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INVESTIGAN UN NEGOCIADO CON LA OBRA SOCIAL DE LAS PYMES
Otra más de retornos y poder

El juez Cavallo instruye una causa donde están implicados el titular de Fedecámaras, un sindicalista, un funcionario del Gobierno y un operador del delarruismo. Rubén Manusovich, el denunciante original, quedó como imputado.

Denuncias cruzadas entre un representante de los empresarios, sindicalistas y funcionarios del Gobierno rozan al presidente Fernando de la Rúa. Una causa judicial por defraudación y un par de videos dan cuenta de un negociado con el dinero que aportan los monotributistas para su cobertura de salud. El presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, registró con una cámara oculta al titular de la obra social de Obras Sanitarias, Juan Carlos Marteletti, y al operador delarruista Roberto Clienti. El primero admite que había que recaudar un millón de pesos para el superintendente de Salud, Rubén Cano, mientras que Clienti explica su servicio de lobby en el asunto a cambio de una “contribución” para que ganen en octubre los legisladores radicales. Todos los personajes de esta historia pasaron de denunciantes a imputados por decisión del juez federal Gabriel Cavallo.
Según consta en el expediente judicial, en julio de 1999 Fedecámaras, la entidad que nuclea a pequeños y medianos empresarios, pidió la inscripción de una obra social propia, pero como no podía dar cobertura en el interior acordó hacerlo a través del sindicato de Obras Sanitarias. Entre abril y diciembre del año pasado a unos 100 mil monotributistas –escogidos al azar– les descontaron 20 pesos mensuales. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ordenó a la Superintendencia de Salud que lo deposite a cuenta de 45 mil personas que pasaron a ser afiliados “a dedo”. Ninguno de ellos recibió prestación alguna a cambio de ese descuento.
El dinero recaudado sumó 5 millones 500 mil pesos que fueron depositados en una cuenta del Banco Nación. Una fuente judicial relató a Página/12 que Manusovich intentó pasarlo a la caja de ahorro perteneciente al contador de Fedecámaras pero el banco se lo impidió argumentando de que esos fondos no podían ir a una cuenta privada. Los investigadores pudieron determinar que la obra social de los sanitarios habría cobrado 3 millones 500 mil pesos por una prestación que no brindó y el dinero salió de esa cuenta. Según la misma fuente, el presidente de Fedecámaras insistió con sacar el resto y como el Nación volvió a negárselo lo retiró a través de un cheque certificado. La Justicia investiga el destino de ese dinero.
Manusovich había denunciado al superintendente de salud, Rubén Cano, al secretario general de los sanitarios, Rubén Pereyra, y a Ronald Rodríguez, un interventor que puso Cano en la obra social de Fedecámaras. Los acusó de presionarlo para quedarse con esos 5 millones. A su vez, los tres lo acusaron a él de pretender apropiarse del dinero de Fedecámaras. El juez federal Gabriel Cavallo unificó ambas causas pero tras la feria de invierno les quitó el rol de querellantes y todos pasaron a ser imputados de presunta defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los investigadores judiciales buscan establecer la ruta del dinero y analizan las prestaciones médicas facturadas a nombre de personas inexistentes. Establecieron que la obra social de Fedecámaras tampoco existe porque dio un domicilio legal en el que funciona una panadería y carece de libros contables.
La Justicia ordenó la realización de una cámara oculta, que fue emitida esta semana por el canal América, en la que puede verse al presidente de la obra social de los sanitarios (Osfentos) Juan Carlos Marteletti explicándole a Manusovich que “(el ex concejal radical Humberto) Bonanata me consiguió el llamado, pero (Fernando) De la Rúa lo agarró a Anguilessi y le dijo ‘a (Rubén) Pereyra se le respeta lo pactado’”. También mencionó que “acá sentado al lado mío está el contador de la Fundación De la Rúa”. Los investigadores aseguran que nada de lo que aparece en el video resulta una “prueba contundente”. Tampoco vislumbran la presunta extorsión de la que Manusovich dice haber sido víctima.
Mientras tanto, el mismo programa emitió otra cámara oculta realizada por Manusovich en febrero de este año sin orden judicial. El protagonista esta vez fue el ex secretario legislativo del Consejo Deliberante Roberto Clienti, quien se jactó de su influencia en el entorno del presidente de la Nación y se adjudicó haber “salvado” a los hijos de De la Rúa en lacausa sobre el tráfico de influencias que habrían ejercido en su paso por la facultad de Derecho de la UBA. Mientras Clienti lo escuchaba recostado en el lobby de un hotel céntrico, whisky y cigarro en mano, Manusovich se quejó de que lo obligaron a firmar un contrato en el que el único prestador era Osfentos. “Me apretaron para firmarlo rápido y Marteletti me dijo que el 17 de enero teníamos que ponerle 1 millón a Cano, 500 mil a Bonanata y 200 mil no se a quién”, se lamentó Manusovich. “Que los demás hayan querido hacer su negocito no me queda la menor duda”, le respondió Clienti. En otro tramo del video condicionó su participación a que “algo vaya para que ganen los legisladores del partido en octubre”.

 

 

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