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Por Cledis Candelaresi
 Ayer ingresó formalmente
al juzgado civil y comercial número 9 de Eduardo Dubois el pedido
de convocatoria formulado por el Correo Argentino, empresa adjudicada
en 1997 a la sociedad que conforman el grupo Macri y el Banco de Galicia.
Un pasivo superior a los 600 millones de pesos –incluyendo el canon
que le debe al Estado– habilitó al concesionario a apelar
a este dramático recurso para reformular las condiciones de su
contrato de concesión, algo que no pudo conseguir por otra vía.
Paradójicamente, el Estado concedente es el principal acreedor:
Correo Argentino S.A. debe cerca de 260 millones de pesos por el canon
que no paga desde 1999. Otros 250 millones adeuda a un grupo de bancos
que incluye al Galicia, miembro del consorcio, al Río, el Citibank.
La lista también incluye al Banco Mundial. Finalmente, las obligaciones
pendientes con una serie de proveedores (entre ellos, prestadores a los
que subcontrató para cumplir con el servicio) suman alrededor de
150 millones de pesos más.
Correo Argentino factura 500 millones al año, cifra nada despreciable,
pero lejos de los 1000 millones que el grupo asegura haber proyectado
cuando ofreció pagar un canon anual de 103 millones de pesos en
dos cuotas semestrales. Desde el mismo momento en que Sideco Americana
y el Galicia descollaron con esa generosa propuesta, se instaló
en el medio postal la sospecha de que los números jamás
cerrarían y que Macri tardaría poco en plantearle al Gobierno
una renegociación contractual. Hasta los gremios del sector, que
con la privatización sufrieron alrededor de 8000 cesantías,
rebajas salariales y otros límites a las condiciones de trabajo,
calculan que el correo oficial es operativamente rentable. La condición:
que se lo exima del canon y se le garantice la exclusividad de toda la
correspondencia pública, reserva de mercado que hoy no tiene.
No son las únicas aspiraciones sindicales comunes con las de la
empresa. Ambos reclaman que el Estado erradique cientos de prestadores
postales que operan total o parcialmente en negro. Algo que, según
remarca el adjudicatario, denunció con papeles pero sin éxito
ante la AFIP, la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Ansés.
Sin embargo, la principal exigencia que plantea la empresa privatizada
al Estado es una “compensación” cuantificada en más
de 200 millones de pesos, y que ya fue llevada a los tribunales, por las
presuntas asimetrías laborales que existen entre los trabajadores
del Correo Argentino y los de sus competidores, que tienen mano de obra
más barata. Esas condiciones, sin embargo, no fueron modificadas
desde la licitación, razón por la cual la empresa no puede
aducir que las desconocía.
El otro reclamo contundente, en el que se amparó para dejar de
pagar el canon, son las deudas por servicios prestados tanto a los estados
nacional, provinciales y municipales. Los importes están en discusión
con esas jurisdicciones (la Nación, por ejemplo, admite deudas
por 34 millones pero el Correo le reclama 76). Pero, además, ese
canje compulsivo de una obligación por la otra que pretende la
empresa no tiene sustento legal.
De ser admitida por el juez, la convocatoria podría permitirle
al Correo renegociar sus deudas con los bancos para extender los pagos
y conseguir una quita o la condonación del canon impago, amén
de su probable, eliminación hacia el futuro. Si el proceso deviniera
en una quiebra la propia empresa admite que “el correo oficial, con
todos sus activos, volvería al Estado”. En tal caso, serían
historia al menos dos transgresiones que intentó la empresa privatizada.
Una con éxito: que se compute como parte del plan de inversiones
las indemnizaciones al personal que expulsó. Otra frustrada: fusionarse
con OCA, principal competidor, pulverizando cualquier riesgo empresario.
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