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 Diputados
de todo el espectro político presentaron ayer un proyecto de ley
por el que se convoca para el 10 de diciembre a una consulta popular sobre
la creación de un salario de ciudadanía por el que ninguna
familia quedaría por debajo de la línea estadística
de pobreza, que es de 500 pesos mensuales para un hogar tipo. El proyecto
de ley, elaborado por el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo),
lleva la firma, entre otros, de los diputados Elisa Carrió, Alicia
Castro, Mario Cafiero, Margarita Stolbizer, Alfredo Bravo, María
América González y Eduardo Macaluse, es decir representantes
por el justicialismo, el radicalismo, el socialismo, el Frepaso, el Polo
Social y la Alternativa por una República de Iguales (ARI). Adhiere
al proyecto, aunque no lo firmó porque no es diputado nacional,
el legislador comunista por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Patricio Echegaray.
Durante la presentación del proyecto, realizada en el Congreso,
esa transversalidad fue destacada por Víctor De Gennaro, secretario
general de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, que integra el
Frenapo. “No es un hecho menor que legisladores y dirigentes políticos
que en este momento están en campaña por opciones diferentes
para los comicios del mes próximo, hayan coincidido en este proyecto
que busca cambiar la lógica imperante y llamar la atención
sobre el problema central que enfrenta nuestro país, que es la
pobreza generalizada, como consecuencia de la desocupación creada
por el modelo neoliberal”, dijo. El Frenapo se presenta como una
nueva identidad política pero no partidaria, que se propone atacar
el principal problema socioeconómico del país y al mismo
tiempo expandir los instrumentos democráticos.
La consulta popular vinculante está contemplada en la Ley 25.432,
reglamentaria de la Constitución Nacional reformada en 1994. De
aprobarse el proyecto ésta sería la primera consulta convocada
por ley. Si el Congreso no votara la ley o si el Poder Ejecutivo una vez
votada no convocara a la consulta, los organizadores anunciaron que la
realizarán de todos modos. Durante la reunión realizada
el mes pasado por la Junta Promotora del Frenapo con la mesa ejecutiva
de la Conferencia Episcopal, sus miembros solicitaron que se permitiera
la colocación de urnas en las iglesias el día de la consulta.
La primera respuesta provino del obispado de Viedma, cuando el obispo
Marcelo Melani autorizó a la Vicaría de la Fraternidad dependiente
del obispado a integrar la mesa promotora del Frente Nacional contra la
Pobreza.
Además de los legisladores firmantes, integran el Frenapo entidades
estudiantiles (como la Federación Universitaria Argentina), empresariales
(como la Federación Agraria Argentina, el Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos y la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas)
y de Derechos Humanos (como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el
Centro de Estudios Legales y Sociales, los Familiares de Detenidos Desaparecidos,
la Asamblea Permanente, el Movimiento Ecuménico y la Liga por los
Derechos Humanos). Desde el martes próximo, el Frenapo organizará
siete columnas que marcharán hacia todos los rumbos del país,
donde dejarán constituidas las juntas provinciales y municipales.
En el viaje de regreso invitarán a sumarse a la marcha a todos
quienes deseen manifestarse en favor del proyecto, con un acto que se
realizará el 21 de setiembre en la Plaza de Mayo. El Congreso piquetero
aprobó esta semana una moción para recibir a las caravanas
en los puntos de arribo del Gran Buenos Aires y de allí marchar
hasta la Capital.
El salario de ciudadanía contemplado en el proyecto se descompone
entre un Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos mensuales para
cada desocupado o desocupada que sean jefes de hogar y una asignación
por cada hijo menor de 18 años, de 60 pesos mensuales. Para las
mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 que no reciba
beneficios jubilatorios se instituye una pensión a la vejez equivalente
al haber previsionalmínimo. Los considerandos del proyecto calculan
el costo anual del salario de ciudadanía en 11.400 millones de
pesos y sugieren alternativas de financiamiento por casi el doble. Ellas
provendrían del incremento de la recaudación impositiva
que generaría esa masa de dinero volcada al consumo, la redistribución
de los actuales planes sociales vigentes, la eliminación de las
exenciones al impuesto a las ganancias, la restitución de aportes
patronales a las grandes empresas privatizadas, bancos e hipermercados,
la mayor presión impositiva sobre consumos suntuarios y la modificación
del régimen estructural de jubilación privada.
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