u No hay nada acordado con los gobernadores, por lo cual algunas o muchas
provincias podrían hacer campaña en contra, produciendo
fuertes derrotas.
u La consulta no es fácil de resolver en el plano constitucional.
Sólo puede haber voto por Sí o por No a una pregunta y aunque
se puede diseñar una fórmula que englobe una serie de propuestas,
lo más probable es que resulte confuso y enoje más todavía
al ciudadano común.
u El voto no sería obligatorio, lo que haría menos “costoso”
al ciudadano no ir a votar. El ausentismo puede hundir todo.
Con semejante panorama y aunque De la Rúa no dio todavía
órdenes de desactivar los preparativos –pedidos de presupuestos,
por ejemplo– todo indica que habrá una desistimiento de la
idea original. La mayor evidencia de estas intenciones está en
que el Presidente dio instrucciones para que se convoque a constitucionalistas,
profesores universitarios y especialistas para que diseñen una
propuesta de reforma política.
Por de pronto, una de las instrucciones que recibió Mestre y el
Director Electoral Alejandro Tullio es que el sistema que se trabaje no
busque únicamente bajar el llamado “costo político”
–un término que le desagrada a Alfonsín– sino
que también se oriente a buscar nuevas fórmulas que permitan
fortalecer a los partidos y mejorar la democracia. Por ello, es posible
que en la propuesta convivan normas como las siguientes:
u Limitación de los gastos de las legislaturas, por ejemplo, al
1.5 por ciento del presupuesto de cada provincia.
u Tope a las dietas de los legisladores.
u Reforma del sistema electoral, incluyendo la transformación del
sistema de lista sábana, seguramente en un sistema mixto en el
que una parte de los legisladores se elegirá por distrito y otra
parte por lista.
u Cambio en los requisitos para constituir un partido. Hay fuerzas que
sólo se arman para sacar unos pesos. También se propondrían
cambios en la vigencia de los partidos: hay algunos que son eliminados
por no sacar un determinado piso electoral, pero tienen intensa actividad,
y otros que prácticamente no existen, sólo sirven como sellos
para recaudar dinero estatal y como siempre se prenden en alguna alianza,
subsisten.
u Proponer cambios en los sistemas de comisiones en las legislaturas.
En muchos de los congresos provinciales y decenas y decenas de comisiones
con gastos altísimos y funciones que en muchos casos no se corresponden
con las tareas legislativas.
En una palabra, se buscarían ideas y estrategias para conseguir
más eficacia en el sistema político. Por esa razón,
no sólo serán convocados constitucionalistas que puedan
aportar en el plano teórico sino también hombres que conozcan
de jurisprudencia política y tengan práctica en la vida
partidaria y legislativa.
El punto más delicado de todo el andamiaje será el armado
posterior: ponerse de acuerdo con los gobernadores y dirigentes de los
partidos mayoritarios para que todos se sienten a la mesa y firmen un
pacto en el cual se comprometan a llevar adelante las reformas.
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