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 Una
de las peores consecuencias del aumento de la pobreza en la Argentina
es el crecimiento del trabajo infantil. Admitiendo el oscuro panorama,
el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Pablo Cafiero,
propuso la implementación de un programa para impulsar el consumo
de aquellos bienes y servicios en cuya producción no intervenga
la mano de obra infantil. La idea es lograr una especie de boicot indirecto
a aquellas empresas que emplean a niños. Según datos estadísticos
de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (Conaeti), hay en el país alrededor de 250 mil chicos
menores de 14 años que son explotados, pero desde el ministerio
estiman que el número real es mayor.
Ayer quedó inaugurado el primer seminario nacional sobre “La
erradicación del trabajo infantil en el marco de la protección
integral de los derechos del niño”, organizado por la Conaeti
y del que participaron, además de Cafiero, la ministra de Trabajo,
Patricia Bullrich, autoridades de Unicef, la OIT, representantes de las
tres centrales sindicales, de la Federación Agraria, la Pastoral
Social y la Unión Industrial Argentina. El titular de la Conaeti,
Leandro Halperín, explicó que el objetivo del encuentro
“es elaborar un diagnóstico sobre el trabajo infantil y consensuar
políticas de Estado para luchar contra esta realidad que es causa
y consecuencia de la pobreza”.
Cafiero planteó la necesidad de terminar con la situación
de explotación a la que están sometidos los chicos que trabajan
y presentó la iniciativa de acordar con toda la sociedad un “consumo
ético”, para “separar de nuestra canasta” los productos
en cuya producción han intervenido niños. “En la Argentina
ha aumentado la pobreza, y esto no constituye un hecho excepcional sino
una tendencia. En paralelo ha habido un crecimiento del trabajo infantil
y esto es sinónimo de explotación”, advirtió
el ministro. Para completar el diagnóstico, agregó que a
este panorama “hay que sumarle la importación de menores desde
países limítrofes para utilizarlos como mano de obra barata,
lo cual provoca la disminución de puestos de trabajo para adultos”.
Marisa Graham, coordinadora del “Pacto por la Niñez”
–plan impulsado desde el Ministerio de Desarrollo–, apuntó
a este diario que el trabajo infantil “es un fenómeno histórico
relativamente nuevo para el país, que no tiene más de 10
años”. Para la funcionaria no se trata de una problemática
que esté “asentada culturalmente en la sociedad, por lo que
es posible instalar el tema para sensibilizar a la población de
que se trata de una situación que tiene un enorme impacto en el
capital humano”.
De acuerdo a los últimos relevamientos efectuados, “el mayor
número registrado (de chicos que trabajan) pertenece a hogares
y no a redes mafiosas —dijo Halperín—, aunque se detectaron
grupos que explotan a menores”. Si bien no son muchas las denuncias
sobre empresas que emplean a menores, arrastrándolos casi a la
condición de esclavos, fuentes del Ministerio advirtieron sobre
algunos casos sobre los que hubo denuncias concretas: “Los envoltorios
de las bandejitas en las que se venden las verduras precortadas son, en
muchos casos, realizados por chicos –detalló la fuente–.
En la producción rural también está bastante extendido
el trabajo infantil”, agregó. El ministro Cafiero acusó
al “empresariado irresponsable que aprovecha estas circunstancias
que chocan con la ética de una sociedad democrática que
valora los derechos humanos”.
Una manera “para tener un país más solidario”,
recomendó el ministro, es “consultar a las oficinas de trabajo
provinciales o asociaciones no gubernamentales que luchan contra el trabajo
infantil”. De todas maneras, en el Ministerio están analizando
la idea de incorporar un sello o etiqueta a aquellos productos “en
cuya producción y venta se respetan las normas éticas y
sociales que excluyen el trabajo esclavo”, con la intención
de alentar su consumo por sobre otros.
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