|
Por Irina Hauser
 �Soy un muerto social�, �tengo vergüenza de salir a la calle�, lloraba el juez federal Norberto Oyarbide en 1999 ante los senadores que analizaban su suspensión. La semana pasada mandó a limpiar su despacho, habló con sus empleados, y ahora volverá a trabajar como si nada hubiera pasado. En su juzgado, en el prostíbulo masculino Spartacus o en su casa, Oyarbide siempre contó con la protección absoluta de una red política tejida por el menemismo y sostenida con ayuda de otros. Tres jueces habían pedido su desafuero en base a pruebas de que había amenazado de muerte a un hombre, que recibía coimas y se había enriquecido en forma ilícita. La Cámara de Diputados redobló la apuesta y lo acusó con siete cargos gravísimos. Pero el Senado hizo oídos sordos: todas las fuerzas políticas sucumbieron al argumento con que el peronismo victimizó al juez alegando en un sesión secreta que, en realidad, era cuestionado por ser gay. Los siete cargos fueron reducidos a uno solo que deja de lado los delitos en juego.
El culebrón que tuvo a Oyarbide como protagonista tomó estado público cuando en mayo de 1998 Zinnedine Raschem, recepcionista del restaurante El Mirasol �una parrilla frecuentada por políticos menemistas, jueces y empresarios�, denunció penalmente que el juez lo había amenazado de muerte. �Zino, te quedan 48 horas de vida�, contó el argelino que le dijo el magistrado. Pretendía que no divulgara un video que lo mostraba manteniendo relaciones homosexuales en Spartacus, el prostíbulo que regenteaba Luciano Garbellano, un amigo que tenían en común, autor de la filmación. Zino tenía razones para alarmarse: poco tiempo antes, Garbellano había salvado su vida por milagro después de ser flanqueado por dos autos y recibir cuatro balazos en la cara, un brazo y la espalda, cuando viajaba a Zárate.
La pesquisa que iniciaron el fiscal José María Campagnoli y el juez Fernando Rodríguez Lubary por la historia de las amenazas tuvo derivaciones que involucraron a Oyarbide en la protección de prostíbulos a cambio de coimas, un capítulo de la causa que pasó a manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Ambos jueces concluyeron que había pruebas para citar a su colega como sospechoso y pidieron su desafuero al Congreso. Otro juez, Ismael Muratorio, hizo lo propio, pero por enriquecimiento ilícito.
A los ojos de la Comisión de Juicio Político de Diputados, la telaraña de sexo, extorsiones, dinero y poder se podían deducir 7 acusaciones que en noviembre de 1998 apoyaron 172 diputados. La diputada Elisa Carrió las enumeró al realizar el alegato ante el Senado: Oyarbide, dijo, había incurrido en faltas éticas, omitió denunciar los delitos de promoción y facilitación de la prostitución y tráfico de influencias, se expuso en situaciones que lo llevaron a ser víctima de una extorsiones, no podía justificar el aumento desmedido de su patrimonio y había incurrido en los posibles delitos de cohecho (coimas) y amenazas (ver aparte).
Oyarbide había sido nombrado juez federal en junio de 1994, con acuerdo de los senadores peronistas y oposición de los radicales. Con el respaldo del ex ministro del Interior Carlos Corach y de la Policía Federal, su histórica aliada, jamás atinó a presentar su renuncia. Menos aún cuando obtuvo el certificado de dos psiquiatras del Cuerpo Médico Forense que acreditaron por tres años que no podía trabajar por un �estado depresivo delicado�. Mientras, cobró sus 5284 pesos mensuales.
El día del múltiple atentado en Estados Unidos, la Comisión de Juicio Político del Senado, que conduce el radical riojano Raúl Galván, decidió llevar una nueva propuesta consensuada al recinto: las acusaciones quedaron reducidas a un solo cargo de dos renglones que omite los delitos que tres jueces consideraron probados. El asunto quedó resumido así: �Mal desempeño por actitudes y omisiones incompatibles con el decoro y la insospechabilidad de conductas exigibles a todo magistrado judicial�.
Poco antes, desesperado, el viceministro de Justicia Melchor Cruchaga �quien como diputado participó en la acusación� corrió al Congreso a hablar con cuanto senador pudiera. Sabía lo que se venía: �Un retroceso en la Justicia, adiós a la recuperación de la credibilidad en los jueces�, se lamentó ante sus colaboradores. El bloque radical le aseguró que votaría por la condena, y cumplieron. Los justicialistas le dijeron: �Melchor querido, la decisión política ya está tomada�. La votación terminó 21 a 21, con la entrada en el último minuto de Corach que pedía pronunciarse por la absolución. Se requerían dos tercios para que Oyarbide fuera destituido.
Durante la sesión secreta previa a la votación los justicialistas Héctor Maya y Augusto Alasino exclamaron que Oyarbide había sido presa de la discriminación por su homosexualidad y bastardeado por la prensa amarilla. �En el fondo, qué importaba lo que dijeran, los arreglos claves los venían manejando por Eduardo Menem�, relató un funcionario parlamentario bien informado. Maya y Galván habían acordado con toda la comisión la unificación de las imputaciones abonando una teoría defendida por los radicales: cuanto más se generalice la acusación y se eviten las discusiones penales, más chances habrá de remover a Oyarbide. �Si nos salía mal la jugada ya sabíamos que era porque el menemismo necesita ganar terreno en tribunales dado que sus viejos amigos como (Jorge) Urso se les están se están dando vuelta�, se resignó un asesor radical.
