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Por Raúl
Dellatorre
 El gobernador del Chaco, Angel
Rozas, negó “categóricamente” a la salida de la
Casa Rosada que los mandatarios provinciales hubieran acordado pedirle
al gobierno nacional el desplazamiento de Domingo Cavallo. Otros mandatarios,
de origen justicialista, certificaron ante Página/12 que el tema
ni siquiera se trató durante el encuentro del mediodía en
el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Sin embargo, admitieron que la
apreciación común entre los gobernadores de distinto signo
es que “la etapa de Cavallo está acabada, hoy está
haciendo más para que lo echen que para quedarse” y que, en
ese marco, no les preocupan demasiado las amenazas de recorte a los fondos
de la coparticipación que periódicamente formula el mediterráneo.
“El ministro no está en condiciones políticas de aplicarlo,
ni la situación social da para que lo haga, porque se incendia
el país”, definió otro mandatario de buen diálogo
con las autoridades del Ejecutivo. Los gobernadores adoptaron otra decisión
que le da la espalda a Cavallo: acordaron la emisión de un bono
interprovincial, el Libertador, que sustituiría y desplazaría,
en la práctica, al Lecop propuesto por Economía.
El clima del encuentro entre los gobernadores, que contó con asistencia
perfecta, fue cordial como pocas veces. Después de diez años,
lograron normalizar la conducción del CFI –Adolfo Rodríguez
Saá fue designado titular– con acuerdo de todas las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires. Y coincidieron en una serie de propuestas
que impulsarán para afrontar los temas de sus déficit y
endeudamiento. Entre ellas, el más trascendente es la creación
de un bono federal que denominarán “Libertador”, que
reemplazará a los distintos títulos que ya circulan en diferentes
provincias. El monto de emisión previsto varía según
el interlocutor: Rodríguez Saá habló de 1000 millones
de pesos, otros gobernadores señalaron una cifra que oscilaría
entre 2000 y 3000 millones. Los más prudentes refieren que, en
cualquier caso, el mecanismo se pondrá a prueba con una emisión
“piloto” que apenas alcanzaría a unas decenas de millones.
La propuesta del bono federal fue enfáticamente defendida por Carlos
Ruckauf, que ofreció los patacones como instrumento de empalme
o transición hacia la nueva moneda provincial. Los mandatarios
se quejaron de la escasa predisposición del gobierno nacional para
poner en marcha el Lecop, bono que prometía prestar la asistencia
crediticia requerida por las provincias, pero que a dos meses de anunciado
aún no se inició siquiera su impresión.
A futuro, no menos ambiciosa es la pretensión de negociar “mano
a mano” con los organismos internacionales la refinanciación
de las deudas provinciales. Cabalgando sobre esa estrategia, se irá
delineando la idea de emitir un título de deuda a 30 años
que resuma los compromisos del conjunto de distritos. Finalmente, se acordó
trabajar en un proyecto común de nueva ley de coparticipación
federal.
Algunos gobernadores, particularmente los justicialistas de provincias
chicas, conciben la constitución de la nueva conducción
del CFI como “un nuevo polo de poder, un gobierno de las provincias,
que viene a ocupar un espacio y una temática en la cual el gobierno
nacional ni siquiera está pensando”, según definió
un representante de ese sector. “El presidente de la Nación
no reconoce su poder en las provincias, pero lo peor es que Cavallo prácticamente
las odia: intentó compensar su desprestigio en el exterior mostrándose
como una víctima de gobiernos provinciales impresentables, que
gastan de más, que desvían fondos, y utilizó este
argumento para asfixiarnos”, sentenció el hombre del interior.
Sin embargo, estiman que ya no habrá chances para aplicar un nuevo
recorte –Economía mencionó 900 millones de pesos en
el Memorando elevado al FMI– en las partidas que corresponden a las
provincias por coparticipación de impuestos. Los gobernadores ven
a Cavallo con un poder político muy recortado y en retirada. No
es sólo un enfrentamiento con losjusticialistas. “Los radicales
son los que se pintaron más la cara”, afirman los opositores.
Y es que el Palacio de Hacienda no ha discriminado al repartir perjuicios.
Por eso, unos y otros comparten el diagnóstico de cuáles
son los límites políticos y sociales en las provincias:
“para que no se incendie el país, es imprescindible recibir
los 1364 millones de coparticipación ya comprometidos todos los
meses y coparticipar el impuesto a las transacciones financieras; pero
con eso sólo logramos mantenernos, porque para arrancar se necesita,
además, implementar un fondo de desempleo, un plan de obras públicas
y reestructurar las deudas provinciales, como mínimo”, repiten
desde distintas latitudes y desde abajo de distintas banderas políticas.
