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Por
Cledis Candelaresi
 Un
multitudinario cónclave de gobernadores oficialistas y de la oposición
le exigió ayer al gobierno nacional mediante un documento que coparticipe
la recaudación del Impuesto a las Transferencias Financieras y
que respete a rajatabla el compromiso de girar todos los meses al interior
los 1364 millones en concepto de coparticipación. Para fundar este
doble reclamo, unos y otros agitaron el fantasma de un eventual “estallido
social” y la “ingobernabilidad” que convulsionaría
a las provincias si se las fuerza a un nuevo ajuste. En la intimidad,
sin embargo, todos descuentan que éste es inevitable y que tendrán
que resignar alguna de aquellas aspiraciones.
En rigor, lo que los gobernadores pretenden es sentar a Domingo Cavallo
a negociar ya un acuerdo, evitando que el ministro disponga recortes unilaterales
en los giros a las provincias. Jujuy y La Pampa ya acudieron a la Corte
Suprema de Justicia para exigir presuntos atrasos en algunas remesas de
fondos, deuda que ayer economía admitió en 200 millones
para todas las jurisdicciones –algo menos de lo que el conjunto de
éstas pretenden– y otras amenazan imitarlas. Todo forma parte
del juego negociador.
A instancias de los diputados aliancistas, se postergó para tratar
con una “preferencia” el miércoles que viene un proyecto
de ley que impone al Gobierno respetar la suma fija del último
acuerdo federal y, al mismo tiempo, coparticipar la recaudación
del impuesto al cheque, iniciativa que debía votarse ayer. A pesar
de las protestas por esa demora que formuló en el recinto el puntano
Luis Lasquiños –mano derecha del justicialista Adolfo Rodríguez
Saa–, el PJ sabe que estos siete días servirán para
negociar con Economía algún acuerdo que acote las potestades
de la Nación.
La voluntad de frenar a Cavallo unificó ayer las voluntades de
mandatarios de distinta extracción política, entre los que
se encontraba el jefe de Gobierno porteño. La presencia del frepasista
Aníbal Ibarra es, tal vez, uno de los datos políticos más
notables y quizás se explique también por el especial interés
que tiene la Ciudad de Buenos Aires en aumentar su cuota de coparticipación
cuando se discuta una nueva ley.
A pesar de su condición de oficialista, el gobernador del Chaco,
Angel Rozas, no tuvo pruritos en explicar porqué los mandatarios
defienden cuanto pueden cada peso. “No estamos en condiciones de
aceptar ningún recorte porque esto puede generar un escenario de
ingobernabilidad y problemas sociales”, sentenció. Desde la
oposición, el gobernador de San Luis, Rodriguez Saa, hizo el coro:
“No es una cuestión de partidos políticos. Es el interés
de las provincias en evitar un estallido social”. Pero los gobernadores
saben que la ley de Déficit Cero, que ellos mismos apoyaron, hace
ineludible que el ajuste se extienda de algún modo al interior,
y descuentan que alguna cosa tendrán que resignar. En particular
si aspiran a que Economía auxilie a las que están más
endeudadas.
Si la recaudación cae –hipótesis bastante razonable
en este contexto–, a las provincias les vendría muy bien tener
una suma fija mensual garantizada, que desvincule su suerte de aquella
caída. Sin embargo, parece más atractiva la idea de echar
mano del impuesto al cheque, algo que Cavallo les propuso hacer.
En el caso que las provincias tuvieran participación de este gravamen,
podrían repartirse todos los meses más de 200 millones de
pesos y compensar, además, cierta desventaja técnica actual.
Como la recaudación del impuesto al cheque se computa a cuenta
de IVA y Ganancias, tributos coparticipables, hay una especie de transferencia
a la Nación.
La clave de esta pulseada, sin embargo, está en el proyecto de
ley de Coparticipación Federal que, según el jefe de gabinete,
Chrystian Colombo, tendría estado parlamentario antes de fin de
año. Esta iniciativa promete poner en revisión no sólo
cómo se reparten entre Nación y provincias y, éstas
entre sí, los actuales impuestos, sino qué tipo de tributos
cobrarán uno y otro en el futuro, incluida la Ciudad de Buenos
Aires.
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