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Por Carlos Rodríguez
 Como ya ocurriera en más de una ocasión durante su carrera en la Bonaerense, en los años de la �maldita policía�, el ahora comisario mayor retirado Julio Gómez Sánchez quedó al borde de la detención, acusado de cometer una estafa en perjuicio de diez empleados de una agencia privada de seguridad de la que es copropietario, y del Banco Municipal de La Plata. El pedido de captura fue fundamentado por los fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) de La Plata, Carlos Agüero y Esteban Lombardo. La resolución quedó demorada debido a que el juez de Garantías Guillermo Atencio se excusó de intervenir en la causa, alegando que en 1997 se había puesto �en tela de juicio� su imparcialidad, cuando intervino en otro sumario donde Gómez Sánchez estaba acusado por el mismo delito. ¿Se concretará esta vez la detención del comisario retirado? �Todo indicaría que sí, pero nunca se sabe�, comentó una fuente judicial consultada por
Página/12.
Junto con Gómez Sánchez, los fiscales solicitaron que se disponga la inmediata captura de Norberto Asprea y Rosa del Pilar Rodríguez de Corrada. El primero de los nombrados es director de la agencia de seguridad privada La Plata S.A., mientras que la mujer es la dueña del corralón de materiales de construcción Alfa, que resultó beneficiaria de la estafa que está siendo investigada. Los fiscales precisaron que los imputados habrían utilizado �el ardid o engaño consistente en hacerles solicitar� a sus empleados �créditos personales en el Banco Municipal, a través de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Construcción (Acimco), por distintos montos de dinero, con la finalidad de destinar esas sumas en favor de la firma para la cual trabajaban (la firma de seguridad), con el objeto de lograr de ese modo que la empresa pudiera pagarle sus salarios atrasados�.
De todos modos, la solicitud de crédito �en realidad estaba encubriendo una operatoria comercial preexistente, articulada entre los responsables de la empresa de seguridad y materiales Alfa, firma a cuyo favor se acreditaron los fondos de los créditos otorgados�. Los empleados nunca recibieron los montos acordados por la entidad crediticia y lo que es peor �ni siquiera recibieron el pago de los salarios adeudados�. Las maniobras también perjudicaron al Banco Municipal, que nunca llegó a cobrar las cuotas correspondientes a los créditos que otorgó.
La UFIC calificó los hechos como �estafa y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal y material� reiterado en diez hechos. Los testigos principales son los diez empleados estafados por la empresa de seguridad. Uno de los denunciantes relató que fue a concretar la compra de un electrodoméstico y en ese momento se enteró que tenía una deuda con el Banco Municipal que le impedía obtener crédito alguno por ser moroso. En realidad el banco nunca había entregado dinero sino que le brindó a la firma Acimco, verdadera beneficiaria de los préstamos, la posibilidad de comprar materiales por montos que luego eran reclamados a los empleados.
Tras recibir el pedido, el juez Atencio se excusó de seguir en la causa. �Habiendo sido puesta en tela de juicio mi imparcialidad a quien en este acto advierto que reviste condición de denunciado (se refiere a Gómez Sánchez), en su sumario administrativo 3001-494/97 aún en trámite en la Suprema Corte bonaerense, no puedo actuar en la presente causa�, dijo Atencio. El trámite administrativo estuvo referido a una denuncia contra el juez por presuntas irregularidades en el manejo de una causa por fraude entablada contra el fallecido ex jefe de la Policía Bonaerense, Pedro Klodczyk. En la misma causa estuvo involucrado Gómez Sánchez.
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