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Por
Victoria Ginzberg
 El
juez federal Gabriel Cavallo podría ordenar la detención
de 19 represores, si hace lugar a los pedidos provenientes de España
e Italia que llegaron a su juzgado. El ex magistrado Víctor Hermes
Brusa y los marinos Fernando Enrique Peyón, Raúl Enrique
Scheller y José Antonio Suppicich figuran en una solicitud que
hizo Baltasar Garzón. El ex general Guillermo “Pajarito”
Suárez Mason –que ya está preso por robo de bebés–
fue requerido por la Justicia alemana. Cavallo comenzará a analizar
los documentos el lunes, cuando regrese al país desde España
donde participó en distintos foros sobre la justicia internacional.
Y aunque los militares no arriben al destino solicitado, podrían
ser juzgados aquí.
El pedido de detención que llegó desde Madrid a través
de Interpol fue librado el 21 de agosto pasado. Garzón reclamó
el arresto de 18 personas -doce represores de la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA) y seis de la provincia de Santa Fe– por los delitos
de “terrorismo desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones,
detenciones ilegales, secuestros y desaparición forzada de personas;
y genocidio”. Se trata de acusados que no fueron incluidos en la
nómina de 48 militares que fue cajoneada a principios del año
pasado por el entonces juez Gustavo Literas, de acuerdo con la voluntad
del entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra.
Ahora, el juez Cavallo debe analizar si detiene a los represores –o
podría abrir un juicio de extradición sin arrestarlos–.
En caso de que haga lugar al reclamo de Garzón, España iniciaría
formalmente el proceso para que los acusados sean trasladados y, luego,
intervendría el ministerio de Relaciones Exteriores, tal como ocurrió
con Alfredo Astiz cuando la justicia italiana pidió su detención
por los asesinatos de Juan y Susana Pegoraro y Angela María Aieta.
“Si la parte requerida no accediere a la extradición de un
nacional por causa de su nacionalidad debería someter el asunto
a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente
contra aquél”, dice el artículo 7 del convenio entre
Argentina y España. Es decir que
si el Gobierno mantiene la línea que trazó con Astiz, es
de prever que los acusados no lleguen a Madrid pero también que
la Justicia argentina investigue a los militares que están imputados
allí. Y el hecho de que Cavallo sea el juez que declaró
la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
no es un dato menor en esta hipótesis. Por otro lado, en la lista
enviada por el juez español figura un civil, el ex magistrado Brusa,
que no estaría amparado por las normas que beneficiaron a los militares.
Brusa fue juez federal en Santa Fe hasta que ocho ex detenidos se presentaron
ante el Consejo de la Magistratura para relatar que el hombre –cuando
era empleado en el mismo juzgado– los obligaba a firmar declaraciones
obtenidas bajo tortura. Anatilde Bugna, que fue secuestrada el 23 de marzo
de 1977, narró que cuando le dijo a Brusa cómo habían
obtenido los militares su testimonio, él le contestó: “agradecé
que lo podés contar”. Y que durante el resto del interrogatorio
el ex juez la hostigó con patadas de karate que terminaban a centímetros
de su cara. Patricia Isasa contó que estando cautiva en la Guardia
de Infantería de Santa Fe, la fue a ver un supuesto “psicólogo”.
Cuando la joven le quiso contar lo mal que estaban todos en ese lugar,
él se rió y le dijo. “No piba acá queremos escuchar
otra cosa”. El “psicólogo” no era otro que Brusa.
La destitución del ex magistrado –en marzo del año
pasado– no pudo ser fundada en su participación en el terrorismo
de Estado porque los legisladores que lo nombraron conocían su
legajo. El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento se
basaron en otro hecho, que marcó una continuidad en la conducta
del ex juez: en 1997 atropelló con sulancha y dejó sin asistencia
a un nadador. Pero los antecedentes de complicidad con la dictadura fueron
cruciales para definir su salida del Poder Judicial.
Además de Brusa, la lista de Garzón se completa con: María
Aevis, Miguel Angel Benazzi Berisso, Roberto Rubén Carnot, Héctor
Romeo Colombini, Hugo Enrique Damario, Mario José Fasino, Roberto
Oscar González, Jorge Luis Magnacco –detenido por apropiación
de bebés–, Salvio Olegario Menéndez, Juan Calixto Perizotti,
Fernando Enrique Peyón, Jorge Carlos Rádice -preso por robo
de bienes de desaparecidos– Eduardo Alberto Ramos, Gonzalo Sánchez,
Francisco Lucio Rioja, Raúl Enrique Scheller y José Antonio
Suppicich.
Cavallo también deberá examinar un pedido del tribunal de
Nuremberg, que ordenó la captura internacional de Suárez
Mason por el “secuestro, tortura y homicidio calificado por alevosía”
de Elizabeth Käsemann. El 26 de mayo de 1977 Pajarito informó
públicamente de un “enfrentamiento” en el que murieron
16 personas, entre ellas, cuatro mujeres. Una de ellas era Elizabeth.
Su padre, el teólogo Ernst Hainrich Friederich Käsemann, viajó
a Buenos Aires para recuperar los restos de su hija y denunció
que tuvo que pagar 22 mil dólares para que le entregaran un cuerpo
sumamente castigado: no tenía cabellos ni ojos. La autopsia realizada
por los médicos forenses de Tübingen demuestra que le dispararon
a corta distancia y por la espalda.
REPRESOR
DE LA TRIPLE A EN LA SEGURIDAD DE METROVIAS
“Escrachepass”
a Rovira
Por
V. G.
”1
Genocida Miguel Angel Rovira, jefe de seguridad de Metrovías”,
dice el “escrachepass” diseñado por el grupo de arte
callejero que colabora con HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio). El cartón es idéntico a
un nuevo boleto de subte. La diferencia es que lleva una foto de Rovira
y sus antecedentes, entre los que figuran los crímenes que cometió
como miembro de la Triple A. Los Hijos lo escracharán mañana.
Rovira es suboficial retirado de la policía bonaerense. En 1986
fue imputado en la causa en la que se investigaron los asesinatos de la
Triple A, la banda parapolicial creada por el ministro de Bienestar Social
de Isabel Perón, José López Rega. Como miembro de
la plana mayor de la Alianza Anticomunista Argentina fue acusado de 27
asesinatos, entre ellos, el del diputado Rodolfo Ortega Peña.
“No hay nadie en la empresa con ese nombre. El jefe de seguridad
es Horacio Velazco y está en ese puesto desde que comenzó
la concesión”, aseguró a Página/12 Zory Radnay,
vocera de Metrovías. Sin embargo, los datos que tienen los Hijos
indican que al menos hasta hace dos meses -después de que se conocieran
las primeras denuncias– Rovira era empleado de la empresa.
Durante toda la semana, miembros de Hijos recorrieron los vagones del
subte y a modo de vendedores ambulantes repartieron los escrachepass y
narraron a los usuarios la historia de Rovira. Recibieron miradas inquisidoras
pero también muestras de apoyo y hasta el aplauso cerrado de todo
un vagón. Para convocar a la actividad del sábado, los Hijos
idearon además unos planos similares a los oficiales de Metrovías
en los que están señaladas las estaciones Pasco de la línea
A y Pichincha de la E. Ambas conducen a la casa de Rovira.
El legislador de la Ciudad de Buenos Aires Raúl Puy (ARI) solicitó
un pedido de informes para precisar si Rovira cumple o cumplió
tareas de seguridad en Metrovías.
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