Terminaron su bachillerato para adultos, después de dos años de cursar, y de pagar 2500 pesos, entre matrícula, cuotas y certificado de título en trámite. Ahora, cuando van el edificio de Viamonte y Callao, donde funcionaba el Instituto Mayor de Formación Profesional, para reclamar su diploma nadie los atiende, o les dicen que “los dueños de ahora no tienen nada que ver con los de antes”. Más de 1500 alumnos están sin títulos definitivos ni certificados de materias aprobadas y, encima, el Ministerio de Educación de la Nación ya no reconoce los certificados provisorios, porque el Instituto estaba autorizado a funcionar hasta 1999, pero, sin que se diera por enterado ningún organismo nacional o provincial, sus propietarios se fueron extendiendo desde Córdoba a todo el país.
“Acá nos han estafado; yo terminé de dar mi última materia en marzo, y cuando después de unos días fui a buscar mi certificado de título en trámite, me dijeron que no estaba”, asegura Susana Zukernik, una de las tantas perjudicadas. “Lo que pasa es que ahora nadie nos reconoce los certificados que nos dieron, y hay gente que está cobrando un sueldo mayor porque terminó el secundario, y que puede tener muchos problemas con todo esto”, agrega Susana.
Los gobiernos de Córdoba y de La Rioja firmaron en 1996 un convenio por el cual autorizaban el funcionamiento de una escuela para adultos en el departamento del Valle de Punilla, gracias al programa Bachillerato Acelerado a Distancia para Adultos (BADA). Pero los dueños de esa escuela siguieron ramificando los establecimientos por todo el país, pese a que el convenio original finalizaba en diciembre de 1999. En ese momento presentaron un recurso de amparo ante la Justicia cordobesa, para que pudieran seguir funcionando, pero en marzo pasado, en los Tribunales mediterráneos, se ratificó que no estaban autorizados a continuar.
Llegado ese punto, del local de Viamonte y Callao, una de las sucursales, desaparecieron los responsables, y una nueva firma dijo desconocer los inconvenientes generados con los alumnos, que descubrían que sus títulos no tenían validez, y que tampoco recibirían certificados de ahí en adelante.
Los alumnos perjudicados, en su desesperación, tocaron todos los timbres habidos y por haber, pero aún no han podido solucionar el problema. Por lo pronto, el defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris, exhortó “al Ministerio de Educación de la Nación para que adopte las medidas tendientes a regularizar la situación de estos alumnos en forma inmediata”. No obstante, los alumnos aseguran que no han podido solucionar el problema.
En la Defensoría de la Ciudad aseguran que cuando le pidieron una explicación a la Dirección de Educación de Gestión Privada porteña (Diegep), en ese organismo le reconocieron que “las 6 direcciones en las que funcionaban los mencionados institutos no contaban con autorización oficial para matricular alumnos en el ámbito de la ciudad, ni se encuentran incorporados a la enseñanza oficial ni en trámite de incorporación”. En tanto, el titular de la Diegep, Marcelo Pivato, deslindó responsabilidades y dijo a este diario que “no se puede controlar lo que no está reconocido dentro del sistema educativo privado de la ciudad”.
Ahora, desde el Ministerio de Educación de La Rioja –que fue quien coordinó junto a otras provincias la extensión del BADA– su titular, Miguel Angel Asís, prometió entregarle los demorados títulos a los alumnos. Gustavo Tineo, subsecretario de Coordinación Educativa riojana, le envió una notificación a la Defensoría porteña en la que aseguran que atenderán a los alumnos perjudicados, “tanto a los que demuestren la terminación de sus estudios como a aquellos que no lo hayan hecho”. Tineo aseguró que creará una comisión para resolver la situación de los damnificados, que tendrán que enviarle a su organismo la documentación pertinente, incluyendo certificado de estudios, datos personales, y certificación de domicilio. Los estudiantes podrán acercar sus documentosa la Casa de la Provincia de La Rioja en Capital, en Callao 745. Por lo pronto, deberán cruzar los dedos y esperar que desde tierras riojanas no los defrauden, y que esta vez sea en serio.

Informe: Alejandro Cánepa.

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