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Por Horacio Verbitsky
 La Oficina Anticorrupción puso la lupa sobre la relación especial entre el gobierno del ex presidente Carlos Menem y los multimedios de comunicación más poderosos del país, que recibieron beneficios ilegales, concedidos en forma discrecional. También destacó �el alto grado de concentración económica en el sector y la penetración que distintos medios internacionales han tenido en el mercado local en los últimos años�. Un dictamen, firmado por su director de investigaciones, Manuel Garrido, y por el investigador José Ipohorski Lenkiewicz, denunció por administración fraudulenta de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública a los ex interventores en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) entre 1993 y 1999, León Guinsburg, Ana Lucía Tezón y José Carmelo Aiello. La demanda estima provisoriamente el perjuicio al fisco en unos 200 millones de pesos. Otros cálculos lo elevan a mil millones. Dado el �amplio espacio de negociación� entre interventores y solicitantes no puede descartarse que hayan solicitado a distintos empresarios del sector �algún tipo de ofrecimiento monetario u otra ventaja a cambio de estos jugosos beneficios�. Por eso sugiere investigar también el posible delito de exacciones ilegales. El dictamen no menciona posibles acciones civiles contra las empresas que recibieron el beneficio ilegal.
Inusitado interés
Los tres interventores pusieron �inusitado interés� en resolver las solicitudes de exención �de los principales medios de comunicación del país� y no mostraron el mismo entusiasmo con el resto, dice el dictamen. Agrega que esto �significó no sólo una notable mejora de la situación financiera de esas empresas sino que muy probablemente haya beneficiado también en forma personal a sus dueños�, dada �la proximidad temporal entre el beneficio concedido y la venta posterior de sus paquetes accionarios a importantes operadores extranjeros (Cablevisión, Videocable, Telearte, Telefé), o bien a otros que vieron facilitada la posibilidad de comprar otros medios más pequeños (Supercanal, VCC)�. La Oficina Anticorrupción señala que en 1997 �tomando en cuenta la ola de ventas y fusiones, el sector manejó cerca de 4.000 millones de dólares�.
La investigación sobre el otorgamiento de exenciones al gravamen a las estaciones de radio y televisión fue iniciada por las actuales autoridades del Comfer al concluir la larga década menemista y había sido autorizada por el ministro de justicia Jorge De la Rúa. Pero un funcionario que entra al despacho presidencial sin golpear ni anunciarse ordenó paralizarla. Se reanudó en octubre del año pasado, luego de que este diario revelara la interferencia. Guinsburg es otro de los grandes valores de la inagotable cantera riojana que llegó a Buenos Aires en 1989, Tezón una íntima colaboradora del ex ministro Roberto Dromi y Aiello hermano del poderoso secretario privado del presidente Fernando De la Rúa, Leonardo. El Estado asumió costos �que correspondía afrontar a los empresarios del sector o a sus socios extranjeros, que contaban con medios más que suficientes para ello�. Las exenciones �vinieron como anillo al dedo para mejorar las condiciones financieras de las empresas, las cuales se encontraban en condiciones de hacer frente al pago del gravamen que pesaba sobre ellas�.
La denominada ley 22.285 dictada por la dictadura militar creó un gravamen de hasta el 8 por ciento sobre la facturación bruta de todas las radios y televisoras que explotan ondas licenciadas por el Estado. El órgano de aplicación sólo podía conceder exenciones a las emisoras ubicadas en zonas de frontera o fomento. La zona de frontera es lo que su nombre sugiere: aquel espacio adyacente al límite internacional de la República. La zona de fomento es aquella de bajo nivel de desarrolloeconómico o escasa ocupación territorial. Pero bajo la apariencia de fomentar las inversiones en el sector, las autoridades del Comfer otorgaron exenciones millonarias fuera de las zonas de frontera o de fomento, mediante �una interpretación antojadiza y arbitraria de las palabras de la ley, que desnaturalizó su finalidad y soslayó la voluntad del legislador en beneficio de unos pocos y en detrimento de todos�. El principio de legalidad indica que tanto la creación de impuestos como sus excepciones, deben ser dispuestas por �los representantes del pueblo reunidos en el Congreso�. Cuando alguien alcanzado por un tributo �es eximido sin ningún motivo razonable, mientras otros en las mismas condiciones deben comprometer su riqueza para solventar los gastos del Estado� existe �inequidad fiscal�.
