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Por
Javier Lorca
 “Mamá,
me recibí”, quiere gritar. Pero no puede. Ya cursó
los cinco o seis años de rigor, ya aprobó la última
materia. Sin embargo, todavía le falta algo para recibir su diploma
de grado. Tiene que dar otra prueba: el Examen para Egresantes de Carreras
Universitarias Acreditadas. El Ministerio de Educación elaboró
un proyecto para aplicar el ECUA a partir de 2003. Página/12 accedió
al documento. La idea es que todos los graduados de universidades públicas
y privadas lo rindan como condición para recibir su título.
“Lo que se pretende determinar –señala el proyecto oficial–
es el rendimiento de la carrera y no el desempeño de sus estudiantes,
sobre lo que se guardará una estricta confidencialidad.” No
obstante, la evaluación no será anónima.
Frente a este y otros avances del Gobierno, la semana pasada los rectores
universitarios criticaron en forma unánime “la proliferación
de iniciativas parciales para introducir cambios puntuales en los sistemas
normativos de la educación superior, sin atender a una visión
de conjunto”.
Según la propuesta, el ECUA se tomará a estudiantes de carreras
acreditadas, es decir, carreras cuyos planes de estudios e infraestructuras
ya fueron autorizados por la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (Coneau): por ahora, la única
en esa condición es Medicina. El examen se tomaría una vez
al año, en un mismo día para todas las carreras, y alcanzaría
a todos los alumnos que cursen el último tramo de sus estudios.
“Será obligatorio y constituirá un requisito excluyente
para la entrega del título por parte de la universidad.” De
acuerdo con las últimas estadísticas (1998), al año
se gradúan unas 35 mil personas en el sistema universitario.
El diseño y la confección de la nueva prueba estaría
a cargo de la Coneau. El ministerio prevé que el ECUA debería
medir “el conocimiento de contenidos fundamentales comunes para todo
egresante” y “las habilidades definidas en el perfil del graduado”.
Y, además, cada alumno debería hacer una evaluación
de la carrera y su organización, planta docente, equipos, biblioteca
e infraestructura. La Coneau también se encargaría de procesar
el resultado. De tomar el examen se ocuparían las universidades
involucradas, bajo supervisión de observadores del ministerio.
“Una vez obtenidos los resultados del ECUA, el ministerio los dará
a conocer públicamente, poniendo especial cuidado en la utilización
adecuada de esa información.” Lo que no se quiere es construir
un ranking. ¿Qué se pretende hacer? La Coneau haría
un diagnóstico (teniendo en cuenta también las evaluaciones
institucionales interna y externa) y una serie de recomendaciones finales.
El ministerio verificaría el proceso de mejoras que deberían
encarar las universidades, después de definir los plazos a cumplir.
En Brasil, un examen muy similar ha llegado a provocar la clausura temporal
de alguna unidad académica.
Para no herir susceptibilidades, el proyecto de Educación reitera
que su pretensión es “determinar la calidad de los aprendizajes
efectivamente logrados y no determinar la capacidad para el ejercicio
profesional de quienes se encuentran en condiciones de egresar”.
Y más adelante: “Dado su carácter institucional, no
vinculante para los estudiantes, los exámenes serán confidenciales,
no anónimos, estableciéndose... las claves y recaudos necesarios
que aseguren la confidencialidad y el buen uso de la información.”
Una pregunta obvia: ¿qué hará el Estado si se encuentra
ante uno o varios graduados en Medicina cuyas evaluaciones resultan desastrosas?
Más allá de recomendar mejoras institucionales, ¿los
dejará ejercer?
La propuesta fue desarrollada por la Secretaría de Educación
Superior del ministerio y presentada ante el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), donde se agrupan los rectores de las 37 universidades
públicas del país. Las autoridades universitarias todavía
no dieron su opiniónparticular sobre el proyecto, pero sí
se expidieron en general. El miércoles pasado, en un acuerdo plenario,
criticaron el avance de iniciativas parciales que no atienden a una visión
de conjunto y reclamaron “una planificación estratégica
a nivel nacional y regional”. Según confiaron a este diario,
algunos rectores creen que “el ECUA, tal como está planteado,
sería un avance sobre la autonomía universitaria, porque
se quiere evaluar a los estudiantes que todavía están en
la universidad. Distinto sería un examen para graduados, voluntario
pero estimulado con la realización de pasantías”. Mientras,
desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), Manuel Terrádez
apuntó: “Los estudiantes no nos oponemos a que se evalúe
la calidad. Pero hay un problema metodológico: no hay garantías
de que con una evaluación censal de este tipo se obtenga una evaluación
institucional. Es un instrumento impreciso. No hay que evaluar el resultado,
sino el proceso de aprendizaje”.
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