Por Maximiliano Montenegro

La tijera de Cavallo no tiene límites. El Ministerio de Economía quiere cortar drásticamente los fondos para planes Trabajar y de empleo transitorio en el Presupuesto 2002. Así se lo hizo saber, mediante un memorándum, el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, a la ministra Patricia Bullrich. El objetivo, según consta en el memo al que accedió Página/12, es simple: “llegar a reducir a cero el déficit fiscal”. Para llegar a la meta de déficit cero el año próximo, Economía planea podar 3000 millones de gasto público y, para lograrlo, pasará la guadaña hasta en las áreas más sensibles. Hacienda prevé reducir los fondos de planes Trabajar y Capacitación a la mitad: de los 211 millones actuales a 106 millones. Así, habría que dar de baja unos 50.000 subsidios para desocupados de 160 pesos mensuales en promedio. Pero además, pretende eliminar 114 millones del Fondo Nacional de Empleo, que también van a financiar subsidios de empleo transitorio para desocupados.
“Señora ministro...”, dice el encabezado del memo que Baldrich le envió a Bullrich un mes atrás (ver facsímil). “La presente comunicación tiene por objeto dar a conocer a las instituciones dependientes de esa jurisdicción (el sector público nacional) los límites financieros del gasto previsto para el año 2002”, explica más adelante.
Con esta misma modalidad, el funcionario de Cavallo se encargó durante las últimas semanas de girar a los ministros los llamados “techos” de financiamiento para el 2002. Es decir, cuál es el límite máximo de recursos que la Secretaria de Hacienda está dispuesta a asignar a cada área y que cada Ministerio deberá tener en cuenta a la hora de formular su presupuesto del año venidero.
Sobre esa base, en las últimas horas se sucedieron diversas reuniones, en Jefatura de Gabinete y Economía, de secretarios y ministros, para terminar de definir los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2002, que debe ser enviado al Congreso el viernes próximo.
Los “techos” planeados por Economía, en teoría, no son apelables, según aclara el memorándum. “Dado la situación vigente de severa restricción financiera, las jurisdicciones y entidades no podrán realizar demandas adicionales a los límites financieros que se comunican, de manera tal que en el soporte magnético que se les suministra, la carga de los anteproyectos de presupuesto deberá ajustarse a los techos”, señala. Sí se acepta, en cambio, que “realizar reasignaciones financieras dentro de los límites que se comunican”, pero “respetando en todos los casos las fuentes de financiamiento, las obligaciones contractuales contraídas y las instrucciones generales impartidas”. Es decir, el ministro puede ingeniárselas para redistribuir la torta de cada área de la manera más eficiente posible, pero siempre respetando la porción de la torta que le asigna Hacienda.
Página/12 pudo comprobar que en varias “áreas sociales” los techos fijados por Economía son muy significativos (ver aparte). Pero la poda de Hacienda a los planes de empleo supera toda lógica; paradójicamente, cuando todas los pronósticos de desempleo apuntan hacia arriba. Los números son los siguientes:
u Se reduce el financiamiento para los planes Trabajar y de Capacitación de los 211 millones de pesos previstos para este año a 106 millones para el próximo. A tal recorte se llega porque se reduce drásticamente el financiamiento solicitado por préstamos del Banco Mundial y BID.
u Por ejemplo, Economía pedirá al BM desembolsos del programa Trabajar por sólo 50 millones, cuando podría haber solicitado hasta 150 millones. De esa forma, el gobierno se ahorra en los llamados fondos de contrapartida (50 por ciento del crédito solicitado), que deben ser aportados por el Tesoro “pari passu” con el desembolso del préstamo. Además, fija un límite al gasto corriente financiado con endeudamiento. De otro modo: el Trabajarcontará con recursos totales por 75 millones, cuando podría disponer hasta tres veces más.
u El otro plan que se mantendrá en pie es el de “Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de los Jóvenes”, pero con un presupuesto de solo 30 millones, la mitad de los cuales corresponden al crédito del BID.
u Actualmente, hay en marcha poco más de 100.000 planes Trabajar financiados por el gobierno nacional en todo el país. Si se concreta el tijeretazo anunciado por Economía, se daría de baja la mitad: unos 50.000 subsidios para desocupados de 160 pesos mensuales en promedio.
u Pero, además, se prevé eliminar 114 millones de pesos del Fondo Nacional de Empleo, según dice el memorándum, “a efectos de permitir el equilibrio” del Fondo, que en los últimos años ha sido deficitario. Mediante el Fondo Nacional de Empleo, creado por ley en 1991 con el 1,5 por ciento de la masa salarial registrada, se financia el seguro de desempleo propiamente dicho; al que sólo pueden acceder aquellos desocupados que hayan trabajado previamente en blanco. Pero, desde 1995, el Fondo también sirvió para financiar planes Trabajar para “desocupados informales”. La baja de aportes patronales dispuesta por Cavallo desde 1994, el crecimiento del empleo en negro y la necesidad de crear cada vez más planes de empleo para desocupados, terminaron por poner en rojo las cuentas del Fondo. Ahora, Cavallo quiere “solucionar” el problema rebanando el 25 por ciento de los gastos del Fondo, los que se destinan a financiar planes de empleo.
El actual secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Enrique Martínez, ocupó días atrás el lugar dejado vacante por otro frepasista, el ex secretario de Empleo, Horacio Viqueira, fusionando las dos secretarias. Apenas se enteró del recorte planeado por Baldrich puso el grito en el cielo. Y está dando batalla contra reloj para, antes del viernes próximo, conseguir financiamiento para los planes de empleo.

