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 Los
argentinos que no tengan pasaporte y quieran viajar al exterior seguirán
varados en el país, al menos, por dos o tres semanas más,
según estimó ayer el subcomisario Daniel Calabrese, jefe
del Departamento de Emisión de Documentos de la Policía
Federal. Los damnificados suman ya más de 80 mil. Los documentos
no se entregan a raíz de un conflicto entre la fuerza de seguridad
y la empresa Ciccone Calcográfica, proveedora del papel para imprimirlos,
que reclama una deuda de 14 millones de dólares. “(Ramón)
Mestre ha hablado con (Domingo) Cavallo por el dinero y le dicen que no
hay plata”, confió una fuente del Ministerio del Interior
a Página/12. Incluso, el mismo presidente Fernando de la Rúa
habría levantado el teléfono para destrabar el problema,
aunque sin éxito. Al compás de la indignación de
la gente por la falta de respuesta oficial para normalizar la situación,
aparecieron “falsos gestores” y nació la industria del
juicio: diversos estudios jurídicos ofrecen demandar al Estado
para conseguir indemnizaciones por los “daños y perjuicios”
ocasionados por la demora en la entrega de pasaportes.
“La semana pasada les dimos 2 millones y ésta, 3 millones
más. La Policía quiere los 9 restantes, pero no podemos
darles todo. Acá se saca de un lado para poner en otro. Estamos
tapando agujeros”, señaló una fuente de la Secretaría
de Hacienda, de donde debe salir el dinero para hacer frente a la deuda
que la fuerza de seguridad mantiene con Ciccone, por material ya entregado.
Ante una consulta telefónica, la firma no quiso dar explicaciones
sobre el conflicto, con el argumento de que su responsable, Roberto Molina
“se encuentra de viaje”, según explicaron empleados de
la empresa.
La pulseada por el dinero entre la Policía, Hacienda y Ciccone
dejó sin pasaportes a unas 80 mil personas que no pueden salir
del país. Para presionar al Gobierno y cobrar la deuda, la empresa
no entrega el cuadernillo que se utiliza para imprimir los pasaportes.
De esta forma, la fuerza continúa tramitando los documentos, –y
cobrando los 75 pesos que cuestan obtenerlo– pero no los entrega.
Ante semejante situación, la policía resolvió no
anular los pasaportes vencidos, que son revalidados para permitir la salida
de sus propietarios al exterior.
“No podemos decir hasta cuándo, pero estamos esperanzados
en que en dos o tres semanas podremos normalizar la situación”,
estimó el subcomisario Calabrese, quien advirtió además,
sobre la aparición de “falsos gestores” que prometen
realizar el trámite o agilizarlo a cambio de dinero. “No les
hagan caso”, recomendó, y advirtió que quien eventualmente
contrate ese servicio “va a perder el importe y no obtendrá
el pasaporte”. El funcionario explicó que sólo están
dando pasaportes “a los pedidos más puntuales, como enfermedad,
trabajo, contratos en el exterior, becas, trasplante de órganos”.
Algunos abogados piensan sacar su tajada: estudios jurídicos promocionan
sus servicios para querellar al Estado por los eventuales “daños
y perjuicios” generados por la imposibilidad de concretar un viaje
al exterior por falta de pasaporte. Ofrecen iniciar el trámite
sin costo y quedarse con el 35 por ciento de la indemnización una
vez conseguida la sentencia, en no menos de dos o tres años.
En caso de que se solucione el conflicto y se reciban los insumos, la
policía prevé que su personal trabaje horas y días
extra, inclusive sábados y domingos, para entregar en “dos
o tres semanas” todos los trámites demorados. “Somos
conscientes de las ansias de la gente que pagó el pasaporte. Le
pedimos que tenga paciencia, que no saque pasajes ni haga compromisos
para evitar problemas mayores.”, dijo Calabrese. “Estamos esperanzados
de que esto tienda a normalizarse lo antes posible, por bien de la población
y bien nuestro”, reconoció.
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