Fue así como la institución más desprestigiada de la sociedad argentina, el Senado, gracias a los oficios de un grupo de senadores peronistas que mayoritariamente no volverán a ser electos, agregó otra mancha más a su ya oscurecido lomo.
Una alta fuente del ministerio de Justicia dijo a Página/12 que �tal como está planteada la absolución, habría un margen para que sea juzgado por eso�. En el Senado dicen que no, que diga lo que diga la sentencia nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. �No se incluyeron los delitos porque no había pruebas�, se defendió un peronista que pidió reserva de identidad. Por su parte, el juez Canicoba Corral planea pedir aclaraciones al Senado, según pudo saber este diario. �¿Cómo puede ser que Garbellano esté procesado por coimear a Oyarbide y él ya no pueda ser investigado?�, se preguntaban en el juzgado.
En la cartera de Justicia esperan que Oyarbide sea llamado a indagatoria ya que la nueva ley de fueros lo permite. Y que el Consejo de la Magistratura �averigüe qué perjuicio patrimonial sufrió el Poder Judicial ya que un hombre que estaba impedido de trabajar por razones psicológicas, de pronto se recupera�. En el Consejo, entretanto, ya están apurando el análisis de otras dos denuncias diferentes contra Oyarbide.
CUALES SON LAS CAUSAS Y LAS ACUSACIONES
Siete cargos contra usía
Por I.H.
El Senado absolvió al juez Norberto Oyarbide eludiendo toda discusión profunda sobre los delitos de los que se lo acusa y acotando las imputaciones a cuestiones de ética y decoro. El alegato original de Diputados tenía siete acusaciones basadas en las pruebas recogidas por la Justicia y testimonios oídos en esa cámara.
Según el Reglamento de la Justicia Nacional, ir a un prostíbulo es una falta ética para un juez. Está probado que Oyarbide era un asiduo concurrente a Spartacus. El mismo y varios testigos lo reconocieron. Como Oyarbide sabía que Spartacus era un prostíbulo, debió haber denunciado en su carácter de juez el delito de promoción y facilitación de la prostitución porque el Código Procesal Penal así se lo exige. Pero no lo hizo. Para peor, algunos testigos agregaron detalles como que �Oyarbide concurría a Spartacus los viernes y sábados por la noche, no abonaba los servicios que le prestaban los taxiboys ni por el champán que acostumbraba a consumir�. Y que en el local era conocida la relación del juez con Luciano Garbellano, �quien no debía ser molestado por la policía�.
Oyarbide no denunció el tráfico de influencias del que se valía Garbellano usando su nombre. Mucho después, al declarar ante Rodríguez Lubary, relató que un comisario le había dado datos puntales de que como método de extorsión �Luciano� iba a �saunas donde se ejerce el comercio sexual y diciendo ser sobrino del juez federal Oyarbide con un inmenso aval de la Policía Federal�. Después de eso se pelearon.
Los diputados sostuvieron que los comportamientos del juez �reflejados en el ámbito social con personas altamente descalificadas y comprometidas en distintos tipos de ilicitudes, lo colocaron en un estado de debilidad tal que no pudo controlar su trascendencia, comprometiendo su decoro personal y el de la función como integrante del poder judicial�. El retrucó que estaba siendo blanco de una �persecución moral� y que �nadie está obligado ni puede ser forzado a renunciar a su identidad�.
Según el juez Ismael Muratorio, entre enero de 1996 y julio de 1998 Oyarbide gastó $ 206.687, aunque sus ingresos fueron 146.105. Eso, sostuvo, �evidencia la existencia de un patrimonio oculto e induce a pensar acerca del posible enriquecimiento patrimonial no justificado�.
El juez Rodríguez Lubary consideró probadas, por constataciones de testigos, las amenazas de Oyarbide al recepcionista Zinnedine Raschem para que no diera a conocer el video con escenas de su vida íntima. Los diputados se convencieron de los dichos del argelino después de escuchar, además, al fiscal José María Campagnoli, quien relató que cuando Raschem fue a hacer la denuncia �era evidente que venía con un gran temor�. �Yo también creí que lo iban a matar si no le dábamos protección �dijo Campagnoli�; él creyó realmente que como le había pasado a Garbellano algo le podía pasar a él.�
En la causa que conduce Canicoba Corral varios testigos revelaron vinculaciones de Oyarbide con tres empresarios de la prostitución de lujo: Carlos Percivalle, Raúl Martins �ex agente de la Side entre 1974 y 1987� y Antonio Soldano (socio de Garbellano). Garbellano admitió que le había pagado 420 mil �en entregas de entre 10 mil y 15 mi pesos por mes� para que �protegiera� a Spartacus de los embates de la Policía Federal. Otras voces señalaron que el juez también recibía pagos de Percivalle, de cuyo hijo menor es padrino de bautismo. Garbellano fue procesado por cohecho activo e irá a juicio oral hacia fin de año.
|
