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Un informe de la Embajada Suiza alivia, por ahora, a Carlos Menem

Se negó que existan dos supuestas cuentas que Urso mandó investigar por pedido de Carrió. Piden más precisiones sobre otras búsquedas.

Por Eduardo Tagliaferro

No existen cuentas en Suiza a nombre de la empresa Mallorca Enterprises Ltd., informó ayer la Oficina Federal de Justicia de ese país. La embajada helvética distribuyó un comunicado en el que consignó la respuesta que le remitió a la Justicia federal. En ella afirman que la empresa, que según una presentación de la diputada Elisa Carrió pertenecería a Carlos Menem en un 75 por ciento, no tiene cuenta en el Credit Suisse First Boston Bank. También sostienen que el banco The Bahamas & Cayman Trust Bank, uno de los mencionados como el depositario del dinero de Mallorca Enterprises, no existe en su país. Sobre los supuestos depósitos a nombre de Domingo Cavallo y Alberto Kohan, la Justicia suiza les reclamó a sus pares locales mayores precisiones.
La no existencia de cuentas a nombre de Mallorca Enterprises no significa que el ex presidente no posea cuentas en Suiza, como en forma entusiasta sus allegados se encargaron ayer de señalar a la prensa. Las autoridades suizas se habían encargado de precisar que sus respuestas se limitarían a los bancos con sede en su territorio. Nada podrían decir sobre sucursales extranjeras de entidades financieras suizas.
Las investigaciones de Carrió la llevaron a sostener que en esa empresa mallorquina aparecían asociados Menem y su ex secretario privado, Ramón Hernández. Los datos aportados por la legisladora, consignaban que Mallorca Enterprises tendría cuenta en dos bancos. Uno de ellos radicado en Zurich y el otro en Gran Caymán.
No bien se conoció el contenido de la denuncia de la diputada, los abogados del ex presidente, Oscar Roger y Oscar Salvi promovieron una denuncia contra la legisladora por “aportes fraudulentos” a una investigación judicial. La semana pasada el fiscal federal Carlos Stornelli le reclamó a Urso que extienda los oficios a varios países e incluso a los parientes más cercanos a los involucrados en la venta ilegal de armas. A la justicia norteamericana Stornelli le pidió información sobre la supuesta cuenta de Mallorca Enterprises en Credit Suisse First Boston. También reclamó informes de la justicia de Austria, de Panamá, de Bahamas, del Gran Ducado de Luxemburgo, de Liechtenstein y de muchos otros países, algunos conocidos paraísos fiscales y otros por su añeja tradición bancaria. Los exhortos incluyen a los familiares más cercanos del ex presidente, de su ex cuñado, Emir Yoma y del resto de involucrados en la investigación judicial.
Entre los datos que Carrió acercó a los tribunales, también figuraban supuestas cuentas de Domingo Cavallo y de la empresa Argmine que según la información de la legisladora pertenecería a Alberto Kohan. En este caso las investigaciones están a cargo de los jueces Gabriel Cavallo y de María Romilda Servini de Cubría. Sobre los exhortos correspondientes a estas causas, la justicia suiza reclamó a sus pares locales “elementos suplementarios relacionados al estado del hecho así como acerca de la naturaleza de las infracciones eventualmente cometidas y que podrían estar al origen del enriquecimiento ilícito a fin de poder establecer la doble punibilidad”. Para que la Justicia suiza brinde alguna respuesta uno de los requisitos es que las figuras delictivas deben ser contempladas en ambas legislaciones. En este punto la sospecha de que un funcionario se enriqueció indebidamente no es motivo suficiente para ser punible. En este caso los suizos le pidieron a los jueces argentinos, precisiones sobre las cuentas, ya que cuatro de los bancos sobre los que se reclamaba información, “no existen en Suiza”.

La conexión ecuatoriana
El fiscal de la Corte Suprema de Justicia Militar de Ecuador, Fausto Inca, pidió la prisión preventiva de Roberto Sassen y de César Torres por “infracciones contra la seguridad interna del Estado y por fraude a la administración militar”. Sassen y Torres estaban asociados en la empresa ecuatoriana Prodefensa que, cuando se desató la denominada “Guerra del Cóndor” con Perú, ganó la licitación para proveer de fusiles Fal que tendrían como principal destino armar a los reservistas que serían convocados para el diferendo limítrofe. Aconsejados por el traficante francés Jean Bernard Lasnaud, los ecuatorianos consiguieron los Fal en la Argentina, concretamente en Fabricaciones Militares. Para ello contaron con la estratégica participación del ex integrante de los grupos de Tareas de la Esma, capitán de navío Horacio Estrada. Al fundamentar su acusación, el fiscal ecuatoriano sostuvo que los acusados “defraudaron a la Junta de Defensa Nacional porque, de lo contratado, al país sólo llegaron 4998 fusiles viejos y usados y 2.625.600 proyectiles caducados”.

 

 

 

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