Por Eduardo Videla

Cuando se habla de inseguridad, hay muchos a los que se les prende la lamparita: son las empresas que se dedican a hacer instalaciones clandestinas de alumbrado en las calles de Buenos Aires. Una encuesta realizada por la consultora Equis arroja, entre otros resultados, que el 22 por ciento de los vecinos consultados tiene, en la cuadra donde vive, un farol colocado en forma autogestionada, es decir, sin autorización oficial, por cuenta de los propios vecinos. La situación no sería preocupante si no fuera porque “es el gobierno porteño, es decir, todos los contribuyentes, los que deben afrontar los gastos de consumo, y porque no están garantizadas las condiciones de seguridad de las instalaciones”, advirtió a Página/12 el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, Néstor Vicente.
La existencia de iluminación clandestina fue detectada en distintos barrios de la ciudad: desde Flores Sur hasta Saavedra, pasando por Floresta, Paternal y Villa Devoto. “En algunos casos son lámparas a gas de mercurio, sin vidrio protector, colgadas por riendas en el medio de la calle. En otros, son faroles atornillados en los postes de televisión por cable”, describió Luis Blanco, del área Servicios Públicos del Ente. Los precios varían según el barrio: en Flores, por ejemplo, cobran 100 pesos por dos lámparas de mercurio en una cuadra. A razón de 5 pesos por frentista.
Según los funcionarios, la instalación de este tipo de luminarias termina siendo una verdadera estafa para los vecinos: los faroles colocados en forma clandestina no tienen ningún tipo de mantenimiento garantizado y si se quema la lámpara no hay quién haga el reemplazo. En la iluminación oficial, esa tarea fue encomendada a cuatro empresas privadas, a cargo de otras tantas zonas, mientras que una quinta área está cubierta por el gobierno de la ciudad.
Si bien la iluminación no aparece entre las principales demandas que hacen los porteños (se ubica en el puesto 14 de la lista de problemas señalados por los vecinos encuestados), el tema aparece directamente vinculado con la inseguridad, señalada por el 51 por ciento de los consultados como el principal problema que aflige a la ciudad: el 81 por ciento expresó su convicción de que en las calles con poca iluminación se producen más robos y asaltos.
En la encuesta realizada por la consultora Equis por encargo del Ente de la Ciudad, sobre un total de 400 personas consultadas, el 22 por ciento contestó que sí a la pregunta “¿Existen en su zona instalaciones de alumbrado pagadas por los vecinos?”. Según Vicente, estas instalaciones están originadas, en algunos casos, en legítimas necesidades de los vecinos, pero en otros, constituyen un verdadero exceso.
Para el titular del ente, la existencia de estas luces clandestinas tiene un trasfondo de injusticia. “Estas instalaciones autogestionadas se producen en los barrios de mayor poder adquisitivo, pero el consumo lo pagan todos los vecinos”, dijo. Las empresas Edesur y Edenor le facturan al Gobierno de la Ciudad 11 millones de pesos anuales por alumbrado público.
El fenómeno también fue detectado por los funcionarios del área de Seguridad en las reuniones de los consejos de prevención del delito. “Generalmente se trata de barrios de casas bajas, donde es más fácil ponerse de acuerdo para recolectar el dinero. Lo hacen porque es más fácil que hacer el reclamo en el CGP o porque quieren una iluminación por encima del standard”, dijo el director de Políticas de Seguridad, Claudio Suárez. “Nosotros les aconsejamos que, si quieren mejorar la iluminación, coloquen lámparas en su propio frente”, agregó.
En la Secretaría de Obras y Servicios Públicos reconocen la existencia del problema pero no tienen una dimensión exacta del mismo. “Estas instalaciones están hechas por empresas fantasmas sin las mínimas condiciones de seguridad”, dice el director adjunto de Alumbrado Público,Juan Carlos Gómez. El funcionario aseguró que estos equipos son retirados de la vía pública, “aunque cuando hay falencias en la iluminación, primero se trata de dar una solución”. Según el funcionario, el pago del consumo es materia de litigio entre el gobierno y las distribuidoras de electricidad.

PRINCIPAL