La Anses dio de baja 1300 jubilaciones truchas
Hoy La Rioja, mañana Mendoza

El gerente de Control y Prevención de Fraude de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Juan José Laxageborde, reveló que como resultado de las investigaciones para detectar jubilaciones truchas “ya hemos dado de baja 1300 jubilaciones, que implican un ahorro para el Estado estimado en 36 millones de dólares entre este año y el 2002”. El funcionario indicó al respecto que “hemos hecho las denuncias penales para que los culpables vayan presos y nos devuelvan la plata que indebidamente cobraron”.
Refirió que la asignación de jubilaciones indebidas se produjo principalmente entre el año 1994 y 1996, cuando se transfirieron las cajas de 10 provincias más la de la Capital Federal a la Nación. Laxageborde detalló el trabajo de investigación realizado en el padrón de jubilados de La Rioja, y señaló que “desde el punto de vista administrativo, los implicados tienen que devolver todo lo que efectivamente han cobrado, ya que si no pagan son pasibles de un embargo o de una inhibición general de bienes”. El funcionario reveló que “en muchos casos, estamos hablando de jubilaciones de 2000 a 5000 pesos”.
“No tenemos dudas de que no se trata solamente de un fenómeno riojano, sino que la totalidad de las cajas deben ser investigadas”, agregó el funcionario. Explicó que en las jubilaciones truchas se hacía figurar como empleados del banco de La Rioja a gente que nunca trabajó en dicha entidad. Para los implicados, comentó, “puede haber hasta penas de prisión porque el delito que imputamos es el de asociación ilícita, ya que no tenemos dudas de que el fraude se organizó desde el poder político riojano”.
En el mismo orden, el funcionario de la ANSeS anunció que “el lunes que viene estamos notificando a unas 60 personas del sistema de casinos de Santiago del Estero, que creemos han cometido fraude en la certificación de servicios”, y que “en Mendoza detectamos unos 300 casos en los que, al momento de la transferencia de la caja a la Nación, se han incrementado los haberes informáticamente, de modo que alguien que cobraba 300 pesos pasó a cobrar 2600 pesos”.

Economía se pintó la cara en la batalla por la coparticipación

Un día antes de que el FMI apruebe formalmente el acuerdo y, en forma sorpresiva, el Ministerio de Economía distribuyó un comunicado afirmando que el dinero asegurado de la coparticipación está en duda. Las provincias prometen una dura pelea con Domingo Cavallo.

Por David Cufré

El día previo a la reunión del directorio del FMI en que se tratará el caso argentino, el Ministerio de Economía emitió un comunicado de tono desafiante para con las provincias. Asegura que si la recaudación no mejora, la Nación no tendrá más remedio que podar hasta 900 millones de pesos de las transferencias previstas. La suma fija de 1364 millones que reciben mensualmente los distritos del interior quedaría sin efecto. El comunicado del Palacio de Hacienda menciona que es “en respuesta a la información presentada en medios periodísticos”, sin hacer más aclaraciones. E insiste en “ratificar nuestro programa económico, acordado con el FMI”. En ese acuerdo “puede leerse que en caso de que los ingresos tributarios sigan siendo inferiores a los niveles previstos para 2001 -recuerda–, trataremos de reequilibrar los términos del Pacto Fiscal para generar un ahorro neto de hasta 900 millones de pesos”.
El comunicado va a contramano de las promesas que hizo la semana pasada el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, cuando enfatizó en el Senado que la Nación no desconocerá el Pacto Fiscal vigente, por el cual las provincias reciben los 1364 millones. Tal afirmación descomprimió un poco la tensión entre los gobernadores, quienes igualmente siguen alertas para dar pelea por los fondos de coparticipación en cuanto los vean peligrar. Incluso, como punta de lanza, el jujeño Eduardo Fellner se presentó ante la Corte Suprema para reclamar por partidas que la Secretaría de Hacienda le adeuda.
Los 14 gobernadores justicialistas se reunirán la próxima semana -seguramente el miércoles– para decidir si se presentan en conjunto ante el máximo tribunal de la Nación con una medida cautelar, buscando resguardar los fondos que el Gobierno debe remitirles. Y ahora que Economía volvió a tirar del mantel, con la advertencia de que en cualquier momento recortará los envíos a las provincias, los gobernadores seguramente también endurecerán su posición. Sin embargo, fuentes de la Jefatura de Gabinete indicaron a Página/12 que la negociación es posible, y que varios mandatarios hacen discursos encendidos por la proximidad de las elecciones, pero que luego de los comicios se sentarán a negociar.
“Hay 14 provincias con problemas graves de financiamiento para cubrir sus vencimientos de deuda. Si nosotros las ayudamos a superar esa dificultad, en realidad no pondrían muchos reparos si les reducimos los envíos de coparticipación”, dijeron a este diario desde cerca del despacho de Colombo. Y agregaron que Buenos Aires se encuentra dentro de ese grupo, mientras que Santa Fe “acaba de conseguir un préstamo del Banco Mundial”. El resto de las provincias no tienen problemas con la deuda, por lo que el Gobierno debería buscar otra propuesta para negociar.
Desde Economía, en tanto, reconocieron a este diario que “no se mantendrá la suma fija de 1364 millones de pesos” y que las provincias deben sentarse a negociar. La única alternativa para esquivar ese pelea es que la recaudación salga de la playa en que encalló hace meses y vuelva a crecer. Pero en el Palacio de Hacienda admiten que difícilmente eso vaya a ocurrir. “Cavallo tiene una posición muy dura”, remarcó uno de sus operadores. También comentó que la propuesta del ministro a los gobernadores será diseñar un mecanismo de coparticipación con “premios y castigos”, por el cual las provincias que aumenten la recaudación de impuestos nacionales recibirán más fondos, y aquellas que “descansan esperando que la Nación les resuelva todos los problemas, cobren menos”. El informante, de máxima confianza de Cavallo, explicó que con ese mecanismo “queremos aumentar los incentivos para aumentar la recaudación”.
Nada de esto parece que vayan a aceptar los gobernadores. El único punto que podrían atender en una negociación es la coparticipación del Impuesto a las Transacciones Financieras. Los senadores justicialistas se proponen aprobar en 15 días un proyecto de ley en ese sentido, según anunciaron ayer. Sin embargo, la eventual sanción de ese proyecto tiene más que vercon una respuesta al Gobierno que quiere recortar los fondos, que con un gesto conciliador. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de la Cámara alta emitieron ayer el dictamen a esa iniciativa, que estará para ser tratada en el recinto en dos semanas.

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