Señales de humo
El 18 de setiembre de 1992, un incendio dañó las instalaciones de Telefé, emisora en la que tenían participación destacada el amigo presidencial Constancio Vigil y el abogado del entonces presidente y de Alfredo Yabrán, Carlos Fontán Balestra. El beneficio fue concedido en 1993, con dictamen favorable de la dirección de asuntos jurídicos y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Pero un dictamen de la dirección general de administración, a cargo de Osvaldo José Cirnigliario, había afirmado que �el otorgamiento de una exención impositiva a una empresa particular y como consecuencia de un incendio, cuyo riesgo contaba con cobertura de seguros, que aparentemente cubría con exceso el valor residual de los bienes afectados, puede resultar un acto inequitativo para el resto de los administrados�. Peor aún, Telefé adeudaba once millones de pesos de ese mismo impuesto.
Los fundamentos del Comfer fueron notables: a través del satélite, Telefe llegaba a gran parte del territorio nacional, incluyendo zonas de fomento y de frontera.
Sentado ese precedente de la discrecionalidad siguieron nuevas concesiones ilegales. El 14 de mayo de 1993 Guinsburg firmó la Resolución 393, que declaró zona de fomento �a todo el territorio de la Nación, con excepción de las ciudades que superen los 200.000 habitantes�. Cuando se tratara de un operador de cable, ni siquiera se aplicaría esa restricción demográfica. De este modo se creó lo que el Comfer llamó una �jurisprudencia administrativa� y que la Oficina Anticorrupción prefiere definir como un �régimen paralelo� que �carecía de sustento normativo alguno y fue mayormente utilizado para favorecer a los principales operadores del mercado�, sin límite de montos ni de tiempo. El procedimiento consistía en que las solicitudes de exención �recorrieran las manos de los funcionarios de mayor confianza del interventor de turno�. Se otorgaron exenciones totales y hasta con carácter retroactivo, favoreciendo a los contribuyentes que no habían cumplido con sus obligaciones por �meros memos internos, todo ello al margen de la ley�.
Negocios
Estos son algunos ejemplos de aplicación de lo que el dictamen llama no sin ironía �el precedente Telefe� y los negocios subsiguientes realizados por los beneficiarios:
 Cablevisión. El 22 de diciembre de 1994 el Comfer le concedió una exención parcial del 40 por ciento del gravamen para 1995 y del 50 por ciento para 1996. El 25 de abril de 1995 el 51 por ciento de Cablevisión fue vendido a TCI Communications en 286 millones de dólares.
Otras empresas del mismo grupo (titulares de las licencias del Canal 2 de televisión de La Plata, Radio América, FM Aspen y Radio del Plata) obtuvieron exenciones que van del 70 al 100 por ciento del gravamen, desde junio de 1994 hasta marzo de 1999. La OA no pudo acceder al expediente deCanal 2, que �se encontraría extraviado�. Aiello solicitó que �se imprima preferencia al trámite� de Radio del Plata. Según la Oficina Anticorrupción esto �influyó en el despegue que a partir de 1995 efectuó este grupo de multimedios�.
Telefé pidió otra exención para invertir en inmuebles y equipamiento tecnológico en enero de 1997. La dirección general de administración estimó el pedido en 38 millones. El 23 de mayo se le concedió una exención del 35 por ciento hasta marzo de 1999, y del 45 hasta marzo del 2001. Telefé se comprometió a presentar un informe semestral sobre la inversión que justificaba el pedido. Pero un informe de auditoría de la SIGEN destaca que el Comfer no verificó el cumplimiento de las condiciones impuestas ni los informes que debió haber presentado. Según la Inspección General de Justicia, la exención a Telefé en 1997 y 1998 ascendió a 12,5 millones. �Hacia marzo de 1998 se concretó la incorporación indirecta del CEI Citicorp y Telefónica Internacional SA (TISA) a Telefé SA. Es posible que la exención otorgada haya beneficiado a alguna de las partes negociantes, toda vez que acarreó una mejora financiera para Telefé SA�, sostiene el dictamen.
Video Cable Comunicación (VCC) recibió distintas exenciones desde 1993 hasta 1997. La SIGEN detectó que las facturas presentadas para justificar una presunta modernización del servicio eran �por compras de elementos de consumo y no de nueva tecnología�. También faltaba el informe técnico sobre las inversiones y equipos. Según la Inspección General de Justicia, durante 1996 VCC compró más de treinta empresas de cable más pequeñas. El 30 de junio de 1998, Multicanal SA y Cablevisión compraron Fintelco SA, la sociedad controlante de VCC. Las exenciones �debieron de haber sido de importante utilidad a la hora de consolidar su posición en el mercado interno�.
Telearte solicitó y obtuvo, en 1995 y 1996, exenciones desde el 50 hasta el 75 por ciento, que la beneficiaron hasta mediados de 2000. En 1997 ingresó a la sociedad como socio controlante Prime Televisión Ltd. de Australia. La exención �tuvo una gran importancia a la hora de que las partes alcanzaran un acuerdo para vender la empresa�, dice la Oficina Anticorrupción.
