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Por
Javier Lorca
 ”Tajada jugosa de negocios
y fuente de ahorros públicos para seguir cebando al insaciable
capital financiero.” Los rectores advirtieron ayer que así
está siendo concebida la universidad pública. Reunidas en
el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las autoridades académicas
avanzaron en su defensa frente a los rumores de ajuste y privatización
para el sector. Acordaron lanzar una “iniciativa popular” para
reunir firmas de apoyo y presentar al Congreso un proyecto de ley que
garantice la supervivencia de la universidad pública.
Con el mismo objetivo, redactaron un manifiesto por la educación
pública (al que pertenece el fragmento que encabeza esta nota)
que utilizarán para convocar “a los sectores productivos,
profesionales, organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales”
de todo el país, además de a la comunidad educativa y científica.
“La educación universitaria es vista hoy como el último
nicho del mercado que todavía controla el Estado... En una Argentina
con quince millones de pobres, privatizar la educación o acabar
con su gratuidad equivale a excluir a cientos de miles de ciudadanos.
Si hoy sentimos el impacto de la ausencia de los 30 mil desaparecidos
hace veinte años, pensemos cómo se sentirá, dentro
de veinte años, la desaparición virtual de cientos de miles
de personas del mundo del trabajo, de la participación democrática,
de la creación científica y artística”, dice
el documento aprobado por unanimidad en una sesión extraordinaria
del CIN realizada en el Rectorado de la UTN.
La semana pasada, los rectores habían blanqueado los rumores que
todavía les pisan los talones: un recorte de hasta la mitad del
presupuesto de 1800 millones para el año próximo y el gerenciamiento
privado de las casas de altos estudios. En ese marco, habían anunciado
también desde el CIN
que harían una consulta popular sobre el carácter público
y gratuito de la educación. Ayer aclararon la propuesta. “Hacer
una consulta nos llevaría a pelear con los Hadad y compañía”,
avisó el rector de la Universidad de Mar del Plata, Gustavo Daleo.
“La idea no sería hacer una consulta sobre qué quiere
la gente, sino hacer un proyecto de ley que asegure la no privatización
de la universidad, que sea garantía de defensa de la educación
pública”, detalló el rector de la Universidad de General
Sarmiento, José Luis Coraggio. Todos los rectores apoyaron la moción.
Además, reiteraron que pedirán audiencias con el Presidente,
el ministro de Economía (a cuyo entorno le atribuyen la intención
de recortar), los presidentes de cámaras del Congreso, legisladores
y también gobernadores de provincias, en busca de apoyos para evitar
cualquier restricción de fondos que ponga en riesgo el funcionamiento
de la universidad.
Antes de que concluyera la sesión, el rector de la Universidad
de Villa María, Carlos Domínguez, presentó un informe
sobre la situación presupuestaria actual. “Al 31 de agosto,
deberíamos haber recibido 1.146 millones. Pero lo asignado por
el ministerio llega a 1.074 millones. La subejecución hoy es del
4,16 por ciento del total. Pero, con la tendencia de los últimos
meses, en septiembre será del 5,92, en octubre del 7,68, en noviembre
del 9,44 y en diciembre del 11,2”, avisó. Según las
previsiones de la comisión de asuntos económicos del CIN,
para fin de año el ajuste trepará hasta 140 millones. De
concretarse el pronóstico, restará saber si el Gobierno
asume el compromiso de pagarlos (en algún momento) o si, directamente,
no los ejecuta.
CRITICAS
AL PROYECTO DE EDUCACION
“Un
arancel encubierto”
 “Cobrarles
a los alumnos que tienen que volver a rendir una materia o examen es un
arancel encubierto”, se plantó ante la consulta de Página/12
el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Héctor Brotto.
Después de que el martes este diario anticipara el proyecto del
Ministerio de Educación de establecer un nuevo régimen de
regularidad y rendimiento estudiantil, con multas para los repitentes,
estalló la polémica.
“Todas las universidades tienen sus propios regímenes de regularidad.
Poner al estudiante en situación de pagar por una cuestión
académica no corresponde. Habría que buscar otros métodos
para ayudarlo”, insistió el titular del consejo de rectores.
Los estudiantes, desde la FUA, ya habían anticipado su rechazo.
Por su parte, el secretario de Educación Superior, Juan Carlos
Gottifredi, defendió el proyecto para reformar la Ley de Educación
Superior, fijar un mínimo de dos materias aprobadas al año
y un 70 por ciento de éxito en asignaturas y exámenes, y
fijar un sistema de multas. Dijo que generará mayor responsabilidad
entre los alumnos. “Si la sociedad me dio la oportunidad para estudiar
y yo fracasé, entonces ¿cómo lo retribuyo? Pagando
una multa, que no tiene porque ser excesiva.” Y aseguró: “No
tiene nada que ver con un arancelamiento. La idea es que haya poca recaudación
en multa; la universidad que va a andar bien es la que recaude poco, no
la que recaude mucho por multas”.
