Por Irina Hauser

Después de un año y tres meses, Víctor Alderete salió de la cárcel. Aún adormecido, lo primero que hizo para aprovechar su libertad fue ir directamente a Don Torcuato a visitar su amigo y líder Carlos Menem. La Sala II de la Cámara Federal dictó ayer la falta de mérito del ex titular del PAMI al evaluar, lisa y llanamente, que el ex juez de primera instancia Adolfo Bagnasco había ordenado su reclusión sin pruebas de que hubiera defraudado al Estado y liderado una asociación ilícita. Dieron instrucciones precisas para reencauzar la investigación.
Contra las esperanzas del ex presidente, preso también por asociación ilícita a la espera de un fallo del mismo tribunal de alzada, la resolución que firmaron Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, basada en una acordada de la Corte Suprema, no sentaría un precedente determinante para su situación. Aunque convierte a Alderete en el primer menemista, símbolo clave de la corrupción, ubicado a las puertas de una posible absolución.
Los camaristas admiten en su texto que puede existir una asociación ilícita en el caso de Alderete, pero no analizan el tipo penal ni si es aplicable a las maniobras en el PAMI porque creen que, tal como dejó el expediente Bagnasco, “de momento, no se encuentra acreditado, ni siquiera mínimamente en este legajo que el actuar del grupo mencionado haya tenido la finalidad común de cometer delitos indeterminados en el ámbito del Inssjp”, “el acuerdo delictivo básico” con que se describe el delito en cuestión.
Alderete fue beneficiado con falta de mérito junto a otras 13 personas que estaban imputadas. En cambio, fue revocado el sobreseimiento de otras 11 personas. Todo esto significa que la investigación –ahora en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral– debe, en teoría, continuar. Eso es lo que indicaron los camaristas, mientras el abogado del ex titular de la obra social de los jubilados, el ex camarista León Arslanian, daba por hecho que su defendido no volverá a prisión.
Los 15 meses de reclusión de Alderete tuvieron origen en una denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción (OA). Los investigadores de ese organismo señalaron que el ex funcionario lideró una banda que manejó a discreción los contratos más importantes del PAMI y que montó una estructura especialmente diseñada para eludir los controles. La presentación original se basó en cinco contrataciones truchas.
Bagnasco dictó un primer procesamiento por defraudación el 7 de julio de 2000, y ordenó la prisión preventiva previendo que Alderete –perseguido por una infinidad de causas penales– pudiera eludir la acción judicial. Poco después, lo procesó por asociación ilícita, que no es excarcelable. La primera resolución fue ratificada por la Cámara Federal con los votos de Horacio Vigliani (Sala I) y Martín Irurzun (Sala II). Este último tuvo que desempatar porque la camarista hipermenemista confesa Luisa Riva Aramayo (Sala I) se había pronunciado a favor del ex funcionario.
Así, el caso llegó a la Corte Suprema, donde seis ministros se dieron el gusto de dar el puntapié inicial para que Alderete quedara libre. Dijeron que no había ninguna prueba de defraudación y que Bagnasco había sido “arbirtario”. Cattani y Luraschi se basaron en esa acordada de sus superiores cuyas “consideraciones” califican como “decisivas”. En ellas, dicen, “se evidencia con suma claridad que uno de los elementos típicos de la figura de administración infiel no ha sido debidamente investigado en esta instrucción”. Por ahora, no se ha “acreditado el perjuicio sufrido por el Estado nacional ni cuáles fueron los aportes que éste habría realizado en favor del Inssjp”, recuerdan los dichos de los ministros.
El fallo también sugiere medidas de prueba, entre ellas: determinar si las prestaciones pagadas fueron efectivamente realizadas, si los precios estipulados guardan relación con ellas, analizar con qué mecanismos se tomaban las decisiones de directorio, y que se tome declaración a la jefa del Departamento de Contratos, a funcionarios que trabajaban en las áreas vinculadas a las prestaciones, a los síndicos de la gestión de Alderete ya personas que participaron en las reuniones de directorio en las que se establecieron modificaciones normativas para beneficiar a empresarios. Para poder concluir si existió una asociación ilícita, los camaristas creen que hay que cruzar los datos de todas las causas en las que están involucrados Alderete y la veintena de personas investigadas junto con él.
Lo que pase con el ex titular del PAMI dependerá en gran medida del juez Canicoba Corral. A Bagnasco –lejos de la toga– poco le importarán los reproches. En la OA, pese todo, están conformes con que Alderete haya estado tanto tiempo encerrado y creen que las pruebas existen y que, con buena voluntad, se encuentran. En cuanto a Menem, la resolución de la Sala II fue lo suficientemente cuidadosa para no convertirse en un anuncio. En voz baja, dos allegados a ese tribunal dijeron a Página/12 que el ex presidente no debe hacerse ilusiones “porque su caso es bien diferente”.

PRINCIPAL