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Por
Susana Viau
 Ayer
a las 8.30 fue trasladado al juzgado federal Claudio Bonadío el
capitán de navío (retirado) Jorge Enrique Perrén
para declarar en el marco de la causa que investiga el desapoderamiento
de bienes del empresario mendocino Victorio Cerutti, el contador Horacio
Palma y el abogado Conrado Higinio Gómez. Perrén asumió
la responsabilidad del secuestro de “Gabriel”, seudónimo
del entonces jefe del área de finanzas de Montoneros y actual periodista
Juan Gasparini. Perren afirmó que “Gabriel” tenía
el grado de “oficial segundo” de la organización, lo
que equivalía al de general de brigada o contraalmirante en la
nomenclatura del ejército y la marina. Dada su importancia, agregó,
resolvió que su detención fuera practicada por un alto oficial
y la misión le tocó al teniente de navío Juan Carlos
Rolón. Respecto de las preguntas referidas a aspectos más
concretos de la investigación, Perrén respondió sistemáticamente
“no me acuerdo”.
La precisión de Perrén acerca de la importancia del rol
de Gasparini (“Gabriel”) en la estructura de la organización
y la necesidad de emplear para ello personal de alta jerarquía,
entraría en colisión con el texto de la presentación
que elevara por escrito a Bonadío. Allí Perrén sostenía
que los Grupos de Tareas estaban integrados por oficiales jóvenes
y de baja graduación y ellos estuvieron bajo su mando entre 1976
y 1977, cuando Perren se desempeñaba como jefe de Operaciones de
la Unidad de Tareas 3.3.2. El oficial, que se presentó el viernes,
luego de que el jueves Bonadío impartiera contra él una
orden de detención, parece dispuesto a desmarcarse de la actitud
asumida por quien fuera conducción de la Armada. Para eso, su estrategia
apunta a aceptar las responsabilidades derivadas de su condición
de jefe y, al mismo tiempo, desligarse de las acciones de pillaje y latrocinio
que no han prescripto y dieron lugar a la investigación de la Justicia
federal.
No obstante, fue Rolón el primero en recordar que las actividades
que se le imputan estaban inscriptas en decisiones tomadas por la cadena
de mandos. Al igual que Perrén, al ser llevado ante el magistrado
se había mostrado ofuscado por las preguntas relativas al desapoderamiento
de bienes de desaparecidos, en tanto reivindicó el rol jugado en
la represión a la guerrilla. Con posterioridad, Rolón fue
sometido a un careo con Marcelo Camilo Hernández, uno de los sobrevivientes
de la Escuela de Mecánica de la Armada. Sin embargo, el ex miembro
del Grupo de Tareas de la ESMA se negó a dialogar con su víctima,
aunque admitió que a Montoneros le fue incautada una elevadísisma
cantidad de dinero y que esa suma fue llevada a la casa del entonces director
de la Escuela de Mecánica, almirante Rubén Jacinto Chamorro.
Con Perrén son ya seis los marinos detenidos y sospechados de conformar
una asociación ilícita destinada a despojar de sus bienes
y mediante coacción a las personas secuestradas. Excepto Perrén
y Rolón, en líneas generales el resto de los imputados parece
haber adoptado una estrategia común, incluido su antiguo jefe el
ex almirante Emilio Eduardo Massera. La línea esbozada por los
defensores apunta a denunciar que éstos son objeto de una conspiración
alentada por quienes formaron parte de las organizaciones armadas. Pero
no son sólo militares los involucrados en la investigación:
también están detenidos el cuidador de caballos Aldo Maver
(que tuvo en su poder los caballos de carrera robados al abogado Gómez)
y el escribano Arnaldo Dardano, que legalizó esos traspasos. Bonadío
solicitó, además, el desafuero de la jueza en contencioso
administrativo federal Emilia Marta García, para esas fechas empleada
de la escribanía de Ariel Sosa Moliné y síndico y
accionista de las sociedades creadas por Massera para apropiarse de 25
valiosas hectáreas en Chacras de Coria que pertenecían a
Cerutti, Palma y Gómez.
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