Supercanal obtuvo en 1995 una exención del 100 por ciento del gravamen, desde julio de 1989 hasta agosto de 1994. La exención �pudo haber facilitado la estrategia desplegada por esta empresa para consolidarse en el mercado�. En 1999, ING Baring Securities le otorgó un crédito de 90 millones para comprar cables del interior. Otra empresa del mismo grupo, licenciataria de Radio Rivadavia, recibió en julio de 1997 una exención del 70 por ciento para el periodo 1990 a 1994, y del 100 por ciento hasta diciembre de 1997. La SIGEN le recordó que la licenciataria debía 1,8 millones de pesos y estaba siendo ejecutada en sede judicial. La exención excedía los montos adeudados. En julio de 1998 el Grupo Vila adquirió Radio Rivadavia. La exención de Aiello �tuvo que haber facilitado las negociaciones que se venían desarrollando�, concluye la Oficina Anticorrupción. La mitad del monto acordado �correspondía a la asunción de deudas con el Estado�.
Multicanal y Artear, ambas del grupo Clarín, obtuvieron exenciones del 40 al 50 por ciento, entre agosto de 1998 y el mismo mes del 2000, por 38 millones entre ambas. Aiello pidió �preferente despacho� para las solicitudes, que fueron concedidas de inmediato. Esto �vino a compensar la situación de esas empresas en relación a sus competidoras�, dice la Oficina Anticorrupción.
Igualdad ante la ley
El dictamen menciona la auditoría realizada por la SIGEN a principios de 1999. Ya entonces se precisó que el trámite de las exenciones �carece denormas de procedimiento y de control interno que resguarden adecuadamente los intereses de la hacienda pública y garanticen la licitud y transparencia de los actos�. También sostuvo que se lesionaba el �principio de generalidad de tributos� cuando se excluye �en forma particularizada a quienes detenten capacidad contributiva, motivo por el cual el Comfer no puede establecer privilegios individuales�. Así se menoscabó el principio de igualdad ante la ley, se vulneró el principio de legalidad y se afectó �la recaudación del Comfer por varios presupuestos futuros�. Se trata de �irregularidades que superan lo meramente opinable en materia de interpretación de la ley�.
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Un amigo de peso
Sueldos en patacones, pagos a los amigos en pesos. |
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Por H.V.
Mientras liquida salarios en patacones el gobierno bonaerense de Carlos Rückauf paga en pesos a Victorio Américo Gualtieri, el constructor cuyos créditos impagos casi llevan a la quiebra al Banco Provincia. La escandalosa decisión fue cuestionada en un pedido de informes presentado a última hora del viernes por el senador por el Frepaso Marcelo Leonidas Di Pietro. Gualtieri fue el empresario privilegiado en las contrataciones de obra pública por el ex gobernador Eduardo Duhalde y siguió gozando del trato de proveedor más favorecido a partir de la asunción de Rückauf. En esta página se reproduce uno de los cheques en favor de Gualtieri, por 766.385,33 pesos. Di Pietro también acompañó a su presentación copia de otros dos cheques en favor de Gualtieri. Entre todos, suman 3.238.364,78 pesos.
Este año, Gualtieri se presentó en convocatoria de acreedores. El Banco Provincia tenía créditos en su contra por 155 millones de pesos, de los cuales sólo la mitad estaban garantizados. Unos 70 millones de pesos le fueron prestados entre el último año de la gestión de Duhalde y el primero de la de Rückauf, pese a la política restrictiva de desembolsos que siguió el Banco en ese periodo. Las tasas fueron las más bajas, porque la calificación crediticia era la más alta, cosa que pronto se demostraría injustificada. En julio, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a adquirir la cartera de clavos del Banco Provincia, de más de 2.200 millones de pesos, con la emisión de un bono por 1.100 millones. La misma ley 12.729 dispuso la creación de una comisión bicameral que deberá analizar uno por uno los créditos incobrables que pesarán sobre todos los habitantes de la provincia. Rückauf está demorando su constitución hasta que pasen los comicios del mes próximo. Los créditos de pésima calidad que absorbió la provincia equivalen a un tercio de la masa prestable total, lo cual califica la administración del banco durante las inolvidales gestiones de Eduardo Amadeo, Rodolfo Frigeri, Carlos Sánchez y Ricardo Gutiérrez. Entre quienes no devolvieron créditos millonarios Gualtieri figura en lugar de honor junto con otros próceres del autodenominado empresariado nacional, siempre generoso a la hora de ofrecer al país programas de salvación nacional, como Yoma, Gatic, de la familia Bakchelián, Sasetru, Alpargatas, de la familia Gotelli,Massuhy Tren de la Costa, de los Soldati. El juez de garantías de La Plata César Melazo dispuso investigar el otorgamiento irregular de esos créditos.