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OPINION
Por Nora Veiras
De cómo parecer serio
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Ramal
que para, ramal que cierra.” Esa fue la consigna que anticipó
María Julia Alsogaray como interventora de Ferrocarriles
Argentinos. La amenaza era obvia: cualquier resistencia al modelo
implica una alternativa aún peor. Desde comienzos de los
90, el temor al caos absoluto fue el argumento para aceptar humillaciones
graduales. En la educación, el peso de una tradición
que permitió forjar un país latinoamericano diferente
impidió el avance de políticas de destrucción
frontales –ni el CEMA se atreve a decir abiertamente que hay
que eliminar la educación pública. Sin embargo, se
ha avanzado en distintas formas de degradación. Ahora, la
secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación acaba de presentar un proyecto que le da un
nuevo contenido al apotegma de la Marie Julie. Sería algo
así como “aquel que no estudia, paga” y lo fundamenta
en la necesidad de justificar la gratuidad de la enseñanza
de grado ante una sociedad que hasta se bancó el recorte
de las jubilaciones en pos de cumplir con los compromisos externos.
Se sabe que son los únicos que priman aún a costa
de la dignidad de miles de ciudadanos.
La propuesta apunta a conjurar un mal de la educación superior:
la vegetación de alumnos que no rinden ni siquiera dos materias
por año -como establece la ley vigente– y que a la luz
de los números siguen figurando como estudiantes a la hora
de repartir el presupuesto. La exigencia académica es lógica
–se supone condición básica de la formación–,
lo increíble es pretender que el castigo ante el incumplimiento
sea monetario. Y es ahí donde se devela el motivo que guía
esta nueva receta que intenta otro atajo para el arancel: el motivo
que la sostiene no es académico sino economicista. Es más,
en los propios fundamentos se explicita que “en estos difíciles
momentos el gobierno nacional se ve forzado a aplicar recortes en
todos los sectores de la administración, incluyendo al sistema
educativo”. Otra mentira: si el apremio es coyuntural, qué
sentido tiene perpetuarlo en una modificación de la Ley de
Educación Superior.
La desesperación por conseguir plata como sea torna grotescas
algunas políticas. El radicalismo gobernante, que ya claudicó
en casi todo, no se atreve a proponer lisa y llanamente el arancelamiento
de los estudios de grado. En la universidad pretende mantener las
apariencias.
La idea prevé también mecanismos de readmisión,
a criterio de cada universidad, pero sólo por una vez. Sería
bueno que ante el fracaso, el Estado aplique la misma lógica
a la hora de formar el gabinete nacional. Hay más de uno
que no podría reincidir ni pagando fortunas.
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TOMAS
Las tomas
de unidades académicas en rechazo al ajuste ejecutado por
el Gobierno proliferaron ayer. Alumnos de cinco facultades de la
Universidad de La Plata mantenían tomados los edificios donde
se dictan Derecho, Humanidades, Periodismo, Odontología y
Arquitectura. En esta última sede, el decano Gustavo Azpiazu
denunció que fue “intimidado” por estudiantes,
después de que anteayer fuera destrozado su auto particular.
También fue tomado el Centro Regional Universitario Bariloche,
de la Universidad del Comahue. El escenario se repitió en
la Universidad de San Luis: todos los edificios de la universidad
fueron tomados, por los alumnos en San Luis, mientras que docentes,
no docentes y estudiantes hicieron lo mismo en Villa Mercedes. Simultáneamente,
ayer concluyeron las 48 horas de lucha y paros activos convocados
tanto por la Conadu como por la Conadu “Histórica”.
Ayer al mediodía hubo una clase pública frente al
Rectorado de la UBA y hoy se hará una jornada nacional de
clases. A las 19, habrá una en Diagonal Norte y Esmeralda.
EL
DATO.
Asignaturas pendientes
El viernes
y el sábado de la semana que viene se realizarán las
primeras jornadas “Participación, ciudadanía
y democracia. Asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo”,
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (Puán
470). Participarán Cristina Davini, Graciela Frigerio, Daniel
García Delgado y Domingo Tavarone, entre otros. La actividad
no es arancelada. Informes: [email protected].
EL
NUMERO.
10
Son las
becas que ofrece la Unión Latina para participar de un curso
de formación de redacción de guión cinematográfico.
El curso está dirigido a jóvenes cineastas (con dominio
del francés) y se dará en París, del 5 al 30
de noviembre próximo. Los candidatos deben presentar un corto
o un largometraje antes del jueves 20. Informes: 4803-1636 y 4801-3231.
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