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Por Adriana Meyer
 Las sombras de los barrotes
no lo abandonan. Zafó de la causa más pesada, la que lo
llevó a la cárcel. A ella había ingresado pidiendo
una Biblia. Ayer salió agradeciendo a Dios y bendiciendo a sus
abogados. Pero Víctor Alderete seguirá concurriendo a los
tribunales de Comodoro Py. El juez federal Gabriel Cavallo lo convocó
a declaración indagatoria en la causa referida a la compra directa
de audífonos para hipoacúsicos a un valor que duplicaría
el de mercado. Además, tiene una veintena de procesos abiertos
en los que ya cosechó cuatro procesamientos. Aunque en ninguno
está acusado por delitos cuya gravedad implique pena de prisión,
el ex funcionario menemista podría volver a ser procesado por asociación
ilícita si en alguna de las causas la Justicia toma en cuenta la
existencia de las otras veinte. Página/12 pudo saber que el juez
Rodolfo Canicoba Corral no se mostraría dispuesto a hacerlo, pero
otro magistrado puede estarlo. La otra hipótesis que llevaría
a Alderete de nuevo tras las rejas es la de la acumulación de dos
sentencias condenatorias en sendos juicios orales.
En la primera resolución de la Cámara Federal, que ratificó
la prisión preventiva del ex presidente del PAMI, el camarista
Martín Irurzun había destacado que “el juez a cargo
de la instrucción de este delito (asociación ilícita)
debe tener en cuenta todas las investigaciones tramitadas en el fuero”,
las que “deberán ser actualizadas y analizadas”. Una
fuente cercana a la sala II de la Cámara Federal porteña
explicó que el espíritu de la resolución de ayer
es que “vuelvan a investigar mejor los hechos”, y no se expidió
sobre cuestiones doctrinarias relacionadas a la asociación ilícita.
Aunque fue muy clara en decir que con los elementos recogidos por el ex
juez Adolfo Bagnasco “no hay mérito” para procesar a
los imputados ni por ese delito ni por administración fraudulenta.
Quienes conocen a fondo los expedientes que incriminan a Alderete especularon
ante Página/12 que la decisión de los camaristas no cierra
las puertas para que la denuncia original de la Oficina Anticorrupción
pueda derivar en un nuevo procesamiento por asociación ilícita.
Y razonaron que “el juez puede hacerlo si cumple con lo que indicó
Irurzun”, cuando votó contra la liberación de Alderete.
Las fuentes aclararon que esto no implica generar una megacausa contra
el ex funcionario sino “evaluar” en conjunto todas las acusaciones
en su contra como un todo, que derivaría inevitablemente en una
imputación como jefe de la banda que defraudó al Estado
a través de su gestión en el PAMI. Sin embargo, este diario
pudo saber que los investigadores comandados por el juez Canicoba Corral
descartan la posibilidad de volver a encarcelarlo, y apuestan a un nuevo
procesamiento pero por un delito excarcelable.
Hace dos años, el abogado Ricardo Monner Sans denunció el
pago de un sobreprecio de 18 millones de pesos en la compra de audífonos
para sus afiliados, durante la gestión de Alderete. Ahora el juez
Cavallo lo llamó a prestar declaración indagatoria por el
delito de fraude a la administración pública para el 26
de septiembre, junto a quienes integraban su directorio y a los responsables
de la empresa Matter Medical. Pero esta es sólo una de las numerosas
causas que aún lo atan a los tribunales (ver aparte). A su vez,
él inició acciones por calumnias e injurias contra Monner
Sans, Horacio Embón, Alicia Oliveira, Marcelo Tinelli y contra
los ex interventores del PAMI, Cecilia Felgueras, Angel Tonietto y Horacio
Rodríguez Larreta.
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Las causas más
importantes
Sobre un total de 23 causas, éstas sobresalen en importancia:
- Medicystem. La Cámara Federal ratificó su procesamiento
por administración fraudulenta en la contratación
de esa empresa para el servicio de kinesiología y fisiatría
por 1 millón de pesos mensuales.
- Cajas. El mismo tribunal confirmó su procesamiento por
“sustracción y ocultamiento” de documentos del
PAMI que se llevó a Morón.
- ISSB. El ex juez Bagnasco lo procesó por incumplimiento
de los deberes de funcionario público y malversación
de caudales, en la causa sobre el vaciamiento del Instituto de Servicios
Sociales Bancarios.
