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Por
Adriana Meyer
En el Ministerio del Interior lo promocionaron con el orgullo de quien
hizo los deberes. En el marco de la reforma política y en tiempos
de déficit cero, el ministro de esa cartera, Ramón Mestre,
logró una considerable disminución en los costos ofertados
para el conteo de votos de las próximas elecciones. Ayer se realizó
la apertura de los sobres del concurso abierto para el servicio de captura,
transmisión, procesamiento y difusión del escrutinio provisional.
La misma empresa que ganó la licitación anulada hace dos
semanas por el ministerio ofertó esta vez cinco millones menos.
Ante las dudas generadas por una consecuente baja en la calidad del servicio
a prestar, desde Interior aseguran que nunca harían una contratación
que no contenga “todo lo necesario para un escrutinio eficaz”.
A mediados de agosto, los funcionarios a cargo de los comicios para la
renovación legislativa empezaron a ponerse nerviosos porque se
acercaba la fecha y no había una definición sobre qué
empresa será adjudicada para contar los votos. Mestre demoró
la decisión porque quería bajar aún más el
precio propuesto por Indra, la empresa española precalificada.
Con el dictamen de la Sindicatura General de la Nación en sus manos,
que estableció un tope de 8 millones y medio, el ministro se empeñó
en resistir presiones incluso provenientes de su propio ministerio.
Tres empresas habían comprado el pliego de la licitación:
Siemens, que se retiró porque consideró que su precio iba
a ser muy alto, y las españolas Indra e Ibermática. La primera
cotizó 15.900.000, mientras que Ibermática, vinculada a
Techint, pasó un precio de 12.500.000. La comisión evaluadora,
encabezada por el director nacional electoral Alejandro Tullio, consideró
que la experiencia de Ibermática se limitaba a las elecciones en
el País Vasco, mientras que Indra opera el escrutinio nacional
en España y en Venezuela. La licitación fue preadjudicada
a Indra, pero el Gobierno le pidió que mejorara su oferta. Los
españoles lo bajaron a 14.100.000 pesos. Pero esa cifra estaba
aún muy por encima del precio testigo.
Por ese motivo, Mestre declaró nula la licitación y ordenó
que sus funcionarios llamaran a un concurso abierto de precios para contratar
en forma directa a una empresa que se acercara más al precio pretendido.
En aquel momento, su segunda en el cargo, Cristina Azcueta, destacó
que “es posible disminuir los costos de la política y así
cumplir con las metas del plan de déficit cero”. Mencionaron,
y ayer lo reiteraron, que también lograron un ahorro considerable
en la confección de los padrones electorales en la Casa de la Moneda.
Los funcionarios insisten en que no se perdió calidad, lo que pondría
en riesgo la transparencia del escrutinio, durante el proceso de abaratamiento.
Al nuevo concurso se presentaron Techint-Ibermática, MSA Magic
Software Argentina, Invap e Indra. Las primeras tres no cotizaron, mientras
que Indra ofertó 9 millones 400 mil pesos, es decir, 4 millones
700 mil pesos menos. Eufóricos, en Interior destacaron que el nuevo
precio es apenas un 8,5 por ciento superior al precio testigo planteado
por la Sigen. Y agregaron que la cifra final “es mucho menor respecto
de lo que pagó el Estado nacional por el mismo servicio en las
elecciones realizadas en 1999”. En esa oportunidad se pagaron 23
millones.
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