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Por
Tomás Declás
 El
jueves por la noche, el Senado aprobó la Combating Terrorism Act
of 2001, que permite a la policía pinchar servidores de Internet.
Cuando esta serie de medidas sean firmadas por el presidente Bush, cualquier
fiscal de un Estado puede ordenar, sin permiso judicial, este tipo de
intervención para rastrear la navegación de sospechosos
o las direcciones de sus envíos de correo electrónico, aunque
aún no está claro que ampare la lectura de los contenidos.
Los agentes dispondrán de 48 horas antes de comunicar la acción
al juez correspondiente. La medida se aprobó mientras el FBI se
presentaba en varias compañías de acceso y servicios de
Internet como AOL, Earthlink, Yahoo y Microsoft, para investigar en su
panza el movimiento en la Red y el correo electrónico de algunos
de sus usuarios. Todas manifestaron su deseo de colaborar con la autoridad,
pero no aclararon si habían aceptado la instalación de Carnívoro,
un programa espía rechazado por la industria de acceso a la Red
y los grupos de derechos civiles.
Consciente del papel de Internet en las comunicaciones, con dos ciudades
ahogadas telefónicamente y los aeropuertos cerrados, la semana
pasada, el FBI –a través de la organización Infragard
(www.infragard.net), algo así como Guardianes de la Infraestructura
Nacional– emitió un mensaje de su división de contraterrorismo.
En él se abría una alerta, vigente hasta el 11 de octubre.
“El FBI”, se decía en el aviso, “no tiene información
específica sobre una adicional amenaza dirigida contra objetivos
adicionales o infraestructuras críticas en los Estados Unidos;
sin embargo, los propietarios y operadores de estas infraestructuras deben
permanecer en un estado de alerta máxima y poner en práctica
apropiadas medidas de seguridad, tanto físicas como cibernéticas”.
El jueves, la compañía Internet Security Systems, que tutela
la seguridad en la Red, no había detectado ningún movimiento
ciberterrorista y situaba su alerta en el nivel 2 (de un máximo
de 4). Con todo, en su informe citaba que el Centro Nacional de Protección
de Infraestructuras (NIPC) del FBI había recibido avisos de que
circulaban nuevas versiones de viejos virus con el nombre del archivo,
que alberga el patógeno, cambiado y con alusiones al 11 de septiembre.
El NIPC, sin embargo, “no tenía información” que
sostuviera esta alarma. Pero el propio NIPC señalaba en un comunicado
que temía un aumento de los ciberataques. Uno de los motivos probables
era la existencia de “un hacktivismo político autodescrito
como patriótico” que atacaría sitios percibidos como
responsables de la infamia terrorista.
Ante la proliferación de convocatorias de supuestos hackers para
atacar sitios de Internet del orbe islámico, Chaos Computer Club,
una de las principales organizaciones europeas del universo hacker, hizo
un llamamiento para frenarlos. En el manifiesto (versión castellana
en sindominio.net) se afirma que “las infraestructuras electrónicas
de comunicación como Internet son necesarias ahora para contribuir
al entendimiento internacional. En una situación como ésta,
que es comprensiblemente tensa, es simplemente inaceptable cortar las
líneas de comunicación y proporcionar un cimiento más
fuerte para la ignorancia”.
Por su parte, Anonymizer (www.anonymizer.com), un servicio en la Red que
permite navegar ocultando la identidad y que está mal visto por
la policía, además de donar equipos a la Administración,
propuso desde su sitio que quien quiera comunicar anónimamente
con las autoridades para cualquier tipo de denuncia use gratuitamente
su programa.
Si Internet ha sido vital para las comunicaciones en un país con
teléfonos colapsados y aviones sin poder despegar, también
se teme que haya sido una herramienta para la malla terrorista que ejecutó
la masacre. El fracaso del espionaje electrónico de la Administración
de EE.UU. ha reavivado el debate sobre la necesidad de imponer restricciones
a programas que permiten al usuario de la Red salvaguardar su intimidad.
El senador republicano por Hampshire propuso la prohibición de
cualquier programa de cifrado que no lleve una puerta trasera que permita
a la policía su lectura. La Administración Clinton intentó
una ley similar que decayó por presiones de la industria y las
organizaciones de derechos civiles.
También el Gobierno francés de Lionel Jospin propuso una
ley por la que cualquiera que cifrara un mensaje debía depositar
la clave en una base de datos de la Administración por si se requería
su apertura por parte de las autoridades judiciales. Esta ley tampoco
prosperó. Ahora el clima es distinto. Un experto en criptografía,
Matt Blaze (www.crypto.com), ha replicado en su página que no se
puede defender la libertad recortando los derechos de los ciudadanos.
El debate no ha hecho más que reiniciarse con renovado furor.
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