- Virtual privatización del PAMI. A partir de información
publicada por Página/12 y de la denuncia de la empresa AMI,
el ex juez Literas investigó irregularidades en la licitación
convocada para adjudicar el gerenciamiento de todos los servicios
de salud de la obra social.
- Cámara oculta. La Cámara Federal confirmó
su procesamiento por omisión de denuncia. Telenoche Investiga
registró un pedido de “retornos” al dueño
de una clínica. Alderete había sido advertido del
hecho antes de la emisión televisiva pero no hizo la denuncia.
- Funeral home. El ex juez federal Gustavo Literas lo investigó
por presunto cohecho en la contratación de esa empresa intermediaria.
- Despidos y discriminación. La jueza María Servini
de Cubría investiga el despido de trabajadores del PAMI por
motivos, aparentemente, gremiales.
- Evasión impositiva por unos 70 mil pesos. Alderete intentó
justificar ante una inspección de la DGI un incremento en
su patrimonio mediante una escritura que daba cuenta de un préstamo
inexistente.
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OPINION
Por Luis Bruschtein
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Faltan leyes más duras
Hay una máxima escrita en el frontispicio del Partenón
argentino –si es que lo hubiera– que dice: “La coima
es un delito pero una comisión millonaria es un buen negocio”.
Apoyándose en este pensamiento elevado se erigió en
Argentina un capitalismo fuerte y pujante que ha llevado al país
a los primeros puestos mundiales en guarismos estratégicos
como crecimiento, riesgo–país, endeudamiento externo,
tasas de empleo y desempleo y quiebras generalizadas. Argentina
es una gran impotencia.
Las leyes, o el funcionamiento de la Justicia, parecen ordenarse
alrededor de estos principios básicos que ha decantado la
cultura política nacional. O sea: se supone que una comisión
millonaria estimula la realización de un negocio más
millonario todavía. Y los grandes negocios dinamizan la economía
general. Entonces, el que pierde tiempo en licitaciones burocráticas
y discute precios, en realidad está poniendo trabas a la
economía, es un mal funcionario que además corre el
riesgo de ir preso porque, ipso facto, debe soportar la presión
de los lobbies de las empresas contratistas.
Por algo debe ser también que muchos periodistas económicos
–que en su tiempo libre asesoran a estas contratistas–,
así como medios del ámbito financiero, suelen descargar
su artillería sobre estos funcionarios discutidores de precios
y poco mencionan de los casos de comisiones o grandes coimas. En
general, estos medios desconfían de las denuncias de corrupción,
pero se quejan del gasto público y exigen todo el tiempo
que el gobierno despida empleados y baje los salarios.
Es una forma de ver las cosas, que casualmente coincide con la que
tiene la justicia, porque hasta ahora, de todas las grandes denuncias
de corrupción, casi no hay condenas en firme. En la mayoría
de los casos se considera que las denuncias no fueron suficientemente
probadas y en otros les han tenido que agregar la figura de asociación
ilícita porque estafar millones al Estado es un delito excarcelable.
Como estafador queda libre, pero como jefe de una asociación
ilícita para estafar va preso. Las estafas millonarias al
Estado no son considerados delitos de envergadura por la ley. Igual
que si un banquero estafa a sus ahorristas.
En este momento en que el ex titular del PAMI, Víctor Alderete,
recupera su libertad, Emilio Alí, un trabajador desocupado,
está cumpliendo cinco años de condena en la cárcel
de Batán por haber ingresado a un supermercado para exigir
comida. Para la Justicia, Alí es un delincuente más
peligroso que los innumerables personajes acusados de corrupción
y de estafas millonarias en perjuicio de millones de personas. Ni
siquiera tuvieron que aplicarle la figura de “jefe de una asociación
ilícita para exigir comida”. Simplemente lo metieron
preso cinco años por exigirla.
Resulta claro que si los jueces tienen que aplicar la figura de
“jefe de asociación ilícita” para encarcelar
a los corruptos, es porque la ley no es estricta con este tipo de
delitos. Falta un encuadramiento más severo. La pena para
el funcionario corrupto no puede ser excarcelable. Es un delito
de tipo social que produce infinitamente más pérdidas
que la delincuencia común, incluyendo a los asaltantes de
bancos, y además afecta profundamente las instituciones democráticas.
No se llega a la corrupción por necesidad, no se hace por
hambre o marginación, sino por inmoral y porque no está
demasiado claro que ser corrupto sea social, cultural o políticamente
incorrecto.
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