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 Dios
no vive en un country: esto, que siempre se sospechó, ha pasado
a ser una realidad concreta desde que, en un documento dado a conocer
ayer, los obispos del área metropolitana se manifestaron contra
el hecho de que en los barrios privados funcionen capillas, cuyo acceso,
limitado a los habitantes del country, “no permite manifestar el
sentido profundo de la unidad y no beneficia a toda la comunidad cristiana”.
El obispo Jorge Casaretto fue más explícito al manifestar
ante este diario que “no se debe privatizar la religión”.
El documento no es de cumplimiento obligatorio para los obispos firmantes,
y en él no está incluida la zona de Pilar, donde es mayor
la cantidad de barrios privados.
El documento se llama “La parroquia, lugar propio para celebrar los
sacramentos”, y lo suscriben todos los obispos de la provincia eclesiástica
que comprende las diócesis de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano.
Los firmantes son el cardenal Jorge Bergoglio (Buenos Aires) y los obispos
Justo Laguna (Morón), Jorge Casaretto (San Isidro), Jorge Meinvielle
(San Justo), José Luis Mollaghan (San Miguel), Agustín Radrizzani
(Lomas de Zamora), Rubén Frassia (Avellaneda-Lanús), Raúl
Rossi (San Martín), Fernando Bargalló (Merlo-Moreno) y Juan
Suárez (Gregorio de Laferrère).
Los obispos apuntan a evitar situaciones de “exclusión”,
ya que “la asamblea litúrgica debe ser un factor de unidad
que acoge sin excepciones a todos los hombres, a pesar de las diferencias
existentes entre ellos. En ella no hay distinción de sexo, de origen,
de cultura. Mucho menos pueden hacerse preferencias entre las personas”.
Por eso “las prácticas ordinarias deberán hacerse en
los templos parroquiales o en las capillas públicas y abiertas”,
próximas a los barrios privados.
La oportunidad del documento surgió ante el pedido, “cada
vez más frecuente”, de que un sacerdote celebre un bautismo,
un matrimonio o la eucaristía “dentro de los límites
del mismo barrio, en una casa o en un lugar más amplio destinado
a reunir más cantidad de gente”.
Así, las que deberían ser “celebraciones abiertas para
todos” se transforman en actos reservados “para quienes son
invitados especialmente para la ocasión o son vecinos de ese barrio”.
Esta limitación “no permite manifestar el sentido profundo
de la unidad y no beneficia a toda la comunidad cristiana”.
Jorge Casaretto –obispo de San Isidro y presidente de la entidad
eclesial de bien público Cáritas– explicó a
este diario que “desde que los barrios privados aparecen como novedad
urbana, en muchos casos se presenta la petición de construir templos
en su perímetro o, aún no habiendo capilla, celebrar en
casas o salones bautismos y matrimonios”.
En San Isidro no está permitida la instalación de capillas
en los barrios privados, que son unos 40 en la diócesis, y ya hace
dos años Casaretto había solicitado a los habitantes de
countries que para los sacramentos utilizaran sólo las iglesias
con libre acceso en cada parroquia. “Todos lo aceptaron así
–destacó el obispo–. En muchos casos, en vez de construir
su propio templo, contribuyeron a ampliar la iglesia parroquial, para
que pudiera albergar el incrementado número de fieles, y también
se unieron con los antiguos feligreses para emprender actividades en beneficio
de la zona.” Según Casaretto, lo que así se evita es
“privatizar lo religioso, cosa que no es conveniente ni corresponde”.
En otras diócesis, en cambio, sí funcionan capillas en los
countries, por ejemplo en Pilar, donde se hallan la mayoría de
los barrios privados y cuyo obispo, Rafael Rey, no está entre los
firmantes de la declaración.
En algunos casos, la capilla antecede al barrio privado, formando parte
de la estancia en cuyo predio se edificó el country. “Pero
las capillas de las estancias estaban abiertas para los peones, los puesteros,
para todos los que vivían y trabajaban en aquellos grandes establecimientos”,
observó Casaretto. Según el obispo, la declaración
se inscribe (tardíamente) “en la línea establecida
por el Concilio Ecuménico Vaticano II, que restringe la celebración
de sacramentos en el ámbito privado”.
En rigor, el documento de los obispos no obliga institucionalmente a sus
firmantes, ya que “toda decisión de esta naturaleza queda
librada a lo que en definitiva determine cada obispo –precisó
Casaretto–: el documento expresa un deseo, una norma general que
siempre admite excepciones según lo se que autorice en cada diócesis”.
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