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Reunión de
mediterráneos
Antes de participar en la reunión de los gobernadores,
José Manuel de la Sota fue a verlo a Domingo Cavallo al ministerio
de Economía. Entre ambos viene creciendo una relación
política que podría llegar a juntarlos en algún
momento. La entrevista de ayer se extendió por algo más
de una hora, durante la cual el gobernador cordobés explicó
cómo es la situación fiscal de la provincia, y planteó
su preocupación por los perjuicios que ocasiona en la recaudación
y en el empleo la grave crisis de la industria automotriz. De la
Sota enfatizó que la crisis económica es “muy
dura” y que el Gobierno “no tiene un plan”, pero
rescató la figura de Cavallo, de quien dijo que “hace
muchos esfuerzos” pero “no se siente acompañado”
por el resto del gabinete. En tanto, por la noche Cavallo se refirió
a la relación entre la Nación y las provincias. Sostuvo
que “todo lo que tenemos que transferirles lo estamos haciendo,
pero no les vamos a girar dinero que no tenemos”. Y en cuanto
a la nueva moneda que proponen los gobernadores, señaló
que “servirá o no dependiendo de la prudencia con que
la administren”.
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Presupuesto que ofende
El proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió
al Congreso “ofende el respeto entre los poderes del Estado”,
se quejó ayer el diputado justicialista Oscar Lamberto. El
bloque de diputados de esa fuerza anunció que impulsará
la devolución del proyecto al Gobierno, sin siquiera tratarlo,
porque “no se ajusta a derecho”. Los diputados Miguel
Angel Pichetto, Jorge Matzkin, Graciela Caamaño, Lelia Chaya
y Eduardo Di Cola dieron una conferencia de prensa para exponer
la dura posición de la principal bancada opositora. En realidad,
no sólo los justicialistas se sorprendieron con el proyecto,
ya que carece de toda asignación de gastos y se limita a
vagas proyecciones generales, como que la economía crecerá
6 por ciento. “Es un Presupuesto que no trae nada”, resumió
Lamberto, al reclamar que el Gobierno envié una nueva propuesta.
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CAVALLO
ES EL CENTRO DE LAS CRITICAS BRASILEÑAS
“No entendemos qué quiere”
Por Claudio Scaletta
Los ánimos de los diplomáticos
brasileños contra Domingo Cavallo siguen exaltados. El ministro
especial para el Mercosur, José Botafogo Gonçalves, volvió
ayer a la carga contra la pretensión del ministro argentino de
establecer mecanismos que compensen la devaluación del real, moneda
que ayer se depreció nuevamente hasta los 0,37 centavos de dólar.
“Vamos a hablar claramente: que la economía más grande
se adapte a la política monetaria de la economía más
chica me parece que no es una propuesta muy razonable”, consideró.
En tanto, una fuente de la embajada de Brasil en Buenos Aires señaló
a este diario que existen fluidas relaciones con la Cancillería
local, “el cortocircuito es con Economía, que se comporta
como los aviones que impactaron en las Torres Gemelas”, disparó.
“Nosotros llegamos a la conclusión de que el tipo de cambio
flotante es la mejor solución para Brasil”, señaló
Botafogo. “Hay muchos otros países que tienen cambio flotante,
en el Nafta cada uno tiene su moneda, tiene su cambio distinto. Entonces,
este argumento de que dos políticas de cambio en una misma zona
no funcionan, no es verdad”, explicó.
Cavallo había afirmado la semana pasada que el Mercosur marchaba
hacia una ruptura si Brasil no replantea su régimen cambiario.
El ministro argentino es afecto a sugerir su propia receta cualquiera
sea el país de que se trate, lo hizo en Ecuador, luego en Rusia
en 1998 y ahora lo hace con Brasil. Según Cavallo, la persistente
devaluación del real, a la que llegó a tildar de “robo”,
afecta seriamente la competitividad de las exportaciones argentinas debilitando
la relación intra Mercosur.
La Unión Aduanera ha entrado en una crisis profunda, muy visible
porque las partes hacen poco por ocultar las fricciones. Y si las economías
de la región atravesaban dificultades, estas se han profundizado
a partir del 11 de septiembre. Por ello, la creciente debilidad del real
no parece responder a una estrategia deliberada del ministro de Hacienda,
Pedro Malán. Además, el nuevo contexto internacional supone
que los problemas que no se resolvieron con anterioridad difícilmente
puedan resolverse en las nuevas circunstancias, más cuando los
objetivos actuales parecen más ligados a los acuerdos con Estados
Unidos que a los modelos monetarios internos.
