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Por Claudio Scaletta
 Los desacuerdos entre Argentina
y Brasil continúan subiendo de tono. El ministro brasileño
para el Mercosur, José Botafogo Gonçalves, se refirió
al gobierno argentino en duros términos. Consideró que su
principal socio en el bloque regional adolece de “parálisis
en el poder de decisión”, razón que determina la ausencia
de “un interlocutor claro” con quien negociar. También
afirmó que las medidas arancelarias dispuestas unilateralmente
por Domingo Cavallo revisten un carácter “proteccionista”
que ya “llegó al límite de lo tolerable”. En consecuencia
y en aparente represalia, Brasil exigirá el estricto cumplimiento
de la letra del Acuerdo Automotor firmado a comienzos de la gestión
aliancista, lo que redundaría en aranceles millonarios para las
terminales argentinas. El escenario de fondo, sin embargo, parece ser
otro: frente al agotamiento del modelo de integración regional
y las insalvables diferencias en los esquemas monetarios, el objetivo
de Brasil estaría dirigido a convertirse en el interlocutor regional
privilegiado con Estados Unidos.
La escalada de declaraciones cruzadas entre Argentina y Brasil llegaron
ayer a su punto culminante. Irritado por las actitudes de su socio comercial,
José Botafogo Gonçalves disparó con munición
gruesa contra el gobierno de Fernando de la Rúa. Dejando de lado
la típica formalidad del lenguaje diplomático, tildó
de falta de poder de decisión al gobierno argentino. Entre las
variadas acusaciones que formuló en una entrevista publicada ayer
por el diario de negocios Valor, destacó “la falta de un interlocutor
válido”. La demanda apuntaba directamente a los discursos
divergentes de los distintos sectores del gobierno argentino, pues mientras
la voz oficial de la cancillería realiza constantes llamados a
la “profundización” del Mercosur, desde Economía
se sugiere la necesidad de reformular la Unión Aduanera, cuando
no adherir directamente al ALCA o realizar tratados bilaterales de libre
comercio con Estados Unidos.
Además, los argumentos contrapuestos no suelen ser resueltos por
declaraciones presidenciales que definan una u otra postura. En paralelo,
la persistente devaluación del real y las medidas arancelarias
unilaterales dispuestas por Domingo Cavallo poco contribuyen a la proclamada
“convergencia macroeconómica”. Como resultado, las diferencias
de los sistemas monetarios de los dos socios parecen haber llevado la
relación a un punto sin retorno. Luego de que el real se devaluara
más del 26 por ciento en lo que va del año –ayer alcanzó
nuevamente un máximo histórico rozando los 2,7 reales por
dólar– no existe factor de empalme ni reintegros a las exportaciones
que compense la brecha. Tampoco, como insisten desde el equipo de Domingo
Cavallo, alcanzará compensar con el aumento de productividad del
trabajo argentino o con la mayor calidad de la mano de obra local.
A sus duras expresiones, Botafogo Gonçalves agregó la amenaza
de posibles represalias contra la Argentina debido a sus “intolerables”
medidas proteccionistas. Entre las acciones que estudia Brasil se cuenta
la posibilidad de exigir el estricto cumplimiento del régimen automotor
regional. El punto que podría significar costos millonarios para
las terminales argentinas es el que autoriza el cobro de aranceles similares
a los “extramercosur”, 35 por ciento, para las exportaciones
realizadas por encima del “intercambio compensado”. Según
Brasil, existiría una “descompensación” del 76
por ciento en favor de la Argentina, mientras que el régimen autoriza
a cobrar el arancel máximo a toda la producción que descompense
por encima del 10 por ciento.
Adefa, la entidad gremial empresaria que agrupa a las terminales locales,
consideró en cambio que el incumplimiento se concentra en una empresa
en particular, pues el conjunto de la industria se encontraría
dentro de los límites permitidos por el régimen. “Las
terminales tendrán que pagar una suma del orden de los cien millones
de dólares y no aceptamos suspender esa regla de juego”, afirmó
Botafogo Gonçalves. El funcionario agregó que “Cavallo
no dice que Brasil está protegiendo elempleo de los argentinos”,
al mantener las reglas de intercambio compensado entre los países.
“Si él quiere el fin de la Unión Aduanera y un simple
régimen de libre comercio, podríamos comenzar por el sector
automotor”, ironizó.
Si Brasil finalmente adopta la medida con la que amenazó Gonçalves,
el resultado concreto será no sólo un fuerte desembolso
para las terminales locales, sino una segura retracción de las
exportaciones y de la actividad de las ya alicaídas firmas locales.
Los analistas a ambos lados de la frontera coinciden en que las crecientes
asimetrías y actitudes de ambos países estarían indicando
una mutua y creciente pérdida de interés por la Unión
Aduanera regional. Sólo así podría explicarse que
ninguno de los dos socios haya intentado encontrar y establecer mecanismos
consensuados para compensar la principal fuente de conflictos del bloque:
la fuerte devaluación del real. Esto supone un verdadero cambio
de actitud de Brasil, quien ahora, antes que en ser la economía
líder del Mercosur, parece más interesado en convertirse
en el interlocutor privilegiado regional con Estados Unidos.
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Nestlé hace
las valijas
La multinacional de origen suizo Nestlé levantará
las plantas de producción de café soluble de Argentina
y Chile para concentrar la actividad en Brasil. Según el
titular de la filial de este país, Iván Zurita, la
empresa de la alimentación prevé incrementar la capacidad
exportadora de aquel producto hasta alcanzar los 100 millones de
dólares anuales. Aunque el directivo de la trasnacional no
explicó las razones de esa concentración en el país
vecino, es presumible que ésta esté fundada en la
necesidad de buscar economía de escala o en razones tecnológicas.
La determinación de Nestlé vuelve a agitar sobre la
Argentina el fantasma de una emigración masiva de firmas
hacia el país vecino, atraídas por los menores costos
y la mayor envergadura de aquel mercado. Esto tiene lugar justo
cuando las relaciones entre los principales socios del Mercosur
se tensaron nuevamente a raíz de la preocupación argentina
por buscar algún mecanismo que compense la desventaja comparativa
que generan las permanentes devaluaciones del real.
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EL
SENADO VOTO SU COPARTICIPACION
ITF, un impuesto de todos
El Senado le dio
media sanción anoche al proyecto de ley que prevé coparticipar
la recaudación del impuesto al cheque e impedir que el Estado nacional
pueda desconocer la suma fija que debe girar a las provincias según
el último pacto federal. La iniciativa, que perturbó los
ánimos de Economía, consiguió cosechar el aval de
oficialistas y opositores.
El proyecto fue una iniciativa de José Luis Gioja –titular
del bloque justicialista– que, según se ocupan de subrayar
los senadores oficialistas, no fue sugerida por los gobernadores sino
que respondió a una propuesta genuina de los legisladores, quienes
advirtieron la ventaja de echar mano a la recaudación del Impuesto
a la Transferencia Financiera.
El tributo creado por Domingo Cavallo para apuntalar las alicaídas
cuentas de la Nación permite recaudar 420 millones de pesos por
mes. Este fondo sería prorrateado según los índices
vigentes de la coparticipación, es decir 42,34 para la Nación
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 57,66 para el interior.
En base a esos porcentajes, las arcas provinciales podrían engrosarse
mensualmente con 240 millones, apetecible como el monto fijo que todos
los meses la Nación se comprometió a girar a las provincias
en función del último pacto federal. Según ese acuerdo,
las gobernaciones deben recibir todos los meses 1364 millones de pesos,
al margen de cual sea el destino de la recaudación. Pero con el
derrumbe de la recaudación, Economía intenta ajustar sus
obligaciones a esta realidad, liberándose del compromiso de girar
mensualmente una suma fija al interior.
De transformarse en ley, el proyecto sería presumiblemente vetado.
En rigor, se trata más de un instrumento negociador para acotar
el poder de Cavallo que una herramienta para ganar fondos para las provincias.
DENUNCIA
DE LOS EMPRESARIOS
Impuesto a la yerba mate
Hoy se tratará
en Diputados un proyecto de ley que, de prosperar, significaría
crear un nuevo impuesto, esta vez, a la yerba mate. Así lo denunciaron
la Cámara de Molineros de Yerba Mate y la Federación de
Molineros. El proyecto en cuestión prevé la creación
del “Instituto Nacional de Yerba Mate”, el cual, aseguran los
empresarios del sector, se financiaría “con un nuevo impuesto
que perjudicará al consumidor y a la pequeña y mediana empresa
yerbatera”; porque “lo deberá absorber la industria,
el comercio o el consumidor”. Además, sostienen que “las
funciones del nuevo organismo se superpondrán con las que cumplen
otros organismos de contralor y fiscalización ya existentes”.
El proyecto fue hasta ahora aprobado por las comisiones de Agricultura
y Ganadería, y de Economía y Desarrollo Regional de Diputados,
en un trámite que los dirigentes empresarios califican de “vertiginoso
y desprolijo”.
El comunicado difundido ayer por ambas cámaras empresarias señala
que, de aprobarse la iniciativa, “no se resolverá el problema
de la sobreoferta sino que lo agravará”. Denuncia que “la
yerba mate brasileña será más barata, lo que incentivará
las importaciones desde ese país, provocando pérdida de
competitividad en el mercado nacional y en el internacional”. En
tanto, afirma que “el efecto inmediato será la desaparición
del empresariado nacional característico del sector industrial
yerbatero y pondrá en peligro 40.000 puestos de trabajo directos
e indirectos”, dramatiza el comunicado.
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