La Casa Blanca propondrá
al Congreso una ayuda financiera para las compañías aéreas
por alrededor de 15.000 millones de dólares. La medida busca evitar
la quiebra masiva de las firmas aerocomerciales, que ya antes de los recientes
atentados soportaban los efectos de la recesión que lleva más
de un año y que ahora verán reducida la demanda de pasajes
a menos de la mitad, al tiempo que deberán sumar los costos de
sistemas de seguridad más sofisticados. Para el año se esperan
pérdidas cercanas a los 7000 millones de dólares.
La ayuda financiera a las empresas fue confirmada por el secretario de
Transporte estadounidense, Norman Mineta, luego de reunirse con los presidentes
de ocho de las principales compañías aéreas que pidieron
al gobierno una ayuda para evitar un desastre financiero del sector. Mineta
estimó que las pérdidas cotidianas de las compañías
aéreas, tras los ataques terroristas del 11 de setiembre, se situaban
entre 250 y 300 millones de dólares. El tráfico aéreo
fue suspendido por completo durante tres días y ayer se reiniciaba
lentamente con nuevas y estrictas reglas de seguridad.
Según estimó el presidente de Delta Airlines, Leo Mullin,
la ayuda gubernamental podría alcanzar los 20.000 millones de dólares,
pero la cifra no fue confirmada por el secretario de Transporte. Las
compañías no podrían continuar a largo plazo sin
una ayuda federal, advirtió Mullin, quien explicó
que los ingresos de las compañías no superarán, en
el corto plazo, el 40 por ciento de su nivel normal. Por ello, las aerolíneas
necesitan urgentemente una ayuda financiera y en ese sentido, estamos
muy alentados por el hecho que la administración Bush y el Congreso
están dispuestos a responder rápidamente a estas demandas,
añadió.
En tanto, las acciones de las compañías aéreas que
cotizan en Wall Street y que el lunes habían perdido hasta la mitad
de su valor, se recuperaron un poco este martes. No podemos dejar
a este sector totalmente devastado por este tipo de eventos, había
declarado el lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul ONeill,
indicando que la administración estudiaría los medios para
acudir en su ayuda.
La Cámara de Representantes también estudiará una
propuesta de ayuda financiera al sector aéreo de 15.000 millones
de dólares, de los cuales 2500 millones serán transferencias
directas y 12.500 millones préstamos, garantías de crédito
y flexibilización fiscal.
La situación financiera de las empresas aéreas, ya debilitada
por la fuerte desaceleración económica que se registra desde
hace un año, el precio de los combustibles y el alza de los costos
salariales, terminó de agravarse con los atentados. Se estima que
la demanda de vuelos se verá aún más afectada luego
que el gobierno estadounidense anunciara que cualquier avión que
resulte secuestrado será derribado.
En el conjunto de 2001 se estima que las pérdidas podrían
alcanzar el récord histórico de 7000 millones de dólares,
pues las aerolíneas deberán ahora enfrentar tanto la reducción
duradera de la cantidad de pasajeros como medidas de seguridad que incrementarán
sus costos. Ya se tomaron decisiones de reducción de vuelos de
entre el 13 y el 22 por ciento y, en consecuencia, muchas empresas comenzaron
suspensiones y despidos de empleados. Sólo US Airways efectivizó
11.000 despidos.
De igual modo se estima que no serán pocas las firmas que se declararán
en quiebra. Continental no pudo, el pasado lunes, honrar el pago de una
deuda de 70 millones de dólares. Según el portavoz de la
empresa, sin una rápida inyección de fondos, esta
compañía, todavía con beneficios antes de los ataques
terroristas del 11 de setiembre, estará obligada a declararse en
quiebra.
La seguridad en Argentina
Durante dos horas, el Consejo Asesor del Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) se reunió a puertas
cerradas en el edificio del ente regulador, en el microcentro. Aunque
la reunión estaba agendada dentro de las actividades regulares,
el tema excluyente fue el de la seguridad aeroportuaria. Participaron
la IATA y la JURCA (representantes de las líneas aéreas),
Aduana, Migraciones, de la Fuerza Aérea, Intercargo y como
invitado el concesionario Aeropuertos Argentina 2000. Se planteó
a cada sector la presentación de iniciativas para modificar
los sistemas de seguridad aeroportuarios y una próxima reunión
para debatir las propuestas. Por el momento, los aeropuertos argentinos
continúan en el código Amenaza 3, que indica procedimientos
de seguridad cuando una nación con la que se mantienen vínculos
aéreos sufre un ataque. También, como anticipó
Página/12, continúa el servicio de guardias de la
Policía Aeronáutica, armados, en algunos vuelos de
cabotaje. Aunque no fue parte del temario de la reunión,
fuentes de algunas empresas de aviación señalaron
a este diario sus temores con una lógica comercial de hierro
sintetizable en una pregunta: ¿Hasta qué punto extremar
las medidas de seguridad puede conspirar para el negocio? Por el
momento, las medidas responden a recomendaciones de la IATA internacional:
chequeo manual y scaneo de todos los equipajes, control de DNI y
ticket, y de todo el personal de aeropuertos.
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