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Por
Cristian Alarcón
 –¿Pero
qué hacemos si ustedes no son los responsables? –preguntó
una mujer abriéndose paso entre los suyos en la puerta de la comisaría
33ª, adonde había llegado la protesta de cirujas.
–¡Vayan a quejarse al Gobierno de la Ciudad! –le respondió
el subcomisario Juan Carlos Poggi después de haber explicado que
la Policía Federal no organiza los operativos en que a decenas
de cartoneros se les “secuestra” el papel que juntan en las
calles porteñas.
El segundo capítulo de esta larvada guerra de la basura se escribió
ayer sobre las calles de Belgrano. Temprano, después de que la
noche anterior volvieron a ser sancionados por “manipular residuos
en la vía pública” y sus cargas, vaciadas en camiones
de Cliba, los cirujas que viajan en el “tren blanco” desde el
conurbano marcharon hacia el Centro de Gestión y Participación
de Cabildo al 3100. Allí les negaron que los procedimientos fueran
ordenados por el Ejecutivo. Sin embargo, anoche una fuente del gobierno
le confirmó a este diario que “es cierto que hay una política
de desalentar el cirujeo”. Aunque intentó relativizar el verbo:
“desalentar no es reprimir”, dijo. Después de las aclaraciones
policiales, los cartoneros decidieron marchar hoy a las 12 a la Jefatura
de Gobierno.
La trama que protagonizan doscientas familias de José León
Suárez –las mismas que cada día suben al tren blanco
de TBA para ingresar por las noches a la ciudad en busca de papel–
no alcanzaba ayer a quedar clara ni para ellos mismos. Organizados por
grupos según las villas de las que vienen, estos cirujas son los
que han acordado con la empresa de ferrocarriles un traslado diario en
una máquina especialmente destinada a ellos y sus carros a cambio
de abonos de 12 pesos cada 15 días. Son apenas una pequeña
porción de las 100 mil personas que trabajan recolectando papeles
en el área metropolitana, y de los 50 mil que entran a diario en
la ciudad. En este caso cuentan con delegados encargados de recolectar
el dinero para pagarle a TBA. Aun así ayer estaban desorientados.
No sabían exactamente a quién pedirle explicaciones por
aquellos que la noche anterior –según denunciaron viene sucediendo
hace quince días–, habían perdido el esfuerzo de una
jornada a manos de los inspectores y la policía. Por eso, primero
fueron hasta el CGP 13 con dos bombos que se agenciaron para la protesta.
Allí los delegados fueron atendidos por el Coordinador del Plan
de Prevención del Delito de la zona, Eduardo Venturino. “Desconocíamos
la situación –le dijo el funcionario a este diario–.
Por eso hicimos que ingresaran la queja. Plantearon que son perseguidos
y que sus familias necesitan, que tienen hijos”. Ese reclamo continúa
por vía administrativa hacia la Secretaría de Justicia y
Seguridad. Una fuente del área dirigida por Facundo Suárez
Lastra le dijo a Página/12 “no sabemos de dónde salió
esta decisión, es probable que sea un acuerdo entre una de las
empresas recolectoras de residuos y algún comisario”.
Pero tras la reunión con Venturino los cirujas avanzaron por Cabildo
escoltados por dos patrulleros. “Vamos a la 33ª porque éstos
nos dicen que el gobierno nada que ver, que es la cana”, explicaba
Lidia Quintero, la delegada de Villa La Carcoba. Los caminantes de la
soleada tarde de ayer los miraban circular por el asfalto con cierto extrañamiento.
Rosa Cáceres le explicaba, mientras tanto a este diario, cómo
la noche anterior le habían quitado la carga de su carreta por
segunda vez. “La única cosa es que no opongamos resistencia.
Pero no explican –contaba–. De repente nos encerraron tres patrulleros
y una camioneta. Yo lloraba, le digo, porque da bronca y tristeza. Si
esta noche me agarran no sé qué les doy a mis chicos mañana”.
Luis Serrano, el marido de Rosa y padre de sus seis hijos, había
contado una escena similar a este diario la tarde del martes.
Frente a la comisaría, ayer la escena fue desopilante. En un diálogo
de gritos a falta de micrófonos, dos subcomisarios deslindaban
responsabilidades ante el centenar de cirujas. “Nosotros no queremosjorobarlos”,
decía el subcomisario Omar Bravo. Por la tarde, el legislador porteño
del PJ Eduardo Valdez presentó un pedido de informes y comparó
“esta persecución con la circular de la Policía Bonaerense”
que ordenaba sacar de la vía pública a los chicos de la
calle. Valdez recordó las declaraciones del jefe de gobierno, Aníbal
Ibarra, el 5 de agosto pasado: “Tenemos el problema del cirujeo.
No puede ser que miles de personas rompan las bolsas de basura y dejen
todo tirado. Vamos a ser muy firmes para que no circulen carros tirados
por caballos, incautaremos los caballos (...) y también los carritos”.
Después de varias consultas, una fuente de la Secretaría
de Medio Ambiente admitió anoche que los procedimientos “pueden
haber sido decidido ordenados por algunos inspectores” de ese área.
Lo que afirmaron con seguridad es que “es cierto que hay una política
de desalentar el cirujeo”.
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