En marzo de este año, luego del concurso de acreedores de Gualtieri, la justicia autorizó la continuación del contrato por 75 millones de dólares entre la Unión Transitoria de Empresas constituida por Gualtieri y Necon SA y la Unidad de Coordinación del Proyecto Río Reconquista (UNIREC), bajo vigilancia de la sindicatura. En julio, luego de enviar el proyecto de ley de creación de los patacones y de los bonos de cancelación de obligaciones, la provincia de Buenos Aires cesó sus pagos a proveedores y contratistas, a la espera de su aprobación por la Legislatura. Pero el 25 de julio, cuando Rückauf ya había promulgado la ley 12.727 y sólo faltaban seis días para que se volviera obligatoria, la UNIREC entregó a Gualtieri el cheque 24353902 del Banco Provincia por 1.235.679,52 pesos y no patacones. El 30 de julio, un día antes de la obligatoriedad de la ley, le entregó otro cheque, número 24353909, por 1.336.399,89 pesos y no patacones. El 22 de agosto, cuando ya la ley del patacón estaba en plenavigencia, la UNIREC pagó a Gualtieri un tercer cheque del Banco Provincia, número 24353933, por 766.385,33 pesos. Como se ve, Don Victorio es un amigo de peso.
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En deuda
Alfonsín: palabras, palabras, palabras. |
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Por H.V.
Durante la campaña electoral de 1983, Raúl Alfonsín dijo que sólo debía pagarse la parte �legítima� de la deuda externa. En cambio prometió desconocer aquella que llamó �ficticia�, tanto de personas como de empresas que, �al mismo tiempo que se endeudaron realizaron transferencias no especificadas, con complicidad del acreedor�. Domingo Cavallo había estatizado una y otra en los últimos días de la dictadura militar. La investigación judicial sobre el endeudamiento externo concluida este año por el juez federal Jorge Ballestero también menciona el perverso mecanismo del back�to�back, que explica por qué la relación entre deuda pública y depósitos de argentinos en el exterior es casi de uno a uno. Entre aquella precisa afirmación de Alfonsín y la constatación judicial pasaron 18 años y cambió la naturaleza del problema.
Al mes de asumir la presidencia, Alfonsín propuso que América Latina concertara su acción internacional en un club de deudores y sumara a la negociación con los bancos a los gobiernos de los países acreedores, a los que consideraba corresponsables. Henry Kissinger apoyaba ese planteo, declaraba que la deuda era un problema político y que era preciso brindar un alivio en los pagos para permitir la recuperación económica. Alfonsín confiaba en sus contactos con la socialdemocracia europea y advertía que de otro modo el panorama para �las aspiraciones al desarrollo y las tendencias democráticas en el continente sería sombrío�. Sólo su diagnóstico se demostró acertado.
El fantasma de una moratoria colectiva escalofriaba a los bancos acreedores, cuyos créditos latinoamericanos no previsionados podían desatar una epidemia de quiebras. La fecha clave era el 31 de marzo de 1984. La Argentina debía enfrentar un pesado vencimiento de intereses para el cual no disponía de recursos porque en su retirada los militares habían limpiado hasta el fondo de la lata. En vez de anunciar la moratoria, o, como se dice hoy, el default, Alfonsín comunicó que Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela y Colombia le habían adelantado los fondos para que pagara su factura. Por supuesto, presentó el acuerdo con acentos sanmartinianos y bolivarianos. Cuando aún podía presionar blandiendo la espada de la moratoria, su gobierno perdió meses preciosos elaborando propuestas que los gobiernos de Estados Unidos y Europa desdeñaron con un gruñido. Así permitió que los grandes bancos aprovecharan ese tiempo para pasar a pérdida en sus balances los créditos latinoamericanos y dejaran de ser vulnerables ante sus accionistas. La posibilidad de imponerles condiciones se evaporó como rocío al sol. Jaqueado por la inflación y el malestar militar ante los juicios, Alfonsín terminó pactando con los que entonces se llamaban capitanes de la industria la economía de guerra contra el salario, y con los acreedores externos el Plan Baker, de capitalización de deuda externa, precursor del plan Brady y el desguace del Estado del menemismo. El trato que celebró Alfonsín santificó con el peso de su legitimidad constitucional tanto la deuda legítima como la ficticia. En 1987, además, puso en práctica su concepción de la unidad nacional, incorporando al gabinete al sindicalista del PJ Carlos Alderete, al tiempo que anunciaba un nuevo acuerdo con el Banco Mundial, de reconocimiento y reestructuración de la deuda externa. Aquello que había sido una concreta posibilidad, hoy es pura retórica, ingenua en algunos labios, obscena en otros. El discurso es sólo una parte de la política y no la que más interesa a la historia.
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