Desde Brasil, en tanto, rechazan que el tipo de cambio afecte la competitividad
de las exportaciones argentinas. Como argumento principal destacan que
la balanza comercial entre ambos países será este año
superavitaria para Argentina en más de 1000 millones de dólares.
En paralelo, fuentes de la Embajada de Brasil indicaron a Página/12
que tienen una excelente relación con la Cancillería argentina.
“La relación entre (Adalberto Rodríguez) Giavarini
y (Celso) Lafer es excelente, el cortocircuito es con Economía”,
destacaron. Precisamente esta falta de un interlocutor claro fue el reclamo
de Botafogo Gonçalves.
“No entendemos que quiere Cavallo”, refexionó la fuente
diplomática brasileña. “Todos los países tienen
cambio flotante, solamente Argentina lo tiene fijo. Si quiere destruir
el Mercosur e ir a un acuerdo de libre comercio, podemos empezar con los
autos. El resultado será que ya no entrará un sólo
vehículo argentino, porque podremos importarlos de otro lado más
baratos”, sostuvo. “Fue Cavallo quien firmó los acuerdos
de Ouro Preto y (la actual secretaria de Comercio Exterior) Débora
Giorgi quien firmó el acuerdo automotor. Ahora no pueden comportarse
como los aviones que golpearon en Estados Unidos”, graficó.
Hay que entender que “la reacción de Brasil es la natural
en un socio que se siente golpeado”.
Sobre la pretensión de Cavallo de negociar directamente con Estados
Unidos, el diplomático se preguntó “¿Que piensan
venderle? ¿Autos, trigo? Si cada vez que le exportan algo les meten
un antidumping, como pasó con la miel y el acero”, describió.
“Además seguramente les exigirían que cumplan con las
leyes de propiedad intelectual, lo que sería el fin de los laboratorios
argentinos”, concluyó.
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OPINION
Por M. América González *
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El día del
jubilado
El siglo XX consolidó sistemas sociales donde los trabajadores
podían vivir “seguros” frente a los riesgos de
vejez, invalidez o muerte. Producidas estas contingencias, los sistemas
sociales protegían al trabajador y a su familia con una compensación
económica que reemplazaba al salario perdido. Los avances
en materia de bienestar hicieron posible ampliar la cobertura a
otras contingencias, como las cargas de familia o el desempleo,
dando origen al sistema de “seguridad social”.
Cabe preguntarse hoy, ¿qué ha sucedido para que los
beneficiarios actuales tengan tantas incertidumbres, se les restrinjan
sus derechos y hasta llegue a recortarse sus haberes? No ha existido
aún un verdadero debate social sobre si queremos seguir manteniendo
un sistema de “seguridades” para los trabajadores y sus
familias o si, en cambio, queremos un modelo social de individuos
aislados de toda protección que asumen su propia suerte.
Es decir, el reino del individualismo en detrimento del compromiso
intergeneracional.
Los cambios en la legislación vigente no han hecho más
que cercenar beneficios, restringir derechos, dejar fuera del sistema
a un gran número de personas y, en definitiva, retroceder
en los niveles en protección social. En el convencimiento
que, sin la planificación pública de un sistema de
seguridad social, la seguridad social desaparece, debemos impedir
cualquier intento de disolución, aniquilación o eliminación
de los derechos sociales reconocidos en nuestra Carta Magna.
Hoy la crisis se acentúa en la contingencia del desempleo,
pero ello no significa que deba descuidarse las jubilaciones y pensiones.
Por el contrario, su efecto distribuidor hace necesario que, hoy
más que nunca, los beneficios se paguen en tiempo y forma.
Debemos resistir a toda vulneración de derechos, llámese
aumento de la edad jubilatoria de la mujer, baja de la prestación
básica universal, topes, recortes, dilación en los
pagos, retraso en el pago de sentencias, ya que cada restricción
genera miseria, dolor y muerte.
Hay alternativas económicas válidas que permiten evitar
medidas arbitrarias e inconstitucionales como los recortes vigentes,
que sólo provocan más gastos al Estado. Debemos procurar
que la decisión política sea en beneficio del pueblo
y no de los mercados. El día del jubilado son todos y cada
uno de los días del año, pero hoy más que nunca
ratificamos nuestra disciplina única, que es el compromiso
de cumplir y hacer cumplir sus derechos adquiridos.
* Presidenta de la Comisión de Previsión de la
Cámara de Diputados.
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