Por Adriana Meyer

Sale uno, entra otro. Mientras el hipermenemista ex presidente del PAMI Víctor Alderete todavía festeja su reciente liberación, la ex polifuncionaria ultramenemista María Julia Alsogaray deberá preparar su defensa: sería llamada a prestar declaración indagatoria en una de las causas más complejas que afronta, en la que fue acusada de liderar una asociación ilícita. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral la convocaría para la segunda semana de octubre pero sin ordenar su detención. Alsogaray será interrogada por los hechos –adjudicación de obras y designación de funcionarios en forma presuntamente irregular, pago de sobreprecios y donaciones ilegales– y el magistrado decidirá luego su situación procesal y la calificación del delito, lo cual podría ocurrir pasados los diez días que establece el código. Recién entonces, si su determinación coincide con la posición del fiscal Miguel Angel Osorio y de la denunciante Oficina Anticorrupción, la ex secretaria de Recursos Naturales irá presa.
El caso se inició cuando Osorio impulsó la acción penal a partir de la denuncia presentada por la OA, en febrero de 2000, y acusó a Alsogaray de asociación ilícita. La oficina dirigida por José Massoni siguió la misma línea y aportó elementos. En diciembre de 2000 amplió la denuncia con otros casos y hace poco menos de un mes el fiscal reiteró por tercera vez su pedido de indagatoria, ahora también por presunta defraudación a la administración pública. Los investigadores estarían terminando un peritaje cuyo valor es determinante.
La ex funcionaria preferida de Carlos Menem pagó dos millones de dólares por refaccionar un piso de una oficina céntrica y construir un entrepiso. Esa cifra incluiría sobreprecios y la ex secretaria habría firmado varios contratos separados para evitar llamar a licitación y así adjudicar las obras en forma directa a distintas empresas y profesionales, con algunos de los cuales mantenía relación personal. Los trabajos cuestionados se hicieron en 1995 para acondicionar las nuevas oficinas del cuerpo de asesores del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA). El caso fue revelado el 3 de enero de 2000 en Página/12.
La banda liderada por Alsogaray estaría integrada por su ex subsecretaria de Coordinación, Mabel Behal, el marido de ésta y ex coordinador de créditos internacionales Oscar Banchio, el ex delegado en Parques Nacionales, Santiago Bignoli y su padre, Arturo Bignoli, y habría actuado como una organización que adjudicaba obras en forma irregular, pagaba sobreprecios, designaba funcionarios violando la ley y hacía donaciones ilegales, como una de automóviles que recibió una fundación de la diputada peronista Norma Godoy.
El director de Investigaciones de la OA, Manuel Garrido, había asegurado que la intención de la maniobra fue “beneficiar a los directores del proyecto Arturo y Santiago Bignoli”, quienes más que ingenieros “reconocidos” eran “conocidos de la ingeniera”. Arturo Bignoli intervino en la refacción del petit hotel de Alsogaray, mientras que Santiago Bignoli cumplía funciones en Parques Nacionales. Ambos están imputados. “Esforzando nuestra imaginación quizá podríamos pensar, por ejemplo, en la reparación del edificio La Pedrera en Barcelona, que podría requerir de un artista seguidor de la arquitectura creativa de Gaudí”, ironizó el funcionario. Y concluyó que “la ingeniera Alsogaray utilizó una cláusula prevista para contratar a Le Corbusier, pero se ha contratado a Santiago y Arturo Bignoli”. La contratación directa por cuestiones atinentes a conocimientos científicos, técnicos o artísticos (“intuitu personae”), está reservada para las obras que impliquen una complejidad o especificidad que no habrían tenido las oficinas del PRODIA.
En su descargo, la ex funcionaria había comparado su caso con el de Alfred Dreyfus, condenado por una corte marcial en 1894. Garrido le respondió que no los alentaba “el antisemitismo ni otro criterio discriminatorio”, y que no aspiran a que “se confine a los imputados enalguna oscura mazmorra de la Isla del Diablo. Tan sólo, si correspondiere, en las cárceles sanas y limpias que manda la Constitución”.

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