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Por
Victoria Ginzberg
 El
ex magistrado Víctor Hermes Brusa y los marinos Fernando Enrique
Peyón, Raúl Enrique Scheller y José Antonio Suppicich
quedarían detenidos entre hoy y mañana. El juez federal
Gabriel Cavallo ordenaría su arresto, junto con el de otros catorce
represores, de acuerdo con el pedido de captura que emitió el juez
español Baltasar Garzón. Cavallo ya puso a disposición
de su juzgado al ex general Guillermo “Pajarito” Suárez
Mason –que está preso por robo de bebés–, que
fue requerido por la Justicia alemana.
El pedido de detención que llegó desde Madrid a través
de Interpol fue librado el 21 de agosto pasado. Garzón reclamó
el arresto de 18 personas -doce represores de la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA) y seis de la provincia de Santa Fe– por los delitos
de “terrorismo desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones,
detenciones ilegales, secuestros y desaparición forzada de personas;
y genocidio”. Son acusados que no estaban incluidos en la nómina
de 48 militares que fue cajoneada a principios del año pasado por
el entonces juez Gustavo Literas, de acuerdo con el entonces ministro
de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra.
Cavallo resolvió ayer una recusación que había hecho
en su contra uno de los imputados, cuestión que debía ser
saldada antes de tomar una decisión sobre las detenciones. Luego
de que los represores sean arrestados, España debería iniciar
formalmente el juicio de extradición. En ese proceso intervendrá
el Ministerio de Relaciones Exteriores y es de esperar que rechace la
solicitud de Garzón, tal como ocurrió cuando la Justicia
italiana reclamó el juzgamiento de Alfredo Astiz en Roma por los
asesinatos de Juan y Susana Pegoraro y Angela María Aieta. Pero
si el Gobierno mantiene la posición que tuvo con Astiz, debería
girar las denuncias a la Justicia. De hecho, el convenio entre la Argentina
y España establece en su artículo 7 que “si la parte
requerida no accediere a la extradición de un nacional por causa
de su nacionalidad, debería someter el asunto a las autoridades
competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél”.
En ese caso, las causas no recaerán directamente en Cavallo sino
que irán a sorteo.
Brusa, que figura en la lista de Garzón, fue destituido de su cargo
de juez federal en Santa Fe, luego de que ocho ex detenidos se presentaron
ante el Consejo de la Magistratura para relatar que el hombre –cuando
era empleado en el mismo juzgado– los obligaba a que firmaran declaraciones
obtenidas bajo tortura. La destitución del ex magistrado no fue
fundada en su comportamiento durante el terrorismo de Estado porque los
legisladores que lo designaron conocían su legajo. El Consejo de
la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento se basaron que en 1997 Brusa
atropelló con su lancha y dejó sin asistencia a un nadador.
Pero los antecedentes de complicidad con la dictadura fueron cruciales
para definir su salida del poder judicial. El ex magistrado es civil,
es decir, que si la Justicia argentina decide investigarlo estaría
excluido de los beneficios de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
que, por otro lado, Cavallo declaró inconstitucionales.
Cavallo ya ordenó que Suárez Mason quede a su disposición,
de acuerdo con la solicitud del tribunal de Nuremberg. En ese caso, el
proceso se tramitará de acuerdo con la ley de extradición
porque no existe convenio entre ambos países. Suárez Mason
está acusado por el “secuestro, tortura y homicidio calificado
por alevosía” de Elisabeth Käsemann. El 26 de mayo de
1977, Pajarito informó públicamente de un “enfrentamiento”
en el que murieron 16 personas, entre ellas, cuatro mujeres. Una de ellas
era Elisabeth. Su padre, el teólogo Ernst Hainrich Friederich Käsemann,
viajó a Buenos Aires para recuperar los restos de su hija y denunció
que tuvo que pagar 22 mil dólares para que le entregaran un cuerpo
sumamentecastigado: no tenía cabellos ni ojos. La autopsia realizada
por los médicos forenses de Tübingen demuestra que le dispararon
a corta distancia y por la espalda.
PRISION
AL OBSTETRA DE LA ESMA
La “Sardá” clandestina
Por
V.G.
 La
Cámara Federal confirmó la prisión preventiva del
médico militar Jorge Luis Magnacco, quien atendió, entre
otros, el parto de Patricia Julia Roisinblit en la Escuela de Mecánica
de la Armada. En su declaración, el acusado admitió haber
asistido a dos embarazadas en ese campo de concentración. Pero
los testimonios de sobrevivientes señalan que fue el médico
estable de la “Sardá” clandestina y que estuvo en casi
una veintena de nacimientos.
Cuando la jueza María Servini de Cubría, que lo arrestó,
le preguntó en calidad de qué se encontraban las detenidas
en la ESMA, Magnacco respondió: “Yo no lo supe, no lo pregunté
ni me lo informaron, pero al momento en que el doctor Ricciardi, quien
era el jefe del departamento de sanidad de la ESMA, me ordenó asistir
a una chica que había en la misma, me manifestó que debía
ceñirme a cumplir mi labor profesional, dado que ella no podía
ser trasladada al Hospital Naval, fundamentalmente en la Cámara
de Oficiales se rumoreaba que había en la ESMA un subdestino, un
centro para el control antisubversivo, al cual se enviaba personal superior
y subalterno en comisión por períodos de poco tiempo”.
El médico sólo admitió que atendió el parto
de Silvina Labayrú –que recuperó su libertad–
y de otra mujer que no recuerda. Y no reconoció a Roisinblit en
una fotografía que se le exhibió. Las ex detenidas Sara
Osatinsky, Amelia Larralde y Ana María Martí identificaron
sin dudar a Magnacco y narraron que supieron “por la sobrina de Massera”,
que estaba secuestrada, que “en el Hospital Naval había un
aviso que decía: ‘que las parejas que no podían tener
hijos podían presentarse para adoptar hijos de guerrilleros muertos’”.
Los jueces Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun consideraron
que el médico actuó consciente y voluntariamente como partícipe
del robo de bebés y confirmaron la prisión preventiva.
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