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Por Victoria Ginzberg
 La Unidad 29 del Servicio Penitenciario
Federal estaba preparada para albergar a los detenidos, pero los marinos
siguiendo la actitud de Alfredo Astiz –quien quedó finalmente
en libertad– habrían decidido presentarse en el Edificio Libertad,
enfrente de los tribunales de Comodoro Py. Según trascendió,
ayer se entregaron algunos militares que figuraban en la orden de detención
que firmó el juez Gabriel Cavallo a pedido de su par español
Baltasar Garzón. Otro de los buscados, el ex juez federal de Santa
Fe, Víctor Hermes Brusa, presentó un “hábeas
corpus” en su provincia. El Gobierno, a través del Procurador
del Tesoro, Ernesto Marcer, también se interesó en la causa.
Ayer por la noche la policía no había informado oficialmente
sobre el resultado de la solicitud de arresto contra los 18 represores
–doce de la Escuela de Mecánica de la Armada y seis de Santa
Fe– pero una versión indicaba que algunos marinos se habían
entregado en el Edificio Libertad.
En Santa Fe, Brusa presentó un “hábeas corpus preventivo”
en el juzgado que está a cargo de Eduardo Tejerina, quien se excusó.
El expediente fue sorteado tres veces –otros dos magistrados habían
intervenido en la causa en la que Brusa fue señalado por haber
atropellado a un nadador con su lancha y no prestarle socorro– y
quedó a cargo de Laudelino González Suárez. El ex
magistrado santafesino puede ser el más preocupado de los represores
buscados por Garzón. Si el Gobierno sigue con su política
de no extraditar pero pedir que se investiguen los delitos en el país,
al ser civil no podría ampararse en las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final. El trámite debería continuar con el envío
del pedido formal de extradición por parte de España y en
ese momento la Cancillería podría impedir el traslado de
los acusados, tal como lo hizo con Astiz. Pero, esta vez, el Gobierno
decidió anticiparse y presentar un escrito con su opinión.
Allí se indica que los militares tienen derecho de ser juzgados
en Argentina y que no hay razones de urgencia para ordenar la detención
dr los acusados.
Los buscados según la Acusación Popular en el juicio por
“genocidio, terrorismo y torturas” de Madrid son:
- José Antonio Suppicich: Contraalmirante, alias “Jinete”.
Director de la ESMA desde el 28 de febrero de 1979 al 29 de enero de 1980.
Entre diciembre de 1975 y febrero de 1978 fue agregado naval en Uruguay.
- Salvio Olegario Menéndez: Capitán de corbeta, alias “Capital”.
Subdirector de la ESMA hasta el 12 de julio de 1976.
- Raúl Enrique Scheller: Capitán de corbeta, alias “Mariano,
Miranda o Pingüino”. Oficial de Inteligencia.
- Miguel Angel Benazzi Berisso: Teniente de navío, alias “Manuel,
Salomón”. Oficial de Inteligencia. Enviado como agregado naval
a Bolivia.
- Hugo Enrique Damario: Teniente de navío, alias “Carlos o
Jirafa”.
- Fernando Enrique Peyón: Teniente de navío, alias “Gibas,
Gerardo, Quasimodo, Eveready, Mochila, Eugenio”. Miembro del sector
operaciones de la ESMA. Desde 1982 hasta abril de 1983 fue jefe del sector.
- Francisco Lucio Rojas: Teniente de navío, alias “Fibra”.
Jefe del grupo de torturadores del Servicio de Inteligencia Naval hasta
octubre de 1977. Luego fue asignado al grupo represivo que operó
en Mar del Plata.
- Jorge Carlos Rádice: Teniente de navío, alias “Gabriel,
Ruger”. Miembro del sector logística desde 1976 hasta fines
de 1978. Fue detenido en la causa en la que se investiga el robo de bienes
de desaparecidos.
- Jorge Luis Magnacco: Capitán de fragata. Médico que atendió
partos de prisioneros secuestradas en la ESMA. Está detenido por
ser partícipe de la apropiación del hijo de Patricia Roisinblit.
- Roberto Oscar González: subcomisario de la Policía Federal
alias “Federico, Obdulio, Gonzalito” y miembro del sector de
operaciones de la ESMA.
- Roberto Rubén Carnot: oficial de la Prefectura Naval alias “Espejaime
o Ricardo”.
- Gonzalo Sánchez: Oficial de la Prefectura Naval alias “Chispa”.
- Víctor Hermes Brusa: Ex juez. Durante la dictadura fue secretario
del juzgado Federal de Santa Fe y allí convalidó las torturas
a las que eran sometidos los prisioneros ilegales.
- Héctor Romero Colombini: Oficial de la jefatura de la Policía
de Santa Fe.
- Mario José Fasino: Comisario de la seccional cuarta –donde
funcionó un centro clandestino de detención y torturas–
hasta diciembre de 1976. Fue intendente de San José de Rincón
y ahora está nuevamente en campaña.
- Eduardo Alberto Ramos: Oficial ayudante del Departamento de Informaciones
Policiales de Santa Fe. Fue exonerado en febrero de 1979.
- Juan Calixto Perizzotti: Responsable de la Guardia de Infantería
Reforzada de Santa Fe, donde funcionó un centro clandestino de
detención.
- María Eva Aevis: Secretaria de Perizzotti en la Guardia de Infantería
reforzada. Carcelera.
DECISION
DE CAVALLO EN EL CASO POBLETE-HLACZIK
El CELS es “legítimo querellante”
El juez federal Gabriel Cavallo
confirmó que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es
un legítimo querellante en la causa por la desaparición
del matrimonio integrado por José Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik,
dado que su finalidad es “la promoción y protección
de los derechos humanos”. De este modo rechazó el incidente
por falta de acción presentado por los detenidos Juan Antonio Del
Cerro, alias “Colores”, y Julio Simón, alias “Turco
Julián”.
Cavallo invocó para ello el artículo 43 de la Constitución
Nacional y el 82 del Código Procesal Penal de la Nación.
También citó fallos previos en el mismo sentido de su propio
juzgado, de la Cámara Federal, de la Cámara Nacional de
Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por ellos, fueron admitidos como querellantes la DAIA y el centro Wiesenthal
en sendos casos de discriminación; de la embajada de Chile en la
causa por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa; de diversas
organizaciones de lucha contra el SIDA en un caso por falta de atención
a los enfermos. “Colores” había afirmado que la participación
en la causa del CELS, a cuya solicitud Cavallo declaró la nulidad
de las leyes de punto final y de obediencia debida, era ilegítima
e improcedente. También objetó “la actividad mediática
desplegada por algunos de los integrantes de dicho organismo, valiéndose
de su condición de periodistas”. El fallo sostiene que los
delitos por los que están procesados “Colores” y el “Turco
Julián” son crímenes contra la humanidad y que el CELS
es representante en este caso de un derecho de incidencia colectiva.
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