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Por
Irina Hauser
 La
Oficina Anticorrupción (OA) presentó ayer el balance de
sus primeros 18 meses de existencia: 1400 denuncias recibidas, 300 derivadas
en presentaciones judiciales, 33 personas procesadas, un cumplimiento
del 98 por ciento en la presentación de declaraciones juradas,
grandes ahorros en licitaciones, entre otros éxitos. Todavía,
sin embargo, del otro lado de la balanza el organismo carga con algunos
puntos oscuros: casi no denuncia a nadie con nombre y apellido, menos
aún si es radical; dice tener autonomía, pero el ministro
de Justicia, de quien depende, hasta lo desmiente ante los medios; sus
miembros se quejan por ser pocos, pero prefieren no ser más; el
sistema de declaraciones juradas funciona, pero aún no permite
saber, por ejemplo, quién le paga a un funcionario. Y, como si
esto fuera poco, el esfuerzo durará lo mismo que el gobierno de
turno.
“El problema de la corrupción en Argentina es importante e
impacta sobre la crisis general y política al perjudicarla confianza
de los ciudadanos en el sistema”, evaluó José Massoni,
titular de la OA, al presentar ayer el informe de su gestión. Más
allá de este diagnóstico, Massoni señaló que
está muy conforme con los resultados del trabajo que su equipo
lleva realizado y dijo creer que la reforma del Estado, y en su propia
repartición, ayudará a reducir la corrupción en los
próximos años.
Es verdad que la OA ha conseguido buenos resultados en algunas de sus
demandas penales. Entre las 300 que menciona en su informe –33 que
la tienen por querellante– puede vanagloriarse de que el ex titular
del PAMI, Víctor Alderete, lleva más de un año preso;
el cuñado de Graciela Fernández Meijide, Angel Tonietto,
está procesado rumbo a un juicio oral; y la ex secretaria de Recursos
Naturales, María Julia Alsogaray, va camino a adquirir una mancha
más, si no hacia a la cárcel.
No es menos cierto que las denuncias a menudo evitan individualizar a
los personajes involucrados. Los nombres del radicalismo se pronuncian
poco o con extrema cautela. La identificación de los imputados
queda librada al magistrado que reciba el expediente. Tal es así
que, cuando la OA investigaba a Carlos Ruckauf –como ex embajador
en Italia– a partir del testimonio de empresarios italianos que lo
vinculaban a un pedido de coimas para instalar una red de gas en Argentina,
el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, salió lo más
tranquilo a decir que no era cierto que en realidad nadie estaba investigando
al gobernador bonaerense.
Según el informe que Massoni presentó ayer –junto al
director de Investigaciones, Manuel Garrido, y al de Políticas
de Transparencia, Roberto de Michele–, la corrupción en la
administración nacional tiene maneras concretas de manifestarse:
con pagos de sobreprecios en contrataciones, favoritismo en las licitaciones,
el uso irregular de bienes del Estado, pedidos de coimas, favoritismos
en el control estatal de concesiones de servicios privatizados, entre
otras modalidades.
En los casos que analiza, la OA tiene por política apuntar hacia
los funcionarios alta jerarquía, explicó Garrido. La mayoría
de las denuncias son presentadas por ciudadanos comunes, y también
las hay de reparticiones públicas. Pero la idea en la Oficina es
hacer cada vez más pesquisas de oficio. Les preocupa tener una
buena difusión de su actividad, pero no tanta. También se
quejan por ser pocos, pero no quieren ser más.
El balance también indica que lograron informatizar el sistema
de declaraciones juradas de los funcionarios, que era en papel, y eso
elevó el índice de cumplimiento del 67 por ciento –registrado
por la Oficina de Etica del menemismo– al 98 por ciento. Y en unos
días publicará la lista de los que no han cumplido. Hay
más elementos para conocer la evolución patrimonial de los
funcionarios, pero aún no hay forma de detectar si alguien les
paga además del Estado. El nuevo método, defienden, permite
un ahorro de 1.800.000 pesos. La cultura de la austeridad la impusieron
en tres licitaciones, puntualizan, donde lograron ahorrar más de
3 millones.
En el rubro de incompatibilidades y conflictos de interés, la OA
reporta 63 casos resueltos y 15 en trámite. Al presidente Fernando
de la Rúa no le preocupa ese esfuerzo: modificó por decreto
la ley de Etica para flexibilizar el acceso a cargos públicos desde
el sector privado.
Los hombres anticorrupción también tienen en su haber un
anteproyecto de Ley de lobby y otro de Ley de Acceso a la Información.
En el informe, reiteran su queja por haber tenido que defender 49 veces
su capacidad de querellar, cuestionada incluso por jueces y fiscales.
Contra viento y marea, y a pesar de pertenecer al Ministerio de Justicia,
aseguran que tienen autonomía –aunque por lo bajo dicen que
preferirían tener más– “demostrada porque denunciamos
digan lo que digan”. La idea de una fusión de la OA con la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas dependiente del Ministerio
Público –cuya dirección está vacante y su futuro
en discusión– ya no les parece tan temible. Si les garantizaran
la permanencia en sus puestos, por lo menos sabrán que el sueño
de la transparencia puede aspirar a unos años